Existe una construcción social que levanta barreras físicas, arquitectónicas y culturales que impiden la igualdad de oportunidades entre todos los miembros de la comunidad educativa.
La percepción de la discapacidad, sus causas y su tratamiento ha evolucionado a lo largo de la historia. En la década del 70 surgió un nuevo paradigma que, desde entonces hasta la actualidad, intenta explicar esta problemática: el modelo social de la discapacidad.
Este enfoque considera que la discapacidad no tiene un origen religioso o científico, ni es un problema individual de la persona, como se pensaba hasta ese entonces. Por el contrario, tiene sus raíces en una construcción social que levanta barreras físicas, arquitectónicas y culturales que impiden la igualdad de oportunidades entre todos los miembros de la comunidad.
Para el modelo social, el objetivo es la autonomía de cada individuo y la posibilidad de que pueda decidir respecto de su propia vida.
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Para la abogada e investigadora Agustina Palacios, autora del libro "El modelo social de la discapacidad", este paradigma “se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social y sentándose sobre la base de determinados principios: vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, diálogo civil, entre otros”.
Con el tiempo, este modelo –resultado de una larga lucha de por las propias personas con discapacidad– comenzó a echar raíces en distintos ámbitos. Un hito fundamental de este proceso se dio en 2006 cuando se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD) a la que Argentina suscribió en 2007 e incorporó a la normativa nacional a través de la ley 26.378.
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Estos paradigmas y normativas internacionales establecen también nuevos modelos para la educación de las personas con discapacidad. El artículo 24 de la CIDPD determina que los estados deben asegurar a las personas con discapacidad la posibilidad de “acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan”.
Establece además la implementación de ajustes razonables en la enseñanza y el apoyo en función de los requerimientos individuales de los niños y adolescentes. Finalmente, destaca la importancia de propiciar, para jóvenes y adultos, instancias de educación superior y formación profesional.
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“Asimismo, la disposición destaca la necesidad por parte de los estados de emplear a maestros que estén cualificados en lengua de señas o Braille y de formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Dicha formación deberá incluir la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad”, explica Palacios.
Por fuera de las reglamentaciones vigentes, adoptar el modelo social de la discapacidad en el ámbito educativo implica, principalmente, que los espacios escolares deban modificarse y construirse como espacios inclusivos. Esta transformación no solo se limita a cambios arquitectónicos o de accesibilidad; además se necesitan profundas transformaciones culturales que involucren a todos los actores de la escuela y de la sociedad.
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