El viernes 21 de agosto el presidente Alberto Fernández declaró "servicios públicos" a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga, a través del decreto 690/2020, que se publicó en el boletín oficial al día siguiente. Además, anunció la decisión de congelar las tarifas de dichos servicios hasta el 31 de diciembre. La medida generó revuelo y malestar, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas prestadoras del interior, que se ven desvalidas frente a este panorama.
Son alrededor de 700 las pequeñas y medianas empresas del interior afectadas por el decreto 690/2020
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La semana pasada, la Asociación Santafesina de TV por Cable emitió un comunicado en el que advertía que "esta norma agrega incertidumbre a un contexto donde los operadores estamos haciendo considerables esfuerzos por acompañar a nuestros clientes, sostener la calidad de los servicios y cuidar a los trabajadores, operando en mercados altamente competitivos y tecnológicos". En esa misma línea se manifestó el ingeniero Juan Antonio Priano, dueño de Cablevideo Digital en entrevista con Luis Mino por Aire de Santa Fe.
"La medida se tomó de sorpresa, fue totalmente inconsulta y según se dice es resultado de un problema que tiene el gobierno nacional con un grupo de medios masivos como es el Grupo Clarín. Como siempre pasa en este país, cuando se legisla según lo que pasa en Capital Federal y Gran Buenos Aires, las consecuencias las sufre el interior", sostuvo el entrevistado, al tiempo que reclamó que "los legisladores nacionales por Santa Fe ni siquiera tienen la deferencia de levantar el teléfono y consultar" a las empresas locales, haciendo especial referencia al diputado Marcos Cleri, presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
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Priano hizo un breve repaso de la historia del servicio y las dificultades que ha enfrentado con el correr del tiempo: "Llevamos más de 40 años en la televisión por cable, que se desarrolló en la Argentina principalmente de la mano de las empresas del interior y eso hizo que el país tuviera uno de los mayores índices de prestación en el mundo. Después, de la mano del cable llegó el servicio de internet", relató.
"En estos últimos años las empresas locales hemos pasado primero por la aprobación de la fusión entre Multicanal y Cablevisión en el gobierno de Néstor Kirchner, que violó todas las normas de defensa de la competencia, haciendo que el 70% de la oferta se concentrase bajo una sola empresa. Después vino la Ley de Medios, que estableció que las telefónicas no podían involucrarse en este tema, lo que hizo que todas las empresas de cable del interior se embarcasen en inversiones para poder prestar el servicio. Y en paralelo somos los únicos que hemos mantenido las señales de cable locales. Las señales de aire hoy son prácticamente repetidoras de canales de Buenos Aires y a las compañías telefónicas obviamente no les interesa", advirtió Priano.
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A continuación, agregó: "En ese panorama difícil y con una real competencia de mercado, que hace que los precios sean realmente muy controlados, este decreto nos sorprende. No sólo por el congelamiento de las tarifas, que podría entenderse en el marco económico general. Lo que no tiene ningún tipo de sentido es declararnos empresas de servicio público, con lo que eso significa, porque prácticamente te quita el manejo de tu propia empresa. Te dice cuánto podés cobrar, qué podés invertir, a qué usuarios le tenés que dar el servicio y eso es lo que no se justifica bajo ningún aspecto. Esto tiñe de negro un panorama muy oscuro", reclamó.
En este contexto, la esperanza de las pequeñas y medianas empresas del rubro –que suman unas 700 en el interior del país– está puesta en el decreto reglamentario, que aún no fue dictado y que podría establecer algún régimen diferencial para los prestadores más chicos: "El decreto reglamentario podría modificar algo de esta situación, pero el Enacom no tiene ningún apuro en hacerlo. Hoy, la incertidumbre es lo único que existe", sostuvo Priano y contó que la Cámara que nuclea a estas empresas ya ha hecho una presentación corporativa frente al mencionado decreto.
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En cuanto a la actualidad de las empresas, el ingeniero explicó que "en este momento de pandemia donde muchas fuentes de trabajo se perdían, nosotros incorporamos gente porque teníamos previsto un plan de inversiones. Pero hoy eso está suspendido: estamos en las manos de un burócrata que no se sabe qué va a decidir", advirtió.
Priano recalcó en que la mejor forma de controlar las tarifas es asegurando las condiciones para una atomización del mercado: "En el interior, donde hay competencia –por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe somos cuatro prestadoras– la tarifa que paga el usuario es hasta 40% o 50% menor que lo que paga en una gran ciudad donde las empresas telefónicas son prácticamente monopólicas. No hay mejor control de precios que el que se genera por la competencia de varios prestadores", concluyó.
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