Mientras en numerosas localidades del país se llevan a cabo fiestas relacionadas con el consumo de alcohol –fiestas de la cerveza, rutas del vino, etc–, los consumidores de sustancias psicoactivas continúan al margen de la ley y del sistema.
La necesidad de plantear un debate serio y responsable acerca del consumo de sustancias psicoactivas en Argentina es evidente desde hace algunos años, pero a principios de este 2022 quedó reflejado en un hecho trágico que dejó como saldo 24 personas fallecidas. En Buenos Aires, un lote de cocaína adulterada produjo la intoxicación de alrededor de 50 personas que tuvieron que ser atendidas de urgencia en diferentes hospitales y centros de salud.
En ese momento, volvió a surgir públicamente la discusión sobre cuál es el rol que debería cumplir el Estado frente al consumo de sustancias. Las opciones son claras: seguir con la mirada prohibicionista y punitivista –que condena al consumidor a ser perseguido por la Justicia, o a que su consumo sea problemático por falta de información y de control sobre la sustancia–; o bien aplicar políticas tendientes a reducir los daños causados por el consumo y garantizar cierto nivel de “calidad de la droga”.
Durante el fin de semana, la misma discusión acerca de la función del Estado volvió a salir a la luz cuando la Municipalidad de Morón, provincia de Buenos Aires, repartió folletos con consejos para el consumo de estupefacientes en el marco de un festival. Ante ese hecho, un sector de la sociedad –y de la dirigencia política– salió a criticar fuertemente la medida.
¿Acaso no es necesario que el Estado se haga cargo y lleve a cabo políticas públicas en torno a la concientización y educación sobre el consumo de sustancias psicoactivas, comúnmente llamadas “drogas”? ¿No es hora de sincerar ese debate?
Resulta evidente que hay que discutir si se siguen aplicando políticas y medidas que han dejado resultados absolutamente insignificantes. ¿Sirvió de algo el prohibicionismo? La postura prohibicionista y punitivista sobre el consumo de drogas viene, por lo menos, desde la década del 70. La “guerra contra las drogas” un fracaso atrás de otro. No solo el nivel de consumo se incrementó notoriamente en todo el mundo, sino que el narcotráfico se expandió territorialmente y hoy es uno de los negocios más lucrativos a escala global.
En un contexto donde el uso de sustancias –pese a estar penalizado– sigue aumentando y, ante la falta de regulación estatal del mercado de esas sustancias, es necesario que el Estado aparezca, no como perseguidor del usuario, sino como reductor de daños.
Hace falta una mirada que esté basada en la autodeterminación de las personas –en la que aquellos sujetos que quieran hacer uso de drogas, puedan hacerlo sin correr riesgos penales– y con políticas públicas basadas en los derechos humanos, tendientes a llevar información necesaria sobre las consecuencias del consumo, las formas de consumo menos dañinas para la salud y los efectos que produce cada sustancia.
Es ineludible correr el enfoque. Pasar de la mirada penalizante a una basada en la salud y en el derecho a la autodeterminación. Las personas que consumen drogas en la Argentina corren los riesgos de caer en un proceso penal o de consumir sustancias de las que no se conoce su origen ni sus componentes.
El usuario o consumidor de drogas en Argentina se encuentra abandonado a su propia suerte. Son escasas –o nulas- las herramientas que destina el Estado para generar información, educación y concientización en la materia.
Se observan cotidianamente personas entrando y saliendo de los búnkers de venta de drogas a lo largo y ancho del país. ¿Esas personas no tienen derecho a que el Estado las asesore sobre su consumo? ¿Qué hacemos con esas personas: las abandonamos a un consumo irresponsable, sin conocimientos? ¿No sería más recomendable aplicar políticas de reducción de daños? ¿No es aceptable que una persona sepa qué efectos pueden causar el uso de determinadas drogas o cuáles son los consumos menos dañinos?
Quienes se oponen a un rol activo del Estado en la materia, ¿qué propuestas tienen al respecto? ¿Dónde creen que debieran recurrir aquellas personas con consumos problemáticos? Ni ellos ni el Estado tienen respuestas para los consumidores, salvo la cárcel.
Para concretar un debate fructífero acerca del consumo de drogas, hay que dejar algunas cuestiones de lado y las principales son la hipocresía y la doble vara. En primer lugar, hay que reconocer y aceptar que muchas personas consumen drogas por decisión propia y el Estado no tiene la potestad de oponerse a eso. En esa dirección, mantener las cosas como están, es decir, bajo un foco punitivista de la cuestión solo favorece a los narcos y permiten que quienes consuman estén expuestos al accionar de estos delincuentes, a correr riesgos de consumir sustancias adulteradas, ser procesado penalmente o caer en un consumo problemático.
Mientras en numerosas localidades del país se llevan a cabo fiestas relacionadas con el consumo de alcohol –fiestas de la cerveza, rutas del vino, etc–, los consumidores de sustancias psicoactivas continúan al margen de la ley y del sistema.
La solución pasa por informar, concientizar y regular, y no por prohibir. La prohibición no deja otro saldo que el aumento descontrolado de la población carcelaria y el enfrentamiento violento y sangriento de bandas narcocriminales. La salida es la regulación del consumo de drogas, la divulgación de información confiable por parte del Estado y la generación de espacios interdisciplinarios que se aboquen a los casos de consumos problemáticos.
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