Narcolemia a funcionarios: dos proyectos con el mismo núcleo pero con objetivos distintos en Santa Fe
Dos proyectos proponen hacer narcolemia a funcionarios públicos, pero difieren en alcance, sanciones y enfoque de los consumos problemáticos.
La discusión sobre la implementación de exámenes toxicológicos a funcionarios públicos comenzó a instalarse en la Legislatura de Santa Fe a partir de dos proyectos que comparten la intención de incorporar controles antidrogas (narcolemia) en el Estado provincial.
La discusión sobre la implementación de exámenes toxicológicos a funcionarios públicos comenzó a instalarse en la Legislatura de Santa Fe a partir de dos proyectos que, aunque comparten la intención de incorporar controles antidrogas (narcolemia) en el Estado provincial, presentan diferencias sustanciales respecto de su alcance, fundamentos y consecuencias para quienes arrojen resultados positivos.
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Las iniciativas fueron presentadas por legisladores del mismo espacio político pero en distintas Cámaras legislativas y proponen la realización de test de detección de consumo de sustancias ilegales para funcionarios de los tres poderes del Estado. Sin embargo, mientras una de las propuestas pone el foco en la prevención y el abordaje sanitario, la otra plantea un esquema de sanciones que puede derivar incluso en la pérdida del cargo.
Narco test a funcionarios: dos proyectos con objetivos distintos en Santa Fe
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Uno de los proyectos –el impulsado por el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa-establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todas las personas que ocupen cargos electivos o hayan sido designadas políticamente en cualquiera de los tres poderes del Estado provincial. La iniciativa incluye al gobernador, vicegobernador, ministros, legisladores, magistrados y autoridades de organismos de control, entre otros funcionarios. Además, prevé que los análisis se realicen al asumir, con periodicidad anual, mediante sorteos aleatorios o ante denuncias fundadas.
La propuesta incorpora una perspectiva centrada en la salud pública. En caso de detectarse un resultado positivo, prevé la intervención de equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la salud, psicología, trabajo social y derecho, que deberán evaluar cada situación y recomendar medidas de acompañamiento, tratamiento o eventuales licencias. También establece garantías de confidencialidad y protección de datos personales.
El segundo proyecto, denominado “Coherencia de los funcionarios públicos en la lucha contra el narcotráfico ” –impulsado por la diputada Celia Arena-, plantea como requisito para permanecer en la función pública carecer de adicción a estupefacientes y otras sustancias que generen dependencia, basada en la lucha contra el narcotráfico y la ética pública. La iniciativa alcanza a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario.
En este caso, los exámenes consisten en análisis obligatorios y aleatorios de detección de metabolitos de drogas ilegales en orina, al menos una vez por año. Si se detecta un resultado positivo, se prevé inicialmente la suspensión o licencia del funcionario, pero ante reincidencias o incapacidad demostrada la propuesta contempla el cese en la función pública para los cargos designados y la eventual suspensión o revocación del mandato para los electivos.
Similitudes
Las dos iniciativas coinciden en algunos aspectos centrales. Ambas proponen controles toxicológicos obligatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado, establecen una periodicidad mínima anual para los exámenes y prevén la participación del Ministerio de Salud como autoridad de aplicación o coordinador del sistema. También contemplan la posibilidad de adhesión por parte de municipios y comunas.
Diferencias de fondo
Las principales diferencias aparecen en la filosofía que inspira cada proyecto.
La iniciativa presentada en el Senado prioriza un enfoque preventivo y sanitario. Considera los consumos problemáticos como una situación que debe ser abordada mediante asistencia profesional, tratamiento y seguimiento interdisciplinario, preservando la confidencialidad y evitando respuestas punitivas. Incluso menciona expresamente la posibilidad de adoptar medidas terapéuticas y administrativas no sancionatorias.
En cambio, el proyecto presentado en Diputados vincula la medida con la lucha contra el narcotráfico y la ética pública. Entre sus fundamentos sostiene que existe una incompatibilidad entre el ejercicio de la función pública y el consumo de sustancias ilegales, planteando que quienes impulsan políticas contra el narcotráfico no deberían recurrir al mercado ilegal de drogas para consumo personal.
Otra diferencia relevante radica en las consecuencias de un resultado positivo. Mientras la propuesta del Senado privilegia la evaluación individual y el acompañamiento terapéutico, la de Diputados contempla sanciones que pueden culminar con la destitución del funcionario o la revocación de su mandato.
Con ambas iniciativas ya ingresadas a la Legislatura, el debate promete abrir una discusión más amplia sobre los límites entre el control estatal, la transparencia en la función pública, el derecho a la intimidad y el abordaje de los consumos problemáticos dentro de las instituciones públicas.