La polémica explotó tras el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien justificó la resolución por la aparición de "resultados sospechosos" y "un patrón de desempeño anómalo" en el examen nacional, especialmente entre estudiantes extranjeros, lo que alimentó versiones de fraude y supuestos pagos de hasta 2500 dólares por las respuestas. Sin embargo, el recorte oficial es tajante: todos los que sacaron 86 puntos o más deben volver a rendir, sin importar el origen ni el historial académico.
Camila Valenti, estudiante de la Universidad Nacional del Litora l (UNL), contó en el programa Ahora Vengo que la noticia cayó como un baldazo de agua fría: “Nosotros rendimos el mismo examen que todos en el país, 100 preguntas, todos en el mismo horario. Recibimos las notas la semana pasada y ya estábamos planificando nuestro futuro. Ahora no sabemos qué va a pasar”.
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Falta de información oficial e incertidumbre
La falta de información oficial agrava la incertidumbre. “Solo sabemos lo que dijo Adorni. Según eso, los que sacamos 86 o más tenemos que repetir, pero no hay ninguna comunicación directa ni fecha definida para el nuevo examen”, explicó Camila, que obtuvo 88 puntos.
El enojo es compartido. “Nos preparamos 6, 8, hasta 9 meses para este examen. Ahora meten a todos en la misma bolsa. Al que hizo trampa y al que se quemó las pestañas estudiando”, afirmó otro de los estudiantes que obtuvo 89 puntos en el examen. “En nuestro caso, las notas que sacamos no son anómalas, están en línea con nuestros promedios y antecedentes. Incluso algunos rendimos antes en el Hospital Británico y nos fue igual”.
El grupo apunta a la arbitrariedad del corte en 86 puntos y la falta de criterios claros. “¿Por qué 86? ¿Por qué no 85, que también es una nota alta? No hay explicación”, reclamó Camila. Además, advierten que hacer un ranking nuevo con dos exámenes distintos “es todavía más injusto, porque las condiciones no son las mismas”.
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l Manuel Adorni anunció que dispuso “suspender el orden de mérito vigente, reprogramar el cronograma y convocar a un nuevo examen”.
Los estudiantes ya estaban tomando decisiones clave para su futuro, confiados en los resultados oficiales. “Ya habíamos dicho que no a algunos servicios porque nos había ido bien. Ahora, si tenemos que rendir de nuevo, nadie sabe cómo se va a rearmar el orden de mérito ni qué va a pasar con las vacantes. Esto nos afecta en todo: trabajo, mudanzas, organización de la vida”, agregaron.
La medida pone en pausa la vida de cientos de jóvenes en todo el país y, según los estudiantes de la UNL, les impone una carga extra sin pruebas en su contra. “No estamos acá para negar que hubo fraude, pero tampoco es justo que paguen todos por igual. Lo único que pedimos es que la resolución no atropelle a quienes nada tuvieron que ver”, reclamó otro de los entrevistados.
Mientras el Ministerio de Salud define los próximos pasos, los estudiantes afectados piden una solución que distinga entre quienes se beneficiaron de las irregularidades y quienes, simplemente, estudiaron y rindieron bien.