El fiscal Walter Rodríguez puntualizó en los consumos problemáticos y el abordaje desde la salud y las leyes.
Desde hace mucho tiempo en Argentina, pero fundamentalmente durante los últimos años, el abordaje de los consumos problemáticos se volvió un problema a partir del crecimiento exponencial en la cantidad de casos. La situación no distingue provincias, edades ni clases sociales.
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En este contexto, el fiscal Walter Rodríguez analiza el problema del consumo problemático de drogas en Santa Fe, la intersección entre el derecho de la salud y el derecho penal. A partir de recorrer el contexto histórico, las normas provinciales y nacionales, plantea una serie de propuestas que buscan abordar el problema de manera amplia y sincera.
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El fiscal Rodríguez identifica un conflicto entre el enfoque de salud y el castigo penal en el tratamiento de consumidores de drogas. En ese sentido, destaca la Ley 23.737, que establece medidas de seguridad curativas para quienes cometen delitos bajo la influencia de drogas y argumenta que esta mezcla de salud y penalización contradice el derecho a la autodeterminación y resalta la necesidad de considerar tratamientos adecuados y respetuosos de los derechos individuales.
"Mi interés radica en despejar los motivos que justificarían la confusión del derecho de la salud con el derecho penal, y revisar aquellos aspectos por los cuales se pasa por alto la autodeterminación de quien circunstancialmente se encuentre afectado por consumos problemáticos de sustancias", destaca Rodríguez en una publicación en la revista especializada Pensamiento Penal.
El fiscal Walter Rodríguez destaca virtudes de la Ley 26.657 de Salud Mental que dispuso el surgimiento de nuevas pautas que "fijaron los estándares mínimos en todo el territorio nacional respecto de los consumos problemáticos, y cuya aplicación en nada quedaría afectada si surge o se relaciona con la eventual comisión de un delito".
En ese sentido, destacó que el objetivo primordial de la Ley "es lograr que «las adicciones» formen parte integrante de las políticas públicas de esa materia, lo cual implica un expreso reconocimiento a favor de los afectados". Allí recuerda que se deja claramente establecida la posibilidad de acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, dirigido a cumplir el objetivo de asegurar la recuperación y preservación de la salud del paciente.
Respecto a la internación, indica que "sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones posibles" y que es el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes.
En relación a las autoridades encargadas de ejecutar la Ley, menciona que el Ministerio de Salud fue designado para eso mientras que el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de ir incrementando las partidas. Por otra parte, destaca Rodríguez de la Ley la apertura del Registro Permanente de Efectores, donde deben inscribirse quienes cuenten con habilitación gubernamental o no gubernamental en ámbito de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dedicados al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación y rehabilitación de los consumos problemáticos.
En Santa Fe, Walter Rodríguez valoró la creación de la APRECOD (Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones), para promover la "prevención del consumo problemático de sustancias en la población general y, especialmente, en sujetos o grupos vulnerables" como así también garantizar el tratamiento e integración de quienes presenten patologías adictivas", explica.
Para el fiscal Walter Rodríguez si bien el plexo normativo es catalogado como de "avanzada" por los interlocutores institucionales, tampoco se debe dejar de mencionar que los dispositivos de salud de Santa Fe "se encuentran operativamente impedidos de llevar a la práctica las prestaciones" que allí se establecen.
"No existe capacidad para satisfacer las demandas reguladas por la ley de salud mental que excedan la atención inmediata de un cuadro agudo de intoxicación momentánea y urgente, es decir, que quedan afuera de toda receptividad posible aquellos casos que requieran de un tratamiento interdisciplinario a mediano y largo plazo en los términos que prevén las normas vigentes", subrayó Rodríguez.
Por otra parte, para el fiscal Walter Rodríguez es necesario poder avanzar desde el MPF con estrategias de intervención que tengan como uno de sus puntos de partida la comprobación de sucesos mediante la utilización de “investigaciones genéricas” creadas para identificar fenómenos tales como aquel que "concierne al aprovechamiento de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, afectadas por el consumo problemático de sustancias".
Se trata de un abordaje a partir de las reglas de disponibilidad de la acción penal pública reservadas al Ministerio Público Fiscal, en virtud de las cuales puede prescindirse de su ejercicio con motivo de la aplicación de criterios de oportunidad, cuando el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave (en este supuesto se corresponde con la condición de “narco adicto” por incidencia de la empresa criminal), que tornara innecesaria y desproporcionada la sanción penal.
La aplicación de un tratamiento que respete las pautas básicas de la ley de salud mental a ser llevado a cabo en un establecimiento seleccionado judicialmente y contando con la prestación del consentimiento del imputado en su calidad de afectado por consumos problemáticos, para lograr equiparar sus efectos jurídicos a la reparación integral que justifique la extinción de la acción penal.
Por último, Walter Rodríguez señala que las iniciativas de corte punitivista buscan poner en agenda la “provincialización” de las investigaciones sobre el narcomenudeo, "sin reparar en los efectos nocivos que provocaría la monopolización de tareas en una policía provincial respecto de la cual se encuentra pendiente un serio proceso de reforma y profunda depuración".
Entre las limitaciones, el fiscal subraya también que Santa Fe fue considerada por el Congreso Nacional, a través de la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal, lo cual indica que la falta de estructura judicial para afrontar las tareas que demanda la atención del “narcomenudeo”, ya no puede válidamente ser invocada para justificar el traspaso de la competencia.
"Interpreto que la multiplicación de detenciones preventivas que pretenden los reformistas del narcomenudeo, sólo provocaría un aumento de la ya saturada población carcelaria de bajo perfil, lo cual no sólo sería imperceptible a los efectos del mejoramiento de las políticas públicas de seguridad en función de su relativa influencia, sino que además implicaría la ilusoria construcción de aparentes soluciones afianzadas a partir de una mayor eficacia del sistema sancionatorio, cuando en realidad en nada conmovería a las estructuras criminales que se retroalimentan de la mano de obra fácilmente sustituible, hecho que irremediablemente se agravará si se persiste con la idea de desatender obscenamente el financiamiento de todas las áreas neurálgicas ligadas al consumo problemático", finalizó Walter Rodríguez.
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