martes 14 de julio de 2020
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Caso Pimpi Sandoval: el juez al que le pidieron juicio político apuntó al fiscal

El juez Hernán Postma, investigado por su actuación en la libertad morigerada que recibió Emanuel Pimpi Sandoval, le solicitó a la Corte que desestime el juicio político en su contra. En la argumentación de su defensa traslada la responsabilidad al fiscal Adrián Spelta.

El juez penal Hernán Postma le solicitó a la Corte Suprema de Santa Fe que desestime el juicio político en su contra que promueve la Procuración de la Corte por su actuación en la liberación del preso de alto perfil Emanuel Pimpi Sandoval, imputado por intento de homicidio. Ema Pimpi, como se lo conocía, era conocido públicamente por el ataque a tiros a la casa del ex gobernador Bonfatti y como referente en la comercialización de drogas en la zona noroeste de Rosario.

El planteo de Postma está dirigido formalmente a la Corte pero el destinatario final pareciera ser el tribunal de enjuiciamiento de magistrados, que la semana próxima deberá analizar si admite o no abrirle el juicio político. El tribunal lo componen un diputado, un senador y dos abogados.

En su descargo el juez afirma que su fallo fue legal y “absolutamente racional”, al tiempo que pone el acento sobre el fiscal y su decisión de desistir de la prisión preventiva y en su reemplazo acordar con la defensa una libertad morigerada para Sandoval.

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El fiscal en cuestión es Adrián Spelta, quien por el mismo caso está siendo sometido a un proceso similar en la Legislatura, de acuerdo al procedimiento disciplinario que la ley prevé para los fiscales.

La presentación de Postma lleva el patrocinio del abogado Gustavo Feldman, quien le dijo a Aire de Santa Fe que “es absolutamente improcedente que el procurador pidiera siquiera la apertura del juicio político”. Sostuvo que “ante el pedido que hizo el fiscal para que se otorgue la medida de libertad morigerada a Sandoval, con consentimiento de la defensa, él, como juez, no puede mantener una medida más grave, que en este caso sería mantenerlo con prisión preventiva en la cárcel”.

La defensa de Postma está en contradicción con las conclusiones a las que llevó la investigación interna encargada por la Corte Suprema. Conclusiones sobre las que se habría basado el procurador Jorge Barraguirre para promover el juicio político que puede terminar en la destitución de Postma. Según fuentes extraoficiales, además de la actuación en el caso Sandoval, la denuncia suma antecedentes disciplinarios previos.

Los detalles de la denuncia no se conocen porque la actual ley de enjuiciamiento de magistrados censura al denunciante y a la Corte hasta tanto la admita el tribunal de enjuiciamiento. El mismo tiene previsto reunirse la semana que viene.

El caso

Postma quedó en el ojo de la tormenta el 25 de octubre pasado. Ese día Rosario amaneció conmocionada por el triple crimen en la casona de barrio La Florida a la que un grupo comando entró a buscar a Sandoval, lo mató a él y a dos jóvenes que estaban en el lugar.

Sandoval había conseguido salir de la cárcel en la audiencia de revisión de prisión preventiva que se celebró el 16 de mayo de 2018, que estuvo a cargo de Postma y de la que no existe registro en audio y video por razones que también se investigan.

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Postma sostiene que ese día resolvió en función del acuerdo al que habían llegado el fiscal Adrián Spelta y el defensor privado Fausto Yrure. Destaca que puso como condición que la libertad se efectivizara recién cuando a ambos hermanos se les colocara un dispositivo electrónico de seguimiento, lo cual se concretó 8 días después.

Dice el juez: “…me conduje teniendo en cuenta el acuerdo de las partes y los parámetros generales de constitucionalidad y legalidad que siempre sostengo: estado de inocencia, excepcionalidad de la prisión preventiva, riesgo procesal”.

La controversia

Ahí radica la controversia. Las investigaciones internas que por cuerda separada hicieron un fiscal de cámara a pedido de la Corte y la Auditoría General del Ministerio de la Acusación coincidieron en que no había razón alguna para que Sandoval saliera de la cárcel. Ambos puntualizaron que Ema Pimpi no cumplía ninguno de los requisitos legales para obtener una medida cautelar alternativa.

El defensor del juez opina lo contrario: “Ante el pedido del fiscal de esa modalidad de coerción (la libertad morigerada), el juez no tiene alternativa, no puede de oficio disponer o prorrogar una prisión preventiva, porque no puede suplir la pretensión punitiva o persecutoria del ministerio público fiscal. Quien diga otra cosa, o no sabe lo que es un sistema acusatorio o es un hipócrita y está guiado por estrepito foris (repercusión pública) que causó la muerte de Sandoval”.

La cuestión a dilucidar aquí es que, más allá del acuerdo de partes, el juez es el encargado del control de legalidad de ese acuerdo, y si el mismo no era legal, como concluyó el fiscal de cámara Carlos Corbella, el juez debió rechazarlo.

También se cuestionó que a Sandoval se le dio una libertad morigerada cuando en la práctica era una prisión domiciliaria, que en el caso de Sandoval no consentían la ley ni las instrucciones del fiscal general.

El rol de la fiscalía

Postma en su presentación defiende su accionar y pone de relevancia el papel que jugó el fiscal: “…estábamos frente a una persona cuyo estado de inocencia no se había vencido y que por ende si la Fiscalía, que estaba totalmente empapada de todas y cada una de las cuestiones que rodeaban al asunto, entendía que esta era la forma en que el imputado debía afrontar el derrotero del proceso; el suscripto (Postma) ningún obstante podía tener” (el resaltado corresponde al original).

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Postma argumenta que hasta el día de la audiencia que le presentaron el acuerdo “el imputado llevaba en prisión preventiva 75 días… medida de coerción pedida por la fiscalía. Entonces si al momento de someterse a mi decisión el Ministerio Público de la Acusación cambia su tesitura y acuerda con la defensa para morigerar la coacción es dable pensar que existía fundamento para ello, que la medida aparecía como razonable. Además, al no pedir la fiscalía prorrogar la prisión preventiva, este magistrado no podía hacerlo de oficio. Es decir que habiendo vencido el plazo de la prisión preventiva dispuesto en su momento por otro magistrado, y al no pedir nuevamente la fiscalía esa medida, era jurídicamente imposible que yo como juez de la causa la dispusiera de oficio”.

Si bien posa los ojos sobre el accionar de la fiscalía, Postma aclara que sobre ese acuerdo al día de hoy no tiene elementos “para sospechar algo ilegal”.

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