martes 14 de julio de 2020
Política | Corte | juicio |

El juez que autorizó la domiciliaria para Ema Pimpi Sandoval quedó al borde del juicio político

El próximo martes, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados deberá evaluar si abre el juicio político contra un juez penal que habilitó la "libertad morigerada" de Pimpi Sandoval, que fue asesinado en una casona de un barrio residencial rosarino.

La Corte Suprema de Justicia de la provincia convocó al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados para el próximo martes para que evalúe si admite y abre el juicio político contra un juez penal de Rosario. Aire Digital pudo conocer a través de distintas fuentes que el juez en cuestión es Hernán Postma, uno de los tres alcanzados por la investigación interna que ordenó la propia Corte Suprema en noviembre del año pasado después del asesinato de Emanuel Pimpi Sandoval, quien gozaba de un beneficio de libertad morigerada que le fue concedido de forma “ilegal e irracional” según el informe de los instructores.

El hecho ocurrió en las primeras horas del 25 de octubre pasado cuando un grupo comando atacó la casona de barrio La Florida y mató a Sandoval, otro chico y una chica que estaban en el lugar. Ese brutal triple crimen puso en tela de juicio la forma en que el Poder Judicial administra las excarcelaciones.

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Emanuel "Pimpi" Sandoval era un preso de alto perfil y venía de cumplir una condena por el ataque a la casa del ex gobernador Bonfatti.

Emanuel "Pimpi" Sandoval era un preso de alto perfil y venía de cumplir una condena por el ataque a la casa del ex gobernador Bonfatti.

Según las fuentes consultadas, el pedido de enjuiciamiento contra Postma es promovido por la Procuración de la Corte, a cargo de Jorge Barraguirre. La denuncia incluiría antecedentes disciplinarios anteriores, además, de la falla que se le atribuye en el control de legalidad en el caso Sandoval.

Los detalles de la denuncia recién se conocerán la semana que viene porque la ley 7050 manda que “mientras no se declare la admisión de una denuncia, ésta y su trámite posterior serán mantenidos en reserva”. Todo un aporte al oscurantismo.

Jueces y fiscal bajo la lupa

Postma intervino en la audiencia del 16 de mayo de 2018 en la que homologó un acuerdo entre el fiscal y la defensa para que Sandoval saliera de la cárcel –donde cumplía prisión preventiva por un triple intento de homicidio–, y fuera a un domicilio particular en Barrio Rucci con una atenuación de la prisión preventiva.

Las esquirlas también alcanzaron al fiscal Adrián Spelta, responsable de haber acordado con la defensa de Sandoval la medida objetada.

Esa medida se otorgó bajo la figura de libertad morigerada, aunque según el informe encargado por la Corte “se trató de una prisión domiciliaria encubierta” que Sandoval no estaba en condiciones de obtener porque no cumplía ninguna de las condiciones que establecen las leyes para salir de la cárcel.

Cabe recordar que Sandoval era un preso de alto perfil, reincidente y acusado de un delito con expectativa de una pena alta. Venía de cumplir una condena por el ataque a tiros a la casa del ex gobernador Bonfatti en 2013 y si bien no había causas abiertas en su contra, era un referente conocido del comercio de drogas en el norte de la ciudad y las sangrientas disputas por el control territorial derivado de ese negocio.

El mismo caso puso bajo investigación interna a otros jueces además de Postma. Se trata de Gustavo Pérez de Urrechu, quien en una audiencia posterior autorizó la mudanza de Sandoval a la casa de la calle Palo Largo al 600 en barrio La Florida donde es asesinado; y el propietario de esta última vivienda, el juez de Cámara Civil y Comercial Oscar Puccinelli, quien sostiene que no intervino en la operación inmobiliaria, no conocía al inquilino y no estaba enterado de que su propiedad se usaba para cumplir una medida alternativa de prisión preventiva.

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Las esquirlas también alcanzaron al fiscal Adrián Spelta, responsable de haber acordado con la defensa de Sandoval la medida objetada. La Legislatura provincial admitió en marzo pasado la apertura de un proceso disciplinario en su contra que puede concluir con una absolución, sanción o destitución. El acusador es el senador Lisandro Enrico. Spelta ya fue notificado y en la actualidad corren los plazos legales para que ejerza su defensa.

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados lo componen un diputado (el radical Maximiliano Pullaro), un senador (el peronista Armando Traferri) y dos abogados de la matrícula que son sorteados entre cinco propuestos, uno por cada colegio de abogados de la provincia.

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El fiscal Spelta también está en la mira por haber acordado con la defensa Sandoval la medida objetada.

El fiscal Spelta también está en la mira por haber acordado con la defensa Sandoval la medida objetada.

La ley 7050 indica que “admitida formalmente una denuncia, el tribunal (de enjuiciamiento) suspenderá provisionalmente al magistrado en el ejercicio de sus funciones, ordenará el pago en lo sucesivo del 50% de su remuneración y la retención del 50% restante y dispondrá su comparecencia al juicio en el plazo de tres días, con apercibimiento de nombrarle defensor de oficio si no compareciere”.

Retoma juicio político

En tanto, el martes próximo se retomará el juicio político a la jueza de San Justo Laura María Alessio que fue suspendido en marzo por la cuarentena.

Alessio enfrenta un juicio político por su actuación en al menos siete causas diferentes, que merecieron reproches de litigantes, víctimas y tribunales superiores que revisaron esos fallos.

Entre otras situaciones, se le objeta haber fijado una suma irrisoria y denegarle el daño moral a un trabajador rural muy joven que sufrió un accidente laboral a consecuencia del cual quedó cuadripléjico; falta de fundamentación en otro fallo; no dar participación a la defensoría en una causa donde había involucrados menores; no tramitar en tiempo y forma demandas de medidas inmediatas.

Alessio asumió su cargo en 2011 y en mayo del año pasado fue suspendido.

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