La Corte Suprema recibió al Ministerio Público tras meses de conflicto por el nuevo edificio de Tribunales
Luego del llamado del gobernador Maximiliano Pullaro a trabajar juntos, la Corte y el Ministerio Público comenzaron a acercar posiciones.
El encuentro se produjo apenas días después de que el conflicto escalara públicamente durante la inauguración del edificio anexo.
La reunión que mantuvieron este martes la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y las autoridades del Ministerio Público (MPA y MPD) abrió una instancia de diálogo presencial que no había existido desde que estalló el conflicto por la distribución de los espacios del nuevo edificio anexo de Tribunales. Aunque no hubo una definición concreta, el encuentro fue interpretado por algunas autoridades presentes como un primer paso para intentar destrabar una disputa institucional que lleva varios meses y que incluso motivó un fuerte llamado de atención del gobernador Maximiliano Pullaro durante la inauguración del inmueble.
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Tras la jura de nuevos jueces y juezas para el Poder Judicial, los siete integrantes de la Corte —su presidente Rafael Gutiérrez y los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza— recibieron a la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, y a la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, Estrella Moreno Robinson.
Un encuentro que abre una nueva etapa en Santa Fe
Fuentes al tanto de la reunión indicaron a AIRE que el encuentro representó "un avance" en la búsqueda de consensos. Según explicaron, hubo un intercambio de posiciones entre ambas partes y un clima de diálogo que hasta ahora no se había producido.
La decisión sobre la asignación definitiva de los espacios continúa en manos de la Corte Suprema, pero el encuentro dejó una expectativa favorable respecto de la posibilidad de se pueda destrabar el conflicto. El encuentro se produjo apenas días después de que la disputa escalara públicamente durante la inauguración del edificio anexo.
El fuerte mensaje de Maximiliano Pullaro que cambió el clima
Durante ese acto, el gobernador Maximiliano Pullaro dedicó buena parte de su discurso a la importancia institucional de la nueva sede judicial, una obra que demandó una inversión de 59,3 millones de dólares.
El mandatario recordó que la construcción fue financiada con recursos de los santafesinos y remarcó que su gestión ejecutó solamente el último tramo de la obra, aunque aportó más de la mitad de los fondos invertidos en esa etapa.
Sin embargo, el momento de mayor impacto político llegó cuando hizo referencia directa a la ausencia de las máximas autoridades del Ministerio Público.
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"No está bueno que hoy aquí no esté la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, ni la defensora general del MPD, Estrella Moreno Robinson", afirmó.
Luego recordó que el proyecto contemplaba espacios para esos organismos y pidió superar el enfrentamiento institucional.
"La ley decía que este edificio también era para el Ministerio Público. Las cosas no son iguales, reformamos la Constitución Provincial. Les pido que trabajemos juntos, me pongo a disposición; si hay que poner dinero lo haremos. Pero no puede ser la noticia que nos estamos peleando", sostuvo.
Dentro del Ministerio Público, esas declaraciones fueron interpretadas como un respaldo institucional a la posición que sostienen ambos organismos desde hace meses.
Cómo comenzó la disputa por el edificio anexo de Tribunales
El conflicto se originó en febrero de este año, cuando la Corte Suprema dictó una acordada mediante la cual estableció que el Poder Judicial tendría prioridad para ocupar el nuevo edificio anexo y que el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa accederían a espacios únicamente si existía disponibilidad una vez finalizada la mudanza de las dependencias judiciales.
Para ambos ministerios públicos, esa decisión modificó el esquema que había sido definido años antes.
Según sostuvieron hace varias semanas, en 2021 la Secretaría de Gobierno de la propia Corte había asignado formalmente el primer piso al Ministerio Público de la Defensa, con una superficie de 1.030 metros cuadrados, mientras que el cuarto y quinto piso, junto con parte del subsuelo, habían sido destinados al Ministerio Público de la Acusación, con 2.582 metros cuadrados.
Frente a aquella acordada, ambos organismos presentaron un recurso de revocatoria que nunca obtuvo respuesta. Posteriormente promovieron un pronto despacho, que tampoco fue contestado.
Mientras ese expediente seguía pendiente, la Corte dictó una nueva acordada en junio. Allí mantuvo parte de los espacios dentro del edificio anexo para el Ministerio Público, pero complementó esa solución con el traslado de oficinas al inmueble donde actualmente funciona el Fuero Laboral, sobre San Martín y Eva Perón.
La propuesta fue rechazada por el MPA y el MPD, que consideran que esa distribución fragmenta el funcionamiento del sistema acusatorio y desconoce la autonomía institucional que ambos organismos adquirieron tras la reforma constitucional de 2025.
Los argumentos enfrentados
El último recurso presentado por Vranicich y Moreno Robinson sostiene que la decisión vulnera la cláusula transitoria décimo sexta de la Constitución reformada, que establece que el uso y destino de los inmuebles afectados al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal no pueden modificarse sin la conformidad de esos organismos.
También cuestionan que el edificio fue financiado mediante un crédito internacional autorizado específicamente para construir el Centro de Justicia Penal, por lo que advirtieron entonces que destinar parte del inmueble a otras dependencias judiciales implicaría apartarse del objeto para el cual fueron aprobados esos fondos.
Desde la Corte Suprema, en cambio, sostuvieron que la prioridad corresponde al Poder Judicial. El presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, explicó que esa posición responde a la reforma constitucional de 2025, que convirtió tanto al Ministerio Público de la Acusación como al Ministerio Público de la Defensa en órganos extrapoder.
Mientras los recursos administrativos continúan pendientes de resolución, la reunión de este martes marcó el primer acercamiento formal y presencial entre las partes desde que comenzó el conflicto. Sin modificar las posiciones de fondo, el encuentro abrió una instancia de diálogo que podría resultar determinante para encontrar una salida consensuada a una de las principales disputas institucionales que atraviesa hoy el sistema judicial santafesino.
