Para el Gobierno de Santa Fe, 4 miembros de la Corte provincial deben abstenerse de opinar sobre la reforma jubilatoria, ya que están afectados por los cambios.
Para el Gobierno de Santa Fe, cuatro miembros de la Corte provincial deben abstenerse de opinar sobre la reforma jubilatoria.
El 19 de diciembre pasado, el Gobierno de Santa Fe recusó a cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, para que se abstengan de intervenir en causas relacionadas con la reforma jubilatoria, ya que considera que están directamente afectados por los cambios introducidos en el sistema previsional desde 2024.
Se trata de los jueces Roberto Falistoco, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler -iniciaron sus procesos de retiro- y Rubén Weder -quien ya estaba jubilado cuando asumió en la Corte-. Gutiérrez, Spuler y Falistoco anunciaron que dejarán sus cargos en la Corte provincial durante este año.
A través de una votación que resultó 7 a 0, la Corte rechazó las pretenciones del Gobierno, aduciendo que las causas habían llegado varios meses antes al Máximo Tribunal y, por lo tanto, los plazos para presentar las recusaciones estaban vencidos.
En febrero, y por segunda vez, la Provincia volvió a recusar a estos cuatro jueces, aduciendo básicamente dos argumentos:
Otra vez, la decisión de la Corte sobre este planteo fue adverso para el Gobierno, por el mismo resultado: 7 a 0.
Frente a estos rechazos, durante la mañana de este jueves, el Gobierno de Santa Fe presentó ante la Corte Suprema de la Justicia de la Provincia un Recurso Extraordinario, para llevar este planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para que esto sea posible -llegar a la Corte nacional-, la Corte provincial deberá admitir el Recurso Extraordinario.
Si no lo hiciera, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe podrá llegar directamente a la Corte nacional, mediante un Recurso de Queja (se utiliza cuando un tribunal inferior deniega un recurso extraordinario, permitiendo a la parte afectada acudir directamente a la instancia superior).
Mientras tanto, la Corte provincial avanza en el análisis de fondo sobre la aplicación de los alcances de la reforma jubilatoria en la provincia de Santa Fe.
Tal como informó AIRE el pasado sábado, al menos 117 beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe presentaron recursos ante la Justicia para evitar la aplicación de los topes de haberes, establecidos a partir de la reforma previsional.
De este total, 36 jubilados quedaron al margen de esa disposición y, a valores de enero de 2026, cobraron haberes que en algunos casos superan los $15.700.000.
Cuando se aprobó -a mediados de septiembre de 2024- la reforma jubilatoria en la provincia de Santa Fe, se estableció que ningún jubilado o pensionado debía cobrar más de 20 jubilaciones mínimas.
A enero de 2026, la jubilación mínima en Santa Fe alcanzó los $544.472, por lo que el tope de haberes -jubilaciones, pensiones o combinación de ambos beneficios- asciende a $10.889.434 de bolsillo.
De los 117 jubilados y pensionados que presentaron amparos en la Justicia para evitar el tope de haberes, 55 fueron miembros del Poder Judicial y 62 se desempeñaron en otras áreas del Estado santafesino.
Según datos oficiales, dentro del universo de aproximadamente 105.000 jubilados o pensionados que dependen de la Caja de la Provincia, los alcanzados por el tope de haberes fijado por ley son en estos momentos 663. Es decir, el 0,63% del total de beneficiarios.
A esas 117 personas que se presentaron ante la Justicia para evitar la aplicación del tope jubilatorio, se suman más de 700 casos que lo hicieron para no pagar el aporte solidario o reclamaron otros aspectos de la nueva ley, como edades, movilidad o planteos por regímenes especiales.
El aporte solidario comienza a aplicarse cuando un beneficiario de la Caja provincial percibe haberes que superan las 3 jubilaciones mínimas: en enero, el piso fue de $1.633.416.
Esta cláusula rige hasta mediados de septiembre de 2026, y la ley establecía la posibilidad de que el Poder Ejecutivo la extendiera durante un año más.
Sin embargo, en su reciente discurso de apertura del período de sesiones ordinarias en la Legislatura, el gobernador Maximiliano Pullaro adelantó que no hará uso de esa potestad, por lo que los aportes solidarios dejarán de realizarse a mediados de septiembre próximo.
Te puede interesar
