En enero, el tope jubilatorio en Santa Fe fue de $10.889.434 de bolsillo. Hubo 117 amparos. En última instancia deberá resolver la Corte de la Provincia.
Cuando a mediados de septiembre de 2024 se aprobó la reforma jubilatoria en Santa Fe, se produjeron fuertes disturbios frente a la Legislatura provincial.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Cuando se aprobó -a mediados de septiembre de 2024- la reforma jubilatoria en la provincia de Santa Fe, se estableció que ningún jubilado o pensionado debía cobrar más de 20 jubilaciones mínimas. Sin embargo, 117 beneficiarios se presentaron ante la Justicia para evitarlo y, de ese total, 36 lograron quedar al margen de esta disposición mediante amparos judiciales favorables.
A enero de 2026, la jubilación mínima en Santa Fe alcanzó los $544.472, por lo que el tope de haberes -jubilaciones, pensiones o combinación de ambos beneficios- asciende a $10.889.434 de bolsillo.
Los 36 beneficiarios que lograron resoluciones favorables de la Justicia, perciben en estos momentos entre $11.149.645 y $15.721.741,77 -casi 30 veces más de lo que cobra alguien que percibe la jubilación mínima-.
Como referencia, en enero de 2026 la jubilación máxima que pagó el Anses a nivel nacional fue de $2.487.063: cuatro veces más baja que el tope provincial.
De los 117 jubilados y pensionados que presentaron amparos en la Justicia para evitar el tope de haberes, 55 fueron miembros del Poder Judicial y 62 se desempeñaron en otras áreas del Estado santafesino.
Según pudo confirmar AIRE, gran parte de los beneficiarios de la Caja que lograron respuestas favorables de la Justicia, fueron representados por dos estudios de abogados de la ciudad de Rosario.
Según datos oficiales, dentro del universo de aproximadamente 105.000 jubilados o pensionados que dependen de la Caja de la Provincia, los alcanzados por el tope de haberes fijado por ley son en estos momentos 663. Es decir, el 0,63% del total de beneficiarios.
Cuando se aprobó la ley que reformó el sistema jubilatorio santafesino, los topes fijados se encontraban por debajo de los $8.000.000, pero esta cifra se fue incrementando a lo largo de los 18 meses transcurridos, a partir de los incrementos salariales otorgados a los trabajadores activos.
A quienes en el momento de la aprobación de la nueva norma cobraban por encima del tope equivalente a 20 jubilaciones mínimas, se les congelaron los haberes, hasta tanto fueran alcanzados por los nuevos topes que se incrementan de manera proporcional a los aumentos de la jubilación mínima.
Una vez que los nuevos topes se equiparen con los haberes que estos jubilados y pensionados cobran, sus ingresos comenzarán a incrementarse nuevamente, como sucede con el resto de los beneficiarios de la Caja.
A esas 117 personas que se presentaron ante la Justicia para evitar la aplicación del tope jubilatorio, se suman otras 709 que lo hicieron para no pagar el aporte solidario o reclamaron otros aspectos de la nueva ley, como edades, movilidad o planteos por regímenes especiales.
El aporte solidario comienza a aplicarse cuando un beneficiario de la Caja provincial percibe haberes que superan las 3 jubilaciones mínimas: en enero, el piso fue de $1.633.416.
Esta cláusula rige hasta mediados de septiembre de 2026, y la ley establecía la posibilidad de que el Poder Ejecutivo la extendiera durante un año más.
Sin embargo, en su reciente discurso de apertura del período de sesiones ordinarias en la Legislatura, el gobernador Maximiliano Pullaro adelantó que no hará uso de esa potestad, por lo que los aportes solidarios dejarán de realizarse a mediados de septiembre próximo.
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