Alerta por deudores alimentarios en Santa Fe: buscan reformar un registro "lento" que profundiza la violencia económica
El actual de Registro de Deudores de la cuota alimentaria profundiza la violencia económica, advierte la UNR en su propuesta de reforma de la ley que lo regula.
Una gran traba que detectó el exhaustivo trabajo de la UNR sobre el reclamo de la cuota alimentaria es la “burocratización”.
¿De quién es la cuota alimentaria? Muchos varones dicen sin empacho: no le voy a dar plata a mi ex. Pero ese dinero es necesario para la vida de niños, niñas y adolescentes. Ahogarlas es también violencia, no sólo contra ellas sino también contra las infancias.
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En la provincia de Santa Fe, para que un hombre sea inscripto en el registro de deudores alimentarios que depende del Poder Judicial, la mujer debe iniciar un juicio por alimentos y pedir esa inscripción.
No es inmediato, y a él le alcanza con pagar cada tanto: tiene que deber tres cuotas consecutivas o cinco discontinuas.
Según el análisis de UNICEF Argentina, más de la mitad (56%) de las madres que viven en Argentina no reciben la cuota alimentaria cuando el padre no habita en la vivienda y esa proporción asciende al 68% si se toma en cuenta a quienes no la reciben de manera regular.
Sin embargo, el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia de Santa Fe muestra números muy inferiores: entre el 15 de mayo de 2025 y el mismo día de este año hubo 261 deudores alimentarios inscriptos en toda la provincia, sólo 155 en Rosario.
Un dato que contrasta con cualquier constatación de la realidad: “Me pasa la cuota cuando quiere”, “No entiende que los chicos comen todos los días”, “Me dice que no me va a dar la plata para que la gaste yo”, son algunas de las cosas que se escuchan habitualmente.
Ante esta realidad, la Universidad Nacional de Rosario, en el marco del ciclo “Paternidades responsables”, realizó una jornada de trabajo para avanzar en la reforma de la ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, para agilizarlo y que sea más eficiente.
“Venimos trabajando, analizando y diagnosticando el funcionamiento del sistema judicial en la provincia de Santa Fe y, puntualmente, el trámite de la obligación alimentaria o los juicios por alimentos: cómo funciona y dónde están los obstáculos”, analizó la secretaria del Área de Género y Sexualidades de la UNR.
La funcionaria de la Universidad considera que ese circuito también es “parte de las violencias contra las mujeres”.
La violencia económica sobre las mujeres
¿Por qué? “Si bien la deuda alimentaria es una deuda que afecta fundamentalmente a las infancias y adolescencias, quienes más padecen son las mujeres”, dice Rovetto. No sólo deben responder a las necesidades urgentes de sus hijas e hijos, sin postergaciones.
“También se encargan de tener que elevar a juicio la cuota alimentaria por el incumplimiento”, subraya.
Por eso, desde la Universidad entrevistaron a profesionales del derecho que llevan adelante estos procesos por alimentos. “Hay dificultades, obstáculos procesales en el propio procedimiento judicial. Hay también desigualdades en el acceso a la justicia, en quiénes logran llegar a realizar un juicio por alimentos”, sostiene Rovetto.
Entrevistaron a diez abogados y abogadas de familia de las localidades de Villa Constitución, Rosario, Santa Fe, Tostado y Rafaela.
“En este contexto, el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia, bajo su regulación actual, es percibido como una herramienta de baja efectividad práctica”, dice el documento elaborado por la UNR, con la coordinación de Rovetto y Marcela Mancini, del Área de Derechos Humanos y Género de la Facultad de Derecho de la UNR.
“Entre sus principales limitaciones se destacan su alcance restringido, ya que sus efectos recaen principalmente sobre quienes tienen inserción en el sector formal o interactúan con el Estado”, sigue el texto. Es que el registro sólo afecta a quienes tienen trabajos registrados y, especialmente, a quienes trabajan, se presentan a concursos o son contratistas del Estado, ya que requieren un certificado de no estar en el registro para poder participar.
“Hay casos en que los deudores son solventes y esgrimen una serie de artimañas para eludir el pago de la cuota. Por ejemplo, pasan sus propias empresas a nombre de otras personas, prefieren no trabajar en relación de dependencia, que el salario no esté registrado en Anses porque, de esa manera, se puede establecer la cuota y exigir el pago. Incluso ponen bienes a nombre de otras personas”, enumera algunos artilugios comprobados por diferentes abogados.
No se trata de personas sin recursos. “En general, son los deudores que pueden pagar la cuota los que hacen estas cosas, y es por eso también que algunos juzgados apelan a muy creativas instancias para lograr el pago, como, por ejemplo, afectar la cuota alimentaria a la factura de consumo de luz o, por ejemplo, a la cuota de algún club náutico donde tiene guardada una embarcación”, relata sobre lo que hacen algunos juzgados de Familia.
Esto ocurre porque el artículo 553 del Código Civil y Comercial facultó expresamente a los jueces a tomar "medidas razonables" para asegurar la eficacia de las sentencias de alimentos. Es por eso que, cada tanto, se leen noticias sobre hombres que no pueden concurrir a la cancha, entre otras medidas, porque deben la cuota alimentaria.
“Se ha generado jurisprudencia contra las empresas, porque ocultan información o porque no cumplen con la transferencia de la cuota alimentaria a la cuenta asignada para tal fin y, en esos casos, las empresas también se convierten en deudoras alimentarias”, sigue Rovetto.
“Así como hay empresas o instituciones que pueden convertirse en solidarias y, por ejemplo, ha habido jurisprudencia de la empresa de la luz de la provincia de Entre Ríos, que ha incorporado la cuota alimentaria al pago de la luz del inmueble del propietario”, ejemplifica.
Un trámite más para las mujeres
Otra gran traba que detectó el exhaustivo trabajo de la UNR es la “burocratización”. “Dado que la inscripción no es automática y requiere una declaración judicial previa tras reiterados incumplimientos, lo que implica nuevas notificaciones y traslados que conllevan nuevas dilaciones”, se planteó.
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“Además del tiempo que lleva, también tiene costos de sellados y demás, y necesitan patrocinio, cuando las demandantes no siempre pueden pagar ese patrocinio jurídico”, señala la secretaria de Género y Sexualidades de la UNR.
¿Por qué no es efectivo? Porque para ingresar al registro, la persona que denuncia tiene que hacer ella misma la inscripción y debe tener probado que no recibe la cuota alimentaria. Pero muchas veces los deudores alimentarios pagan una cuota y, entonces, exigen que se haga el trámite para salir del registro cuando lo necesitan, por ejemplo, para participar de un concurso.
Y para volver a ingresar al registro tienen que incumplir varios meses seguidos, y eso requiere un nuevo trámite de inscripción. Un loop enloquecedor para una mujer que lleva adelante con sus propios ingresos la manutención exclusiva de los hijos y las tareas de cuidado.
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que depende del Poder Judicial, tiene en la actualidad 2409 inscriptos en toda la provincia. “Esto demuestra su ineficiencia, porque el propio procedimiento de inscripción es ineficiente. Y porque está, además, a cargo nuevamente de las mujeres”, sostiene Rovetto.
Por eso, desde la UNR sostienen que se debe “modificar el procedimiento para hacerlo más efectivo, para que, efectivamente, reúna al número real de deudores alimentarios, porque sabemos que 7 de cada 10 progenitores no pagan la cuota, y eso no está reflejado en el registro”.
El dato no es caprichoso, sino que parte del estudio de UNICEF Argentina, publicado en julio de 2024, a partir de la octava encuesta a hogares con niñas, niños y adolescentes del Fondo de Naciones Unidas para las Infancias.
UNICEF consigna que “entre los motivos por los cuales los padres no pagan la cuota alimentaria, se destaca la falta o la mala relación con la madre y/o con las niñas y los niños (61%), y en un 24% es por falta de trabajo o insuficiencia de ingresos”.
También recuerda que “la Convención de los Derechos del Niño establece el derecho de las chicas y los chicos a un nivel de vida digno y la responsabilidad de la familia y del Estado de brindarle las condiciones necesarias para su desarrollo”.
El costo de criar en soledad
Por eso, la UNR impulsa un cambio en la ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. “El registro tiene que ser alimentado por el propio procedimiento judicial, y no esperar que las mujeres sean las que dan de alta a los deudores en el registro, porque es un trámite más, es una forma más de victimización, es un costo más también para quienes son las principales damnificadas del incumplimiento de la cuota”, subraya Rovetto.
Aunque no haya una sanción social unánime sobre el tema —incluso existe una forma solapada de justificación de los incumplidores— el problema tiene una gran magnitud. Un trabajo de la doctora en Sociología Sol Prieto para la Fundar estableció que en Argentina “hay 1,6 millones de hogares monomarentales, lo que representa el 11,7% del total de hogares”. Hay más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en esos hogares, según la Encuesta Permanente de Hogares. Y, como ya se dijo, dos de cada tres hogares no reciben la cuota.
Esta situación hace que el ingreso promedio en los hogares monomarentales sea un 19,3% más bajo que en los demás hogares. Es decir, profundiza la pobreza de esas niñas, niños y adolescentes.
“Al no percibir la cuota, no cuentan con derechos básicos de alimentación, de vivienda, de cuidado, de salud y de recreación, que es todo lo que debe incluir la cuota alimentaria para una vida digna”, plantea Rovetto.
Existe una herramienta objetiva para medir esa cuota: el Índice de Crianza del INDEC, que empezó a medirse en julio de 2023. Este índice estableció —para marzo de 2026— un monto de $515.236 para menores de un año, $616.046 de 1 a 3 años, $538.587 de 4 a 5 años y $676.431 para infantes y adolescentes de 6 a 12 años.
El ciclo de la UNR se llama Paternidades Responsables. La iniciativa para reformar la ley de registro de deudores alimentarios en Santa Fe para que, por ejemplo, baste con una sola cuota adeudada para ser incluido y que se haga de oficio apenas se inicia el juicio por alimentos, es articulada con la Facultad de Derecho, con la Corte Suprema de Justicia de la provincia —a partir del trabajo de Margarita Zabalza— y con distintas legisladoras y legisladores que se sumaron a la iniciativa de la mesa de trabajo, en la que también hubo integrantes de juzgados de Familia y de la Defensa Pública en lo Civil.
Detrás de cada cuota impaga no hay una “pelea de pareja”: hay chicos que comen peor y mujeres que sostienen solas lo que debería ser una responsabilidad compartida.