La iniciativa propone un cambio de enfoque en la responsabilidad parental: quienes incumplen con la manutención económica de sus hijos podrían ver limitadas sus decisiones en aspectos clave de su vida, como la educación, la salud o el lugar de residencia.
La abogada Jesica Anahí Sola, especialista en derecho de las familias, niñez y adolescencia, explicó en el programa de AIRE, Ahora Vengo, que el objetivo es “poner en el centro el interés superior del niño por sobre los conflictos entre adultos”.
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El caso que instaló el debate
Si bien el proyecto no surge formalmente de un único expediente, la visibilidad de situaciones vinculadas a Cazzu ayudó a amplificar una problemática estructural: el incumplimiento de la cuota alimentaria.
El tema ganó repercusión en redes y medios, y derivó en una discusión más amplia sobre el vínculo entre derechos y obligaciones en la crianza.
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Según detalló Sola, la propuesta no implica una quita automática de derechos, sino la posibilidad de que la Justicia limite la participación de un progenitor en decisiones relevantes cuando exista un incumplimiento reiterado.
“Hoy existen herramientas para reclamar alimentos, pero muchas veces no alcanzan. Este tipo de iniciativas busca generar consecuencias concretas más allá de lo económico”, señaló.
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La posibilidad de un proyecto en Argentina
Consultada sobre el escenario en Argentina, Sola explicó que el sistema judicial ya existe sanciones para deudores alimentarios, como registros o restricciones administrativas, aunque advirtió que el proyecto en México da un paso más.
En ese sentido, sostuvo: "En Argentina acá podría darse un debate en ese sentido, pero implicaría discutir cambios en la legislación vigente”.
Para la especialista, el punto central es conceptual: “La discusión es si quien no cumple con sus obligaciones básicas puede seguir tomando decisiones sobre la vida de un hijo”.
