La salud mental en Santa Fe se aborda desde un entramado sanitario, judicial y social que prioriza derechos, pero enfrenta fuertes límites para sostener las externaciones y la vida en comunidad.
Salud mental en Santa Fe: el abordaje de casos de riesgo y las dificultades para sostener la vida fuera del hospital.
Los casos de crisis en salud mental en Santa Fe suelen emerger cuando una situación se vuelve inmanejable para las familias y el sistema de salud.
El caso de Patricia M., que se plasmó a tráves de una nota que publicó la periodista Fabiana Chiappero, es un ejemplo de lo que en ocasiones se puede atravesar ante la falta de herramientas.
Guardias colapsadas, pedidos de internación, intervenciones judiciales y diagnósticos complejos forman parte de un recorrido que se repite. Detrás de esas escenas hay un trabajo menos visible, que combina control de legalidad, evaluación clínica y articulación institucional, y que busca evitar que la respuesta sea únicamente el encierro.
En Santa Fe el Órgano de Revisión de Salud Mental, tiene como misión central monitorear el cumplimiento de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental.
Desde allí se controlan las prácticas del Estado y del Poder Judicial y se impulsa, al mismo tiempo, la discusión de cambios estructurales en las políticas públicas. Así lo explicó Lucrecia Faccioli, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental.
El organismo no depende del Ministerio de Salud ni del Poder Ejecutivo. Desde allí se conformaron equipos técnicos interdisciplinarios que trabajan en dos regiones de la provincia —centro norte y centro sur— y un consejo directivo plural que reúne a áreas del Estado, asociaciones de usuarios, trabajadores de la salud, organismos de derechos humanos y colegios profesionales.
Uno de los puntos más sensibles del trabajo es el control de las internaciones involuntarias. Frente a discursos que cuestionan la Ley de Salud Mental y aseguran que “no deja internar”, Faccioli fue contundente: “La ley prevé internaciones voluntarias e involuntarias cuando hay riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros”. La diferencia, aclaró, es que ahora esas internaciones no pueden transformarse en privaciones de libertad indefinidas.
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Cada vez que una persona es internada de manera involuntaria, el Órgano de Revisión recibe la notificación por parte del Poder Judicial o de los efectores de salud. A partir de allí, los equipos evalúan diagnóstico, medicación, condiciones del tratamiento y evolución clínica. Pasados los plazos que fija la ley, se eleva un informe al juez o jueza interviniente para determinar si el criterio de riesgo se sostiene o no. “La internación es una medida excepcional. No puede ser la regla”, subrayó Faccioli.
Los números del 2025 permiten dimensionar la magnitud de la demanda. Durante ese año, el organismo evaluó 1.727 internaciones involuntarias en la provincia. La mayoría correspondió a personas adultas, pero casi quinientos casos involucraron a niños, niñas y adolescentes.
Entre los motivos de ingreso se repiten la descompensación de cuadros de base, los consumos problemáticos y el intento suicida, con 364 casos registrados solo en este último grupo. “Estamos viendo consumos cada vez más tempranos y crisis subjetivas muy profundas”, advirtió la funcionaria.
Sin embargo, para Faccioli el núcleo del problema no está en el ingreso al sistema, sino en la salida. “Hoy el mayor obstáculo es la externación”, explicó. Muchas personas ya no presentan riesgo inminente y podrían continuar su tratamiento de manera ambulatoria, pero no tienen dónde ni cómo hacerlo. Familias fragmentadas, falta de redes comunitarias, ausencia de dispositivos de alojamiento, problemas de vivienda y trabajo, y consumos problemáticos persistentes hacen que la internación se prolongue por razones sociales y no clínicas.
En 2025 se registraron más de ochocientas externaciones con alta médica, pero también casi doscientas sin alta. “Eso muestra la fragilidad del sistema”, sostuvo Faccioli. “La internación es la emergencia. El desafío es construir una salida que sea sustentable”.
Frente a ese escenario, el organismo impulsó herramientas como las audiencias multiparte, espacios en los que se sientan a la misma mesa el Poder Judicial, equipos de salud, áreas sociales, dispositivos de discapacidad y las familias. “Hay situaciones que el Ministerio de Salud solo no puede resolver”, afirmó. “La salud mental necesita respuestas interministeriales”.
El problema se profundiza en el abordaje de los consumos problemáticos. Aunque la Ley Nacional de Salud Mental los incluye explícitamente como parte de la política sanitaria, en la provincia su atención depende de distintos ministerios, lo que fragmenta las respuestas. “Eso genera vacíos”, señaló Faccioli, y remarcó que muchos de los casos más complejos están atravesados por consumo y exclusión social.
Santa Fe cuenta con un Plan Provincial de Salud Mental 2022–2028, que esta gestión decidió sostener. El plan plantea fortalecer el primer nivel de atención, integrar la salud mental en hospitales generales, transformar los hospitales monovalentes y desarrollar redes comunitarias. Para la secretaria ejecutiva, el problema no es la falta de marcos normativos, sino la dificultad para materializarlos. “Cerrar manicomios sin abrir otros dispositivos deja a las personas en la calle o atrapadas en internaciones que no corresponden”, advirtió.
En ese punto, Faccioli volvió a la definición central de la ley. La salud mental, recordó, no es solo una cuestión médica. Es un proceso atravesado por condiciones sociales, económicas, culturales e históricas, y está directamente ligado a la posibilidad de ejercer derechos. “Una persona con padecimiento subjetivo no es una cama en un hospital”, dijo. “Es alguien que necesita vínculos, comunidad y un proyecto de vida posible”.
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