Los números de la salud mental en Santa Fe: en 2025 se evaluaron casi cinco internaciones involuntarias por día

La mayoría de esas internaciones correspondió a personas adultas, pero casi quinientos casos involucraron a niños, niñas y adolescentes, una cifra que enciende alertas entre los equipos de salud mental.

Detrás de cada evaluación hay historias de crisis, familias desbordadas, guardias colapsadas y pedidos de ayuda que no siempre encuentran una respuesta integral y sostenida en el tiempo.

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Las cifras surgen del trabajo del Órgano de Revisión de Salud Mental, un organismo autónomo creado por la Ley Provincial 13.733, en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental, que comenzó a funcionar en 2022 dentro de la Defensoría del Pueblo. Su tarea se centra en monitorear el cumplimiento de derechos y controlar cómo se aplican las internaciones involuntarias en la provincia.

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“Somos un órgano de revisión y promoción de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental”, explicó su secretaria ejecutiva, Lucrecia Faccioli. Desde ese lugar, el organismo no depende del Ministerio de Salud ni del Poder Ejecutivo, y controla prácticas tanto del sistema sanitario como del Poder Judicial, al tiempo que impulsa discusiones de fondo sobre las políticas públicas en salud mental.

Las cifras que revelan la crisis del sistema

Uno de los ejes centrales del trabajo es el control de las internaciones involuntarias, una herramienta prevista por la ley únicamente cuando existe riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros. Frente a los cuestionamientos habituales a la normativa, Faccioli fue clara: “Es mentira que la ley no permita internar. Hay un capítulo entero que prevé internaciones voluntarias e involuntarias”. La diferencia, subrayó, es que ya no pueden transformarse en encierros indefinidos.

Cada vez que se produce una internación involuntaria, el organismo recibe la notificación y sus equipos técnicos interdisciplinarios evalúan diagnóstico, medicación, evolución clínica y condiciones del tratamiento. Una vez cumplidos los plazos que establece la ley, se eleva un informe al juez o jueza interviniente para determinar si el criterio de riesgo persiste. “La internación es una medida excepcional. No puede ser la regla”, remarcó Faccioli.

Estadísticas Salud Mental

Los datos de 2025 también permiten observar qué crisis están llegando al sistema. Entre los motivos de ingreso se repiten la descompensación de cuadros de base, los consumos problemáticos y la ideación o el intento suicida, con 364 casos registrados solo en este último grupo. “Estamos viendo consumos cada vez más tempranos y crisis subjetivas muy profundas”, advirtió la funcionaria, al señalar el impacto social que atraviesa a estas situaciones.

Las externaciones y la falta de redes de contención

Sin embargo, el mayor problema aparece cuando el riesgo inmediato cede. Para Faccioli, el núcleo del conflicto no está en el ingreso al sistema, sino en la externación. “Hoy el mayor obstáculo es lograr externaciones sustentables”, explicó. Muchas personas ya no necesitan permanecer internadas desde el punto de vista clínico, pero no cuentan con redes familiares, comunitarias o estatales que permitan sostener un tratamiento ambulatorio.

Familias fragmentadas, ausencia de dispositivos de alojamiento, dificultades de acceso a vivienda y trabajo, y consumos persistentes hacen que la internación se prolongue por razones sociales y no sanitarias. En 2025 se registraron más de ochocientas externaciones con alta médica, pero también casi doscientas sin alta y varios fallecimientos durante la internación, datos que reflejan la fragilidad del sistema. “La internación es la emergencia. El desafío es construir una salida que sea posible y sostenible”, señaló Faccioli.

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Frente a ese escenario, el organismo impulsó audiencias multiparte, espacios de articulación en los que participan el Poder Judicial, equipos de salud, áreas sociales, dispositivos de discapacidad y las familias. “Hay situaciones que el Ministerio de Salud solo no puede resolver”, sostuvo. “La salud mental necesita respuestas interministeriales”.

La dificultad se profundiza en el abordaje de los consumos problemáticos. Aunque la Ley Nacional de Salud Mental los incluye explícitamente como parte de la política sanitaria, en la provincia su atención depende de distintos ministerios, lo que fragmenta las respuestas y genera vacíos en los acompañamientos. Según Faccioli, muchos de los casos más complejos están atravesados por consumo, exclusión social y falta de redes.

La necesidad de fortalecer el sistema de salud

Santa Fe cuenta con un Plan Provincial de Salud Mental 2022–2028, que esta gestión decidió sostener. El plan propone fortalecer el primer nivel de atención, integrar la salud mental en hospitales generales, transformar los hospitales monovalentes y desarrollar redes comunitarias. Para la secretaria ejecutiva, el problema no es la falta de marcos normativos, sino la dificultad para llevarlos a la práctica. “Cerrar manicomios sin abrir otros dispositivos deja a las personas en la calle o atrapadas en internaciones que no corresponden”, advirtió.

En ese punto, Faccioli volvió a la definición central de la ley. La salud mental, recordó, no es solo una cuestión médica, sino un proceso atravesado por condiciones sociales, económicas, culturales e históricas, y directamente ligado al ejercicio de derechos. “Una persona con padecimiento subjetivo no es una cama en un hospital”, concluyó. “Es alguien que necesita vínculos, comunidad y un proyecto de vida posible”.