Luego del 10 de diciembre, el Gobierno nacional de Javier Milei buscará avanzar con tres reformas: impositiva, laboral y penal. Conocé los detalles.
Tras las elecciones de octubre, con la victoria de La Libertad Avanza, el Gobierno nacional de Javier Milei avanzará en reformas estructurales después de 10 de diciembre.
El presidente Javier Milei, a través del Gobierno Nacional, tiene decidido avanzar con una serie de reformas estructurales —laboral, tributaria y penal— durante los dos años que le restan del mandato.
Esa agenda podría ver luz verde y avanzar luego del 10 de diciembre de este año, cuando asuman nuevos legisladores y se rediseñe de esa manera la estructura del Congreso nacional, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de octubre pasado. Bajo ese escenario, el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre, con la discusión sobre el Presupuesto 2026 como primer proyecto de relevancia a tratar en el ámbito parlamentario.
La línea que plantea el Gobierno nacional en torno a la reforma laboral se sostiene en una premisa que Milei repite desde el inicio de su gestión: la necesidad de “modernizar” las normas del trabajo y eso fue lo que el mismo presidente planteó en sus últimas declaraciones públicas.
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El Ministro de Economía, Luis Caputo, junto al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Aunque el Ejecutivo aún no envió un proyecto formal al Congreso, distintas señales denotan la intención del oficialismo en torno a modificar las reglas del ámbito laboral. Entre ellas, el proyecto firmado por la diputada santafesina de La Libertad Avanza, Romina Diez, y las exposiciones recientes del secretario de Trabajo, Julio Cordero, durante el último coloquio de IDEA.
En ese ámbito fue que Cordero expuso que, si los convenios colectivos generales conservan su esquema actual, podrían adaptarse a un marco de “exigencia mínima”, diseñado a partir de la situación de “la empresa más desfavorecida en la zona más desfavorecida del país”.
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Desde ese piso, explicó, cada compañía dentro de la misma actividad tendría margen para ofrecer mejores condiciones a sus empleados. Además, adelantó que el Gobierno impulsa la incorporación del llamado “salario dinámico”, un mecanismo destinado a premiar los niveles superiores de productividad.
Otros puntos sensibles de la discusión también aparecen en agenda. Uno de ellos es la extensión de la jornada laboral: el proyecto presentado por la diputada Diez contempla llevar el límite de las actuales 8 horas diarias hasta un máximo de 12, a través del artículo 197 bis. La misma iniciativa prevé que las PyMEs puedan afrontar indemnizaciones por despidos y multas derivadas de juicios laborales mediante un esquema de pago en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso recientemente en la Bolsa de Comercio de Córdoba las líneas centrales de la reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo. Allí adelantó que la propuesta buscará “simplificar el sistema y reducir la carga impositiva”, con bajas en el Impuesto a las Ganancias para las personas y una serie de medidas orientadas a dinamizar el mercado de capitales.
Entre las modificaciones en análisis, Caputo mencionó la reconfiguración del Impuesto al Valor Agregado, el tributo de mayor incidencia en la recaudación nacional. El esquema que evalúa el Gobierno nacional contempla que la Nación perciba una suma fija —que podría ubicarse en torno al 9%— mientras que cada provincia determine su propia alícuota, siempre dentro del límite actual del 21%.
Caputo mencionó la reconfiguración del Impuesto al Valor Agregado, el tributo de mayor incidencia en la recaudación nacional.
A la par, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, volvió a plantear que la eliminación del impuesto al cheque será un objetivo a concretar “cuando se consolide el superávit fiscal”. Esa línea encaja con otro de los propósitos del Gobierno: recortar impuestos de bajo impacto recaudatorio para simplificar el entramado impositivo.
El eje central de la reforma penal apunta a la consolidación de un sistema plenamente acusatorio a nivel nacional, acompañado por un incremento general de las escalas penales y por mecanismos destinados a agilizar los procedimientos judiciales. El proyecto presentado unifica toda la normativa en un único cuerpo legal y amplía su densidad: pasa de 316 artículos a 920.
Entre los aspectos más relevantes de la iniciativa se incluyen el agravamiento de las penas mínimas y máximas de acuerdo con la gravedad de cada delito; la ampliación del listado de delitos imprescriptibles —que abarcaría homicidios, abuso sexual en todas sus modalidades, trata de personas y crímenes vinculados al narcotráfico—; y la exigencia de cumplimiento efectivo en ocho de cada diez delitos.
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El Presidente Javier Milei junto a la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en la presentación del nuevo Código Penal.
A esto se suman restricciones más severas a los mecanismos de liberación anticipada, lo que en la práctica obligará a cumplir íntegramente la pena en una mayor cantidad de casos.
El proyecto incorpora, además, una nueva Ley Penal Juvenil que fija la edad de imputabilidad en 13 años. En paralelo, se amplía la nómina de delitos que dejarán de prescribir. Hoy, solo los crímenes de lesa humanidad tienen ese carácter; la reforma sumaría homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico y otros delitos graves.
Otro capítulo significativo es la incorporación de figuras novedosas que hoy no existen en el Código Penal. Entre ellas aparecen el “stealthing” (retiro no consentido del preservativo), la pornovenganza, las estafas piramidales, el secuestro virtual, la violencia organizada, delitos ambientales, crueldad animal sistemática y desvío de cuota alimentaria.
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La agenda de reformas podría ver luz verde y avanzar luego del 10 de diciembre de este año, cuando asuman nuevos legisladores y se rediseñe de esa manera la estructura del Congreso nacional.
El proyecto también dedica un apartado completo a los delitos que afectan la vida familiar —hostigamiento, maltrato, discriminación e incumplimiento de deberes de asistencia— e introduce reformas de peso en materia de delitos sexuales: incorpora el acoso sexual en ámbitos laborales y educativos, agrava las penas por grooming y endurece la sanción por difusión de material de abuso infantil.
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