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Política Biocombustibles | Biodiesel | Santa Fe

Una pelea que mueve millones: puja en el Congreso por la nueva Ley de Biocombustibles

La pulseada es clave para Santa Fe, que lidera la producción de biodiésel. Todo indica que el Gobierno priorizará a las provincias petroleras y a las del norte, sus más fieles aliadas.

La disputa enfrenta a provincias petroleras y a provincias productoras de biocombustibles y, entre estas últimas, a los distritos del norte –que cultivan caña de azúcar- y las poderosas provincias del centro –Córdoba y Santa Fe, donde impera el cultivo de soja y maíz-. En pocos días más vencerá la actual ley de biocombustibles -sancionada en 2006- y la pelea, que mueve intereses millonarios, tiene como escenario al Congreso, que se dirime entre prorrogar la ley o bien, como pretende el kirchnerismo, instaurar un nuevo régimen regulatorio.

El debate está instalado en la Cámara de Diputados y, particularmente, en la Comisión de Energía y Combustibles que preside el diputado oficialista Omar Félix quien, en representación de Máximo Kirchner, presentó el proyecto para una nueva ley de biocombustibles, resistido por las grandes empresas productoras. El oficialismo pretendía apurar el dictamen el viernes pasado, pero se encontró con la resistencia de Juntos por el Cambio y del lavagnismo. La reunión se postergó para el martes próximo. Todo indica que el kirchnerismo se saldrá con la suya y que apurará el dictamen y, posteriormente, la media sanción en el recinto.

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En Santa Fe se concentran las grandes compañías que exportan biodiésel y también las pymes, que lo producen para el mercado interno.

En Santa Fe se concentran las grandes compañías que exportan biodiésel y también las pymes, que lo producen para el mercado interno.

Habrá que ver cómo reacciona el Senado, que en octubre pasado dio media sanción a un proyecto de la santafesina María de los Angeles Sacnun para prorrogar por cuatro años el actual régimen. Sacnun actúa en tándem con su comprovinciano Roberto Mirabella, quien responde al gobernador Omar Perotti, y Carlos Caserio, senador por Córdoba y ex referente del gobernador Juan Schiaretti. “Si el proyecto kirchnerista pasa la Cámara de Diputados es muy difícil que lo podamos resistir en el Senado”, se lamentaba Caserio en la intimidad.

Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa es el que impone una drástica reducción del 10% al 5% en el corte obligatorio para el biodiésel, pero la autoridad de aplicación podrá reducir ese nivel al 3%, en función de la variación internacional de las materias primas. Esto desató una fuerte crítica de los productores de este combustible verde, que advirtieron que, así planteada, la nueva ley provocará un derrumbe de la producción y una caída de la actividad.

Una posibilidad que empezó a circular en las últimas horas es que podrían revisar ese número y darle algunos puntos más como una forma de quitarle argumentos a los opositores. La clave está en la discrecionalidad con que puede actuar la Secretaría de Energía para bajar o subir los porcentajes que fija el proyecto. En tanto, en etanol de caña de azúcar y maíz se mantiene el 12% actual, aunque Energía lo podría bajar al 9%. Denuncian que una eventual baja sería a expensas de las firmas de etanol de maíz.

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Timoneada por el santafesino Marcos Cleri, el proyecto plantea un régimen con vigencia hasta 2030, con la posibilidad de prorrogarse por 5 años, y establece mecanismos para evitar que la suba del precio internacional del maíz –una de las bases del bioetanol, junto a la caña de azúcar– impacte en los surtidores. También se fija un límite a la participación de grandes cerealeras en la producción del biodiésel para consumo local: la idea del oficialismo es que el negocio de los biocombustibles quede para las pymes del sector que posean una capacidad de hasta 50.000 toneladas de producción anual para el biodiesel.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con este proyecto? Según datos de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, existen 33 plantas de biodiésel -que se elabora a base de soja- con una capacidad de producción de 3,8 millones de toneladas. Doce están en la provincia de Buenos Aires y 15 en Santa Fe. Serían los perdedores en esta pulseada.

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En el caso del bioetanol (alcohol anhídrico), que se hace a base de maíz o azúcar, hay 33 plantas distribuidas de la siguiente manera según la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno: cuatro en Córdoba, ocho en Tucumán, y Salta, Jujuy, Santa Fe, San Luis y Santiago del Estero tienen dos cada una.

El corte del 12% para naftas se integra con un 50% de bioetanol de maíz y la otra mitad con la producción de los ingenios azucareros, con preminencia los ubicados en Tucumán. Son los potenciales ganadores. Alcanzan una producción de 749.000 metros cúbicos, es decir el 52% de todo el bioetanol que se produce.

Las petroleras siguen de cerca esta pulseada porque les concierne. A este sector le preocupa el artículo del proyecto kirchnerista que faculta a la Secretaría de Energía a prohibir las importaciones de combustibles para que en su reemplazo se utilice biodiésel o bioetanol, lo cual llevará a incrementar la cantidad de biocombustible y, por ser un producto más caro, aumentar el precio de los combustibles en las estaciones de servicio.

“Nos alejamos cada vez más de un esquema racional para adentrarnos a uno que busca seguir favoreciendo a los sectores que se beneficiaron en estos últimos 15 años de un esquema que les dio cuantiosos beneficios impositivos y, en contrapartida, generó miles de millones de dólares de costo para todos los argentinos”, reclamó una fuente del sector.

La pelea está en su apogeo. El Congreso definirá en las próximas horas, pero todo indica que el oficialismo priorizará a las petroleras y a las provincias del norte, sus más fieles aliadas.