En diciembre de 2020, el presidente y los gobernadores rubricaron el primer pacto fiscal.
Prensa Alberto Fernández
El nuevo pacto fiscal que el Gobierno firmará este lunes con los gobernadores, por el cual se habilita a las provincias a subir impuestos locales, promete desatar nuevos conflictos políticos, tanto en Juntos por el Cambio como en el oficialismo. En el principal espacio opositor hay diferencias internas sobre la conveniencia de suscribir esta nueva iniciativa; en el Frente de Todos, mientras tanto, anticipan que será difícil su aprobación en el Congreso.
En Juntos por el Cambio, este nuevo pacto fiscal colocará en veredas separadas a los dos principales contendientes por el liderazgo opositor, Horacio Rodríguez Larreta (PRO) y Gerardo Morales (UCR): mientras el jefe de gobierno porteño ya se pronunció en contra de cualquier suba de impuestos, el gobernador de Jujuy, al igual que su colega de Corrientes, Gustavo Valdés, analizan suscribir el pacto, tal como hicieron en 2019 y en 2020.
Esta será una de las cuestiones prioritarias que se abordarán en la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio que se celebrará este lunes. El objetivo del encuentro será escenificar una imagen de unidad en medio de las disputas internas que enfrentan sus socios por el perfil que debe adoptar el espacio opositor con vistas a 2023. Sin embargo, el Gobierno y su convocatoria a firmar, ese mismo lunes por la tarde, un nuevo pacto fiscal con los gobernadores puso a los líderes opositores en un brete.
Rodríguez Larreta ya anticipó que pegará el faltazo. “En la Ciudad no vamos a aumentar impuestos. Por eso no lo voy a firmar”, enfatizó, categórico. Morales y su colega Valdés meditan los pasos a seguir. Su presencia en la Casa Rosada junto al presidente Alberto Fernández y los gobernadores del PJ sería una postal muy difícil de digerir para el electorado de Juntos por el Cambio. Sin embargo, su provincia, como la de Corrientes, no gozan de la holgura fiscal de la Capital.
“Tenemos las cuentas en orden pero no nos sobra nada. Larreta se puede dar el lujo de no firmar el pacto; nosotros no”, enfatizan en el entorno de los mandatarios radicales.
Por esa razón tanto Morales como Valdés suscribieron en 2019 y 2020 sendos consensos fiscales promovidos por el gobierno de Alberto Fernández. De hecho, ordenaron a sus legisladores votar a favor de la iniciativa cuando ésta recaló en el Congreso. Se desmarcaron, así, del resto de la bancada de Juntos por el Cambio.
¿Será nuevamente así en esta oportunidad? En el radicalismo ya comenzaron los conciliábulos internos para definir qué acciones convendrían seguir. “Lo estamos evaluando. Que los gobernadores firmen el pacto fiscal no implica que, automáticamente, dispongan un aumento de los impuestos en sus provincias; esa es una facultad que habilita el pacto, no es un imperativo, por lo cual el gobernador puede tomar la decisión de mejor le convenga según la situación fiscal de su provincia”, aclaró un dirigente cercano a Morales.
“Este nuevo consenso fiscal tiene poco de consenso –ironizó otro legislador-. Se elude un tema clave para el interior del país, que son los subsidios para el transporte. También está pendiente la cuestión de la refinanciación de las deudas de la Nación y las provincias. Hay que estudiarlo bien antes de firmarlo”.
Lo cierto es que este nuevo pacto fiscal no supone sólo un dilema para Juntos por el Cambio. También resulta un desafío para el oficialismo, que tendrá la tarea de ratificarlo en el Congreso para que efectivamente entre en vigencia. No será un trámite sencillo, máxime desde que la Cámara de Diputados se ha convertido en un campo de batalla entre el Frente de Todos y la oposición tras el rechazo al proyecto de ley de presupuesto 2022.
El oficialismo corre con una ventaja: el tiempo. No necesita apurar la aprobación de este nuevo pacto fiscal pues previamente deberán refrendarlo las legislaturas provinciales. De hecho, el pacto fiscal que se suscribió en diciembre del año pasado recién fue convertido en ley por la Cámara de Diputados en junio de este año.
En esa oportunidad, el oficialismo se impuso por una amplia ventaja: 140 votos positivos frente a 105 negativos. El Frente de Todos contó con el aporte no sólo de los diputados radicales de Jujuy y de Corrientes; también sumó a los diputados cordobeses de Córdoba Federal, que responden al gobernador Juan Schiaretti, y a los legisladores de Consenso Federal.
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Sin embargo, la derrota del oficialismo en las últimas elecciones legislativas trastocó el escenario político. Ahora el interbloque Federal, que conduce Alejandro “Topo” Rodríguez, se muestra reticente a aprobar el nuevo pacto. “Nuestro bloque no apoya la suba de más impuestos”, afirman en la bancada. Cerca de Schiaretti aseveran que el gobernador no quiere mostrarse en la Casa Rosada para la firma del pacto. Difícilmente acompañen la iniciativa, máxime si ésta incluye la posibilidad de habilitar el polémico impuesto a la herencia.
El Frente de Todos tampoco contó con el apoyo de la izquierda, que votó en contra. De mantenerse en esta postura, el Frente de Todos no contaría con la mayoría suficiente para aprobar el proyecto en la Cámara baja. Por esa razón, la estrategia del oficialismo será dilatar como sea su debate.
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