Un ajuste, un nuevo préstamo del FMI y un poco de contención social

Esta es la tercera nota en serie sobre “la solución Massa” para resolver dos problemas resueltos con su nombramiento estelar: un insostenible –e inexplicable en un gobierno peronista– vacío de poder y la falta de un programa para salir de una corrida y una ofensiva mediática destituyentes. Sólo será dicho una vez más: alguien (no Massa ni los funcionarios del Frente Renovador) debiera colgar carteles que digan: “la oposición está fuera de cualquier pacto democrático”, no le interesa, es derrota anticipada (que incluye la Moncloa del 70% que reclama el embajador Marc Stanley) o nada, como a las exportadoras y los productores granarios tampoco les interesa ningún seguro contra devaluación ni Refinaplus 2023 (que llevaría la retenciones a 0 para los productores). Es devaluación del 30% (un dólar a 300 piden algunos irresponsables) o que se rompa lo que se tenga que romper, léase el país y el gobierno.

En la primera nota hablamos de Massa como interlocutor entre el presidente y su vice y sostén de una coalición que se licuaba sin proyecto de poder. En la segunda, sus cálculos y jugadas para ser la opción natural en 2023, porque si bien “Massa es joven y parece haber domado sus ansiedades presidenciales”, sabe que Massa 2027 es el dibujo del establishment, que imagina ocho años del mismo proyecto sin importar quien gobierne en éste orden: Larreta primero y Massa después. El gobierno que sufre y no conduce Alberto no cuenta para ésta serie, pues si bien no varía los patrones de acumulación, refuerza el famoso modelo extractivista y exportador que burla controles estatales o los reduce es escaramuzas menores, ni altera la distribución de la riqueza en beneficio de los trabajadores (de hecho la empeora), tiene a bordo a Cristina, La Cámpora y todos aquellos que se sienten representados por ella. Y hace concesiones parciales, trabajosas, “insuficientes”. Como la que nos ocupa en ésta nota, el decreto 826/22 que firma el jefe de Gabinete y oficializa los anuncios de Sergio Massa.

Gobernar por derecha para que no vuelva la derecha

Hace algunas horas, el presidente dio una extensa nota a las dos espadas mejor templadas del grupo Clarín (Alfano & Bonelli en horario central), esgrimiendo argumentos de resistencia, tanto para defender a Cristina de una ofensiva difícil de revertir en estrados judiciales, como para sostener su gestión tramada por tres catástrofes sucesivas (el gobierno macrista, la pandemia y la guerra entre dos potencias alimenticias y energéticas). Nada que reprochar, ni siguiera la alusión al suicidio de Nisman y la advertencia sobre un fusible de coyuntura, un árbol parlante sin ninguna trascendencia, como el fiscal Diego Luciani (el bosque es Magnetto). Alberto nunca amenazó nadie, hizo una lectura ajustada a las pruebas existentes en la causa.

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Pero el asunto es que resistiendo con argumentos, cifras y aguante no alcanzó en éstos casi tres años, ni alcanzará si no se corrige la deriva de las cifras que importan: el empleo registrado y pobre, la informalidad indigente, la y la voluntad extorsiva (saturada de reunionismo y otros rituales republicanos) de quienes regulan el flujo de las divisas que genera un modelo de crecimiento sin derrame.

Por eso mismo, analicemos los números fundamentales de una decisión administrativa con recortes importantes.

Repasemos números que ya publicamos en AIRE, como los del presupuesto de la administración nacional para el corriente año, determinado por el DNU 331/22, por un monto global de $16 billones de pesos contra un PBI previsto por Economía en $75,6 billones; es decir que el gasto público total representaba un 20,9% del Producto, sensiblemente menor a lo que representaba en 2020 (25,96%) y 2021 (24,3%). Era un presupuesto ajustado en línea con los compromisos asumidos (sin tocar las metas centrales) con el FMI. Ni Guzmán, ni Batakis, ni Massa iban ni van a reformular el modelo ni el acuerdo que lo condiciona.

Con la polémica estatificación de las tarifas públicas se observa una reducción de subsidios del 1,7% del PBI en 2022, a lo que debería sumarse el ahorro fiscal previsto por la Secretaría de Energía después de las precisiones de Massa a principios de mes: $47.500 millones para 2022 y $445.000 millones anualizados para 2023 (es decir un 0,6$ del PBI). Ahorro/ajuste del gasto decisivo pero insuficiente para la meta comprometida ¡en un año electoral! con el FMI: 1,9%.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

De las tres metas, el gobierno cumplió dos en el segundo trimestre. Ahora el FMI promete una inyección de fondos extra ante la negativa del campo de liquidar siquiera un cuarto de lo adeudado.

Según datos de la Secretaría de Hacienda el primer semestre 2022 acumula un déficit de $800.681 millones, un 1,1%, por lo que el Ministro de Ministros dispuso una poda que le permita llega con un rojo inferior a los $1,3 billones al cabo del segundo semestre.

La decisión administrativa 826/22 recorta el presupuesto vigente en $210.000 millones e incrementa el gasto en $82.000 millones -estimamos que a cuenta de aumentos por paritarias del sector público y alguna mejora transitoria en jubilaciones y pensiones), dejando las cosas en un ajuste neto de $128.000 millones.

Los sectores más afectados son:

Educación con $50.000 millones (afectado el Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, el programa Conectar Igualdad y gastos en infraestructura y equipamiento).

Salud con una reducción total de $10.000 millones afectados para la compra de vacunas contra el COVID y otros productos farmacéuticos y medicinales (incluidos en el Programa de Prevención y Control de enfermedades Transmisibles e Inmunodeprimibles).

Vivienda con una detracción total de %50.000 millonespertenecientes al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Afecta específicamente al Programa Procrear, grave teniendo en cuenta que contra un déficit habitacional de 3 millones de viviendas, desde la asunción del FDT se construyeron sólo 50.000 unidades habitacionales.

El Ministerio de Desarrollo Productivo fue afectado con un recorte de $70.000 millonesde los cuales el 70% (unos $50.000 millones) corresponden al FONDEP.

Desde la asunción de Massa y para fundamentar la ironía del “ajuste sobre un colchón de finas reparaciones”, la única medida –lejos de un shock distributivo– para mejorar ingresos populares es la mejora válida por un trimestre para los jubilados de la mínima (decreto 523/22), financiado por el pago a cuenta de ganancias para contribuyentes a los que les correspondan abandonar 100 millones de pesos o más.

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Una digresión antipática antes del remate, algo que nos vimos obligados a hacer cuando se decía que el peronismo no tenía tradición expropiadora (falso). En 1946, Juan Domingo Perón consiguió el apoyo del Congreso (otra correlación de fuerzas) para sancionar un impuesto a las Ganancias Extraordinarias de las empresas, producto de la post Segunda Guerra y creó por decreto el impuesto a las Ganancias Eventuales que gravaba la venta de activos inmobiliarios, equivalente a un 20% de las ganancias declaradas. La tesis de “no impulsamos ni mandamos al Congreso” nada que no se pueda ganar, sepulta cualquier esperanza de que iniciativas similares ocurran, esenciales para ampliar progresivamente la base recaudatoria.

Lo dijimos en la nota anterior y Ariel Sujarchuck –que no nos lee pero nos siente– salió a contestarlo: Massa no vino a traer buenas noticias, no las que el electorado kirchnerista espera y fueron ejes de campaña en 2019. Y una mala que implica arriar una bandera (otra) con que se distinguen los 12 años de Néstor y Cristina: en su próximo viaje a Estados Unidos, Massa va solicitar un nuevo préstamo al FMI por $1.300 millones, provenientes del remanente del Fondo Pandémico pero reembolsable.

Lo que hay entonces -en medio de una justa popular por impedir la proscripción de Cristina Fernández- es un ajuste indudable sin devaluación (por ahora) y la transformación del FDT en un dispositivo capaz de ejecutar un programa duro pero capaz de contener el descontento social, una suerte de neomenemismo con derechos humanos y perspectiva de género, compartido por el 70% de los partidos políticos argentinos.