Socialismo versus javkinismo: la interna rosarina que tumbó dos proyectos clave y tensiona a Unidos en Santa Fe
El enfrentamiento entre el Partido Socialista y el sector de Pablo Javkin dejó sin tratamiento dos iniciativas y expuso tensiones en Unidos.
La tensión no pasó inadvertida dentro del resto de Unidos. Especialmente en el radicalismo admiten que el episodio generó un fuerte malestar.
Lo que parecía una sesión destinada a saldar uno de los debates legislativos más extensos del año terminó exponiendo una disputa política que atraviesa al oficialismo santafesino. El Senado finalmente no trató este jueves el proyecto que prohíbe la actividad de los cuidacoches y, junto con esa decisión, también quedó frenado el tratamiento de la reforma del proceso contencioso administrativo. Detrás de ambas postergaciones no hubo diferencias con la oposición, sino una pulseada interna entre el sector que responde al intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el socialismo, que volvió a dejar en evidencia algunas tensiones que atraviesan a Unidos para Cambiar Santa Fe.
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La decisión implica que ninguno de los dos expedientes avanzará antes del receso parlamentario de invierno y traslada la negociación para la segunda mitad del año. En el oficialismo admiten que el conflicto excede el debate técnico sobre ambas iniciativas y refleja una disputa política que, aunque se desarrolla en la Legislatura, tiene como principal escenario la ciudad de Rosario.
La negociación que terminó con dos proyectos congelados en la Legislatura de Santa Fe
La secuencia comenzó cuando desde el Senado, encabezado por el senador por Rosario, Ciro Seisas, se ratificó la intención de insistir con la versión original del proyecto de ley que busca castigar la actividad de cuidacoches en la provincia, tal como había sido aprobada por la Cámara alta en marzo.
Esa postura encontró resistencia en el socialismo, que en Diputados había impulsado modificaciones profundas al texto para incorporar un enfoque más social y limitar las sanciones a los casos previstos por las ordenanzas locales.
Según pudo saber AIRE, la respuesta socialista fue política: insistir con la media sanción original de otro expediente sensible para Rosario, el que reforma el proceso contencioso administrativo y regula los reclamos contra la administración pública.
Fue entonces cuando la tensión salió de la Legislatura y llegó al Palacio de los Leones. De acuerdo con fuentes del oficialismo parlamentario, el intendente Pablo Javkin se comunicó con distintos referentes de Unidos para pedir que Diputados revisara esa decisión. La preocupación no estaba centrada en el proyecto contra los "trapitos", que el javkinismo impulsa desde hace meses, sino en las consecuencias que podría tener la nueva redacción del proceso contencioso administrativo para la Municipalidad de Rosario.
En particular, existía inquietud porque el texto pudiera facilitar herramientas a la oposición rosarina, encabezada por Juan Monteverde, para impulsar reclamos administrativos en conflictos de alto impacto público, como el debate por el parque acuático proyectado sobre la ribera del Paraná.
Finalmente, ninguna de las posiciones se impuso. El acuerdo fue político: si no había consenso en uno de los proyectos, tampoco lo habría en el otro. Ambos quedaron postergados hasta después del receso legislativo.
El proyecto que preocupa al intendente de Rosario
La reforma del proceso contencioso administrativo cumple con un mandato constitucional y ya había obtenido media sanción en Diputados. Sin embargo, durante su tratamiento en el Senado recibió modificaciones en dos artículos luego de consultas realizadas con distintos intendentes.
El principal planteo surgió desde Rosario. La preocupación era que, si los reclamos administrativos previos a la instancia judicial podían iniciarse sin costo alguno, se multiplicaran las presentaciones contra los municipios para cuestionar multas u otras decisiones administrativas.
Por ese motivo, la Cámara alta modificó los artículos 4 y 5 del proyecto y devolvió el expediente a Diputados. Precisamente sobre esa nueva discusión terminó montándose la negociación política que derivó en el freno de ambas iniciativas.
Cuidacoches: dos modelos dentro del oficialismo
El otro expediente en disputa también refleja diferencias de fondo dentro de Unidos.
La iniciativa original, impulsada por Ciro Seisas y aprobada por unanimidad en el Senado, propone prohibir la actividad de los cuidacoches mediante nuevas figuras contravencionales, con sanciones que incluyen trabajo comunitario, arresto en casos de reincidencia y agravantes cuando existan amenazas, violencia o la actividad se desarrolle en zonas de estacionamiento medido, eventos masivos o durante la noche.
"La idea es insistir con la media sanción del Senado", habían confiado fuentes de la Cámara alta.
Sin embargo, durante su paso por Diputados el proyecto fue profundamente modificado tras los cuestionamientos formulados por la Iglesia, organismos de derechos humanos y sectores del propio oficialismo.
La versión aprobada por la Cámara baja mantiene sanciones para quienes exijan dinero de manera intimidatoria, pero limita su aplicación a los lugares donde exista una prohibición establecida por normativa local, incorpora la prohibición de concurrencia como principal sanción y habilita el reemplazo por trabajo comunitario cuando así lo disponga la Justicia o exista acuerdo entre las partes. Además, incluía la creación de nuevos cargos en la Justicia.
Las diferencias nunca terminaron de saldarse y, una vez más, el expediente quedó sin definición.
Una interna que ya preocupa a otros sectores de Unidos
En la Legislatura coinciden en que la discusión dejó al descubierto una disputa cada vez más visible entre el espacio político que conduce Pablo Javkin —representado legislativamente por Ciro Seisas en el Senado y Ariel Bermúdez en Diputados— y el socialismo, cuyos principales referentes parlamentarios son Clara García, presidenta de la Cámara baja, y los diputados Joaquín Blanco y Lionella Cattalini.
La tensión no pasó inadvertida dentro del resto de Unidos. Especialmente en el radicalismo admiten que el episodio generó un fuerte malestar por el costo político que tuvo la falta de acuerdo.
"Tuvimos que romper un dictamen que ya estaba hecho", reconoció a AIRE una alta fuente del oficialismo, en referencia al proyecto sobre cuidacoches. Mientras que otro referente fue tajante al decir: "Lo que aquí falta es madurez política".