Santa Fe: crece la incertidumbre por la ley de cuidacoches y siguen las negociaciones en el oficialismo
La falta de consenso en el oficialismo frenó el tratamiento del proyecto. Buscan un acuerdo para definir el futuro de la iniciativa en Santa Fe.
La iniciativa original, impulsada por Ciro Seisas y aprobada inicialmente por el Senado, proponía prohibir la actividad de los cuidacoches mediante la incorporación de nuevas figuras contravencionales.
La ley que busca establecer sanciones para la actividad de los cuidacoches en Santa Fe volvió a quedar envuelta en la incertidumbre. Cuando el Senado provincial se preparaba para insistir con el proyecto original y rechazar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputadas y Diputados, las diferencias internas dentro del oficialismo frenaron el tratamiento y obligaron a abrir una nueva instancia de negociación política.
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La principal disputa atraviesa a Unidos. Por un lado, un sector del socialismo mantiene reparos sobre la iniciativa tal como fue concebida originalmente. En la vereda opuesta se ubica el espacio político del intendente de Rosario, Pablo Javkin, que impulsa con fuerza la aprobación del texto promovido por el senador Ciro Seisas. Esa falta de consenso impidió avanzar con la insistencia del Senado y también postergó, al menos por ahora, el tratamiento definitivo del proyecto de ley del proceso contencioso administrativo que esperaba sanción este jueves en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Durante la jornada se multiplicarán las reuniones entre legisladores oficialistas y autoridades del Poder Ejecutivo con el objetivo de encontrar una salida que permita destrabar el conflicto. En paralelo, el Ministerio de Justicia y Seguridad, encabezado por Pablo Cococcioni, sostiene una posición que también forma parte de la discusión: propone que la legislación otorgue a cada municipio la potestad de decidir si prohíbe o no la actividad de los cuidacoches en su jurisdicción, evitando que una persecución generalizada genere mayores costos operativos y logísticos para el sistema penal provincial.
Las diferencias entre el proyecto del Senado y los cambios introducidos por Diputados
La iniciativa original, impulsada por Ciro Seisas y aprobada inicialmente por el Senado, proponía prohibir la actividad de los cuidacoches mediante la incorporación de nuevas figuras contravencionales, estableciendo sanciones que iban desde trabajo comunitario hasta arresto para los casos de reincidencia, además de agravantes cuando existieran amenazas, violencia o la actividad se desarrollara en zonas de estacionamiento medido, eventos masivos o durante la noche. "Nuestra idea, es insistir con la media sanción del Senado", confiaron a AIRE fuentes de la Cámara Alta.
Sin embargo, durante el debate en Diputados el proyecto sufrió modificaciones sustanciales luego de los cuestionamientos planteados por la Iglesia, organismos de derechos humanos y sectores del propio oficialismo, que reclamaron un abordaje con mayor componente social. El texto aprobado por la Cámara baja incorpora el artículo 66 bis al Código de Convivencia y limita la aplicación de sanciones a quienes desarrollen la actividad sin autorización y únicamente en lugares donde exista una prohibición establecida por normativa local.
Qué establece la versión aprobada por Diputados
La redacción aprobada por Diputados mantiene sanciones para quienes exijan o soliciten de manera intimidatoria una retribución económica por permitir estacionar o por realizar tareas de cuidado, lavado o limpieza de vehículos en espacios públicos. Como sanción principal prevé la prohibición de concurrencia al lugar donde se cometió la infracción por hasta 60 días, plazo que puede extenderse de 60 a 120 días cuando la conducta ocurra en zonas de estacionamiento medido, en inmediaciones de eventos masivos o exista aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el género, la edad o la discapacidad.
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Además, el proyecto habilita que esa sanción pueda reemplazarse por trabajo comunitario cuando exista acuerdo entre las partes o así lo disponga el juez. También incorpora una figura específica para quienes organicen o coordinen estas actividades, con arresto de hasta diez días y prohibición de concurrencia al lugar por un plazo de hasta 240 días.
Con las diferencias aún sin resolver y las negociaciones abiertas entre los distintos sectores del oficialismo, el futuro de la ley continúa sin definiciones. El objetivo es alcanzar un acuerdo que permita destrabar un proyecto que, pese a haber avanzado en ambas cámaras, sigue sin reunir los consensos necesarios para convertirse en ley.