Seguridad en Santa Fe: fuerte debate político por reformas que amplían facultades policiales
El gobierno impulsa cambios en materia de seguridad para combatir el delito, mientras opositores y penalistas alertan sobre posibles avances sobre garantías.
El gobierno de Santa Fe envió a la Legislatura provincial un amplio paquete de proyectos de ley en materia de seguridad pública que promete abrir uno de los debates políticos y jurídicos más sensibles de los últimos años.
El gobierno de Santa Fe envió a la Legislatura provincial un amplio paquete de proyectos de ley en materia de seguridad pública que promete abrir uno de los debates políticos y jurídicos más sensibles de los últimos años. Bajo el argumento de dotar al Estado de “herramientas más eficaces” frente al crimen organizado, la iniciativa propone reformas profundas al sistema penal, penitenciario y de inteligencia criminal. Pero, al mismo tiempo, encendió alarmas en sectores de la oposición, el ámbito judicial y asociaciones de abogados, que advierten sobre un posible avance sobre garantías constitucionales y derechos individuales.
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El proyecto, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, sostiene que “los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales” frente a fenómenos de “criminalidad compleja, organizada y violenta”.
Seguridad en Santa Fe: fuerte debate político por reformas que amplían facultades policiales
La iniciativa modifica artículos centrales del Código Procesal Penal y habilita medidas que hasta ahora requerían controles judiciales más estrictos. Entre los puntos más controvertidos aparecen la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en determinados contextos, el interrogatorio policial a detenidos sin la presencia obligatoria de un abogado defensor y la creación de “zonas de intervención policial especial”, donde podrían restringirse circulaciones, demorarse personas hasta 48 horas y realizar controles intensivos.
Desde el oficialismo defienden la reforma como una actualización necesaria frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas. El diputado radical Martín Rosúa aseguró que el paquete representa “un cambio de paradigma” porque “el delito se hizo cada vez más complejo, más violento, más organizado y más sofisticado, mientras el Estado sigue teniendo herramientas de hace tiempo atrás”.
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Rosúa defendió especialmente la necesidad de acelerar tiempos procesales y ampliar facultades investigativas. “Esto es una actualización de las herramientas con las que el Estado persigue el delito, para llegar antes y tener respuestas frente a un crimen cada vez más potente”, afirmó.
El oficialismo además exhibe como argumento político la baja de indicadores de violencia en Rosario durante la actual gestión provincial. Según Rosúa, la ciudad registra “65 puntos menos en la tasa de homicidios”.
Los puntos más sensibles del proyecto
Uno de los artículos que más cuestionamientos genera es la modificación del artículo 110 del Código Procesal Penal. Allí se establece que la declaración del imputado deberá contar “en lo posible” con la presencia de su defensor, y además se habilita a la autoridad policial a interrogar personas “al solo efecto de orientar la investigación” cuando exista peligro para terceros o para la seguridad colectiva.
La redacción implica un cambio respecto del esquema acusatorio instaurado en Santa Fe en 2014, que había eliminado las declaraciones policiales sin asistencia técnica para evitar abusos y presiones sobre detenidos.
Otro punto central es la ampliación de los allanamientos sin orden judicial. El proyecto incorpora nuevos supuestos, entre ellos casos vinculados a criminalidad organizada, armas detectadas en la vía pública o allanamientos sobre áreas territoriales determinadas cuando exista “conmoción pública”.
También genera polémica la creación de “zonas de intervención policial especial”. Allí la policía podría establecer controles de acceso, requisar vehículos, restringir horarios de circulación, limitar desplazamientos y demorar personas hasta 48 horas “por razones de seguridad pública”.
A eso se suma la incorporación del llamado “procedimiento por decreto penal”, inspirado —según el texto oficial— en modelos europeos. El mecanismo permitiría dictar condenas en casos de menor complejidad sin juicio oral previo, salvo que el acusado formule oposición posterior.
El debate de fondo: seguridad versus garantías
La discusión excede lo técnico y expone una tensión histórica entre eficacia penal y garantías constitucionales. El gobierno provincial sostiene que la magnitud del crimen organizado exige herramientas excepcionales y mecanismos más ágiles de actuación estatal. La oposición y especialistas en derecho penal, en cambio, advierten que el combate contra el delito no puede justificar un retroceso institucional.
La diputada justicialista Alejandra Rodenas fue una de las voces más críticas. Cuestionó especialmente el procedimiento por decreto penal y afirmó que “Santa Fe fue pionera en la región cuando en 2014 puso en marcha el sistema acusatorio”. Según Rodenas, la reforma “destruye” principios básicos del modelo actual porque habilita condenas “sin juicio oral y sin contradictorio”.
La legisladora también apuntó contra las zonas de intervención especial y advirtió que podrían transformarse en mecanismos de “ocupación territorial” sobre barrios populares. “Los que van a vivirla en carne propia son los vecinos de los barrios que ya sufren la violencia”, sostuvo.
Desde el Frente Amplio por la Soberanía, el diputado Carlos Del Frade fue todavía más duro y vinculó el proyecto con una lógica de “control social” y expansión de negocios vinculados a la seguridad privada y tecnologías de vigilancia.
En tanto, el diputado Juan Argañaráz, del espacio Inspirar, expresó una posición intermedia. Señaló que acompañará las iniciativas que busquen “endurecer la mano con el delincuente”, aunque remarcó que el análisis debe hacerse “punto por punto” y “siempre respetando las garantías constitucionales”. En la misma línea, agregó que “la discusión de fondo es cómo logramos un Estado más eficiente contra el delito sin destruir garantías básicas que protegen a cualquier ciudadano. Las garantías constitucionales no están pensadas para defender delincuentes, sino para evitar abusos de poder”.
“También es cierto que la realidad del narcotráfico, la violencia y el crimen organizado exige actualizar herramientas procesales y agilizar procedimientos. El problema no es debatir reformas, sino hasta dónde avanzar sin romper principios fundamentales”, sostuvo y concluyó: “Considero muy delicado habilitar allanamientos sin orden judicial o tomar declaraciones sin defensor, porque ahí se puede abrir la puerta a arbitrariedades, causas armadas o abusos. Tal vez el camino sea fortalecer mecanismos excepcionales, rápidos y controlados judicialmente, pero no eliminar controles esenciales”.
La preocupación del mundo judicial
Las críticas más severas surgieron desde ámbitos vinculados al derecho penal y la defensa pública.
José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, calificó el proyecto como “un retroceso de cuarenta años” y recordó antecedentes de violencia institucional en la provincia. También cuestionó la posibilidad de incorporar inteligencia preventiva con controles judiciales laxos, al advertir sobre riesgos de espionaje a periodistas, abogados y dirigentes políticos.
En la misma línea se expresó el Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe. En un comunicado, manifestó “suma preocupación” porque varias disposiciones resultan “contrarias a los postulados de la Constitución Nacional”.
El documento cuestiona especialmente la posibilidad de que la policía interrogue personas sin defensor, los allanamientos dispuestos por fiscales y el procedimiento por decreto penal, al entender que podría derivar en condenas sin juicio previo.
También desde el Ministerio Público de la Defensa surgieron reparos. El defensor regional de Rosario, Martín Riccardi, alertó sobre “menoscabos a las garantías constitucionales” y cuestionó la eventual validación de pruebas obtenidas ilegalmente bajo criterios de “buena fe”.
Por su parte, la especialista en materia penal, Matilde Bruera, sostuvo que la aplicación de este tipo de medidas “es un retroceso inmenso”. Puntualmente, señaló que “restablecer la declaración en sede policial podría terminar en la reinstalación de la tortura en las comisarías y podría hacer desaparecer el control judicial, al igual que la ampliación de facultades policiales en materia de allanamientos sin orden judicial”.
Una discusión que recién empieza
El paquete legislativo recién inició su recorrido parlamentario y promete semanas de intensas discusiones. En el oficialismo descuentan que habrá modificaciones y negociaciones artículo por artículo, pero consideran que existe un consenso social amplio sobre la necesidad de endurecer políticas contra el delito.
La oposición y sectores jurídicos, en cambio, creen que el debate no debe quedar atrapado únicamente en la demanda de seguridad. La discusión de fondo pasa por determinar hasta dónde puede avanzar el Estado en nombre de la lucha contra el crimen sin afectar principios básicos del sistema democrático y constitucional.
El desafío político para la Legislatura será encontrar un equilibrio entre ambas demandas: mayor eficacia estatal frente al delito y preservación de derechos y garantías que constituyen pilares centrales del Estado de Derecho.