Cococcioni: "El gobernador Pullaro pide profundizar el rumbo en la lucha contra el delito y no levantar el pie del acelerador"
Lo dijo el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, durante el derribo de otro punto de venta de drogas en Rosario. Con esta intervención, la Provincia alcanza los 119 inmuebles inactivados desde la implementación de la Ley de Microtráfico.
La Ley de Microtráfico, que habilita el derribo de búnkers de drogas, es una herramienta que el Gobierno de Santa Fe presenta como eje de su estrategia para reducir la violencia y recuperar territorios dominados por economías criminales.
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles el derribo de otro inmueble utilizado para la venta de drogas, ubicado en Centeno al 2400, ciudad de Rosario. El procedimiento se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico.
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Con esta intervención, la Provincia alcanza los 119 inmuebles inactivados desde la puesta en marcha de la norma: 70 en la ciudad de Rosario y otros 8 en localidades del departamento, desde la sanción de la ley por parte de la Legislatura santafesina, en diciembre de 2023, y su posterior promulgación durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Durante la actividad, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que la política contra el microtráfico abrió una nueva etapa en la intervención sobre economías delictivas vinculadas al narcomenudeo.
“La problemática del microtráfico comenzó a abordarse a partir de una herramienta que nos otorgó la Legislatura hace poco más de dos años, dentro de una primera ola de reformas procesales penales y de seguridad para la Provincia”, explicó.
El funcionario recordó además que el Gobierno Provincial y la Fiscalía presentaron recientemente ante la Legislatura el informe bianual sobre la aplicación de la Ley de Microtráfico. “Los legisladores manifestaron conformidad con los resultados obtenidos. Eso nos da respaldo para plantear nuevas herramientas legislativas y profundizar este camino”, indicó.
Nuevos instrumentos
En ese sentido, Cococcioni defendió la continuidad de la estrategia de seguridad impulsada por la gestión provincial, para lo cual se envió un nuevo paquete de medidas a la Legislatura, para su tratamiento, que buscan endurecer aún más las acciones ya en marcha: “No es momento de flexibilizar la política de seguridad. Cuando un gobierno demuestra, junto con la Fiscalía y las instituciones del sistema penal, que las herramientas disponibles mejoran los indicadores, eso habilita a pedir nuevos instrumentos”.
Y añadió: “Los niveles de violencia disminuyeron de manera significativa, pero todavía estamos lejos de una situación óptima si nos comparamos con otras provincias y con la tasa nacional de homicidios. Por eso, la instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro es profundizar el rumbo y no levantar el pie del acelerador en la lucha contra la delincuencia”.
Intervención barrial integral
Por su parte, el fiscal César Cabrera explicó que el operativo excede el derribo puntual del inmueble y forma parte de una intervención más amplia en Villa Moreno y Villa Centeno.
“La acción no se limita al búnker. Se trata de una intervención barrial integral impulsada por los altos niveles de violencia y las denuncias sobre venta de estupefacientes en la zona”, señaló.
Según detalló, a partir de tareas de relevamiento se identificaron distintos puntos de comercialización ilegal. En el lugar intervenido se realizaron allanamientos con resultados positivos: secuestro de drogas y detención de personas vinculadas con la actividad ilícita.
“Se comprobó que la comercialización se desarrollaba antes de nuestra intervención e incluso continuó después. Por eso se solicitó el derribo del inmueble”, explicó Cabrera, quien remarcó que estos espacios “no solo impactan por la venta de estupefacientes, sino también por el entramado de violencia y delitos asociados al microtráfico”.
Una política orientada a recuperar territorios
Los derribos comenzaron a ejecutarse a principios de 2024 como parte de una estrategia coordinada entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe y, según el caso, fuerzas federales y gobiernos locales.
La política de microtráfico contempla no solo la persecución penal del narcomenudeo, sino también la inactivación de inmuebles utilizados para la comercialización de drogas o vinculados a hechos de violencia grave. El objetivo es impedir que esos espacios vuelvan a funcionar como focos delictivos en los barrios.
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Desde su implementación, la Ley de Microtráfico se consolidó como una de las principales herramientas de la estrategia de seguridad provincial para intervenir sobre economías criminales de pequeña escala, reducir la violencia y recuperar zonas afectadas por la presencia del delito organizado.