Seguridad en Santa Fe: el oficialismo busca un "Estado ágil" con un nuevo paquete de leyes en la Legislatura
El diputado Martín Rosúa analizó el paquete de leyes que el Ejecutivo envió a la Legislatura. "Queremos un Estado ágil y con capacidad de respuesta", sostuvo.
El paquete de leyes ingresado por el Gobierno provincial abre un profundo e intenso debate legislativo en Santa Fe.
El Gobierno de Santa Fe busca dar una nueva y profunda discusión en la Legislatura tras el ingreso del paquete de leyes de seguridad que había sido adelantado por AIRE y que propone una profunda reforma en materia procesal penal, facultades policiales, inteligencia criminal y régimen penitenciario.
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En diálogo con el programa Ahora Vengo de Luis Mino por AIRE, el diputado provincial y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Martín Rosúa, se refirió a las iniciativas enviadas por la gestión de Maximiliano Pullaro, y destacó la necesidad de construir un Estado con mayor capacidad de respuesta.
El legislador valoró el impacto de las herramientas legales implementadas desde el inicio de la gestión, ya que "el Estado tuvo un avance muy importante en la lucha contra el delito y el crimen organizado".
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En ese sentido, recordó que se dispuso de "un andamiaje jurídico enorme, con dos reformas profundas al Código Procesal Penal, ley de emergencia en seguridad pública, una ley de inteligencia y una ley de intervención de las cárceles". Para el diputado, aunque estas normas tuvieron mucha discusión desde la teoría penal, contaron con un gran respaldo y "generó que tengamos 60 puntos menos de homicidios en Rosario, una caída de delitos predatorios y la gente sin miedo a salir".
Con respecto al nuevo paquete de reformas, el referente legislativo argumentó que el objetivo central es "construir un Estado ágil y con capacidad de respuesta para fenómenos criminales cada vez más sofisticados". Al respecto, aseguró que los 11 puntos presentados por el Ejecutivo van exactamente en ese sentido.
Al ser consultado sobre las discusiones que pueden surgir en torno a las garantías constitucionales, Rosúa planteó una distinción fundamental sobre el espíritu de las leyes: "El garantismo, bien entendido, es importante. A la persona que está sospechada de cometer un delito le tenés que respetar el debido proceso, el principio de juez natural, el derecho a la defensa", reconoció.
Sin embargo, marcó una fuerte postura política al advertir que "estos derechos de los delincuentes hay que equipararlos con los derechos de las víctimas y los derechos de una sociedad a vivir en paz", concluyendo que es bajo ese equilibrio en el que deben legislar.
El legislador aclaró que "ninguno de estos institutos en los que estamos avanzando atacan al ciudadano de pie, sino que se anticipan, previenen y tratan de desarmar estructuras más complejas". Asimismo, se mostró abierto al debatir "casos al límite" que podrían sufrir modificaciones durante el proceso legislativo.
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Uno de los puntos más debatidos es la autorización para que los fiscales ordenen allanamientos de urgencia sin esperar la autorización judicial: "Para hacer un allanamiento se necesita la orden del juez, que muchas veces llega tarde. Este proyecto permite que el allanamiento se produzca con la orden del fiscal y que después la convalide el juez", precisó Rosúa, argumentando que la medida "no rompe con la garantía, sino que altera el orden cronológico de las cosas".
Al respecto, ejemplificó de manera directa: "Si te encuentro con un arma en la calle, permito que el fiscal allane el domicilio porque seguramente tenés más armas, cosas robadas o drogas. Si esperamos a la resolución de un juez, seguramente esa prueba se pierde".
Otro eje central de la reforma es la incorporación del juicio en ausencia para evitar la impunidad de los prófugos: "Hoy, si una persona comete un delito y se fuga, mientras está prófuga y transcurre el periodo de la pena, esa pena prescribe y es inocente. Es decir, el sistema procesal penal está armado para premiar la fuga", criticó con dureza.
Para revertir esta situación, explicó que "aunque sea para delitos más graves, si te fugaste, nosotros te nombramos un defensor e iniciamos el proceso en tu ausencia". No obstante, aclaró que el sistema resguarda el derecho a defensa ya que, al momento de ser capturado, el condenado "puede pedir una revisión de esa condena y aportar todos los datos que tenga".
Finalmente, el diputado se refirió a otras dos herramientas complejas que componen el proyecto. Por un lado, mencionó la declaración informativa en sede policial, reconociendo que "puede ser lo más cuestionado" debido a que implica citar a una persona que aún no está imputada pero sobre la cual existen sospechas.
Por el otro, defendió el mecanismo para los casos más sencillos, el cual "no los lleva a juicio oral y público, sino que genera un proceso simplificado e invierte el orden cronológico". Según detalló, este sistema permite llegar rápidamente a una condena, la cual puede ser revertida con posterioridad mediante el trabajo de la defensa pública.