El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, firmó un decreto municipal para declarar a la educación como un servicio público esencial, en línea con el discurso del Gobierno porteño y en simultáneo a la decisión de su par de Vicente López, Jorge Macri, de presentar un amparo por la nueva restricción a la presencialidad en las aulas.
Según informó el municipio, el referente de la UCR bonaerense firmó el pasado jueves el decreto 521/2021 por el cual instruye a las dependencias públicas del distrito a continuar trabajando para que "las clases puedan seguir impartiéndose de manera presencial".
Si bien la decisión no está por encima del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, se trata de un gesto político alineado con la postura adoptada por Juntos por el Cambio y con algunos de los jefes comunales de esa fuerza política.
El decreto instruye a la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos del municipio a continuar trabajando junto a la Dirección de Epidemiología de Salud Pública "en la ampliación y actualización de los protocolos sanitarios para que las clases puedan seguir impartiéndose de manera presencial".
Además, ordena a la Dirección General de Educación a continuar con las reuniones con autoridades de las escuelas de gestión privada y con los responsables provinciales de las escuelas públicas para que pueda continuar la presencialidad en las aulas de todos los colegios de San Isidro.
En simultáneo, Jorge Macri presentó ante la Justicia bonaerense un amparo para frenar en Vicente López la suspensión de las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril dispuesta por el Gobierno nacional para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
"Como gobierno tengo un poder que es la Justicia. No planteo una rebeldía, porque las normas están para ser respetadas. Voy a tratar de hacer lo que esté a mi alcance para garantizar que lo que no enferma, como las clases presenciales, continúe", afirmó el intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense.
Ambos intendentes accionaron así en el marco de la polémica por la decisión del Presidente, acompañada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que tiene a la Ciudad de Buenos Aires como escenario principal de la disputa entre el oficialismo y la oposición.
En los últimos días, el ex presidente Mauricio Macri había exhortado a los intendentes de la provincia de Buenos Aires a "imponer su liderazgo" y no acatar el decreto nacional en lo referido a las escuelas.
"Sé que en la nocturnidad desordenada e ilegal sí ha subido el nivel de contagio. Pero para eso en Vicente López vamos a entregarles a los gastronómicos, salones de fiestas y gimnasios un subsidio no reintegrable de 40 mil pesos para que puedan seguir subsistiendo", explicó Jorge Macri.
Dijo que "está demostrado que los chicos no se contagian en las escuelas" y cuestionó al gobernador Kicillof por no consultar la medida con los intendentes.
"A todas las familias, quiero decirles que voy a hacer todo lo posible por sostener la presencialidad en las aulas. Presentamos un amparo en la justicia para que en Vicente López no cierren las escuelas. Estoy convencido que es el lugar donde los chicos tienen que estar", destacó en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.
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En tanto, al anunciar la movida este jueves en declaraciones a la prensa, el intendente de Juntos por el Cambio sostuvo: "Si alguna burbuja se contagia voy a hacer todo lo posible para que se cumpla el distanciamiento y los cuidados. Pero la solución no es cerrar las escuelas".
"Nuestro pedido viene abalado por los estudios que indican que las actividades escolares no contagian y son las propias estadísticas del gobierno nacional las que demuestran que los niveles de contagio entre alumnos, personal docente y no docente son inferiores al 1%", subrayó el intendente de Vicente López.
El mandatario comunal de Juntos por el Cambio encaró una estrategia similar a la que puso en marcha la Ciudad de Buenos Aires, que fue con un amparo a la Corte Suprema de Justicia para que quede sin efecto la suspensión de las clases.
La decisión del presidente Alberto Fernández cosechó duras críticas de la oposición, especialmente por el cierre de las aulas por dos semanas.
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