El hecho se produjo cuando el trabajador realizaba un reclamo a la empresa para la que presta servicios por presuntas deudas salariales. En ese contexto, el hombre se habría rociado con una sustancia altamente combustible y, en medio de la intervención de la policía, recibió una descarga de una pistola Taser.
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El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, remarcó que aún no se puede establecer con certeza qué provocó que el hombre se incendiara. “La palabra clave es posibilidad. Es posible que haya sido (por la descarga), también está la posibilidad de que no haya sido y haya sido otro factor”, explicó.
En ese sentido, subrayó que el caso debe ser investigado por la Justicia para garantizar objetividad: “Tratándose de un hecho de esta naturaleza corresponde que intervenga la fiscalía para un esclarecimiento externo al propio ministerio”.
El funcionario indicó que existen elementos técnicos que serán clave para la investigación, como los registros de las cámaras corporales (bodycam) de los agentes y el sistema digital de las Taser, que permite reconstruir segundo a segundo la descarga eléctrica aplicada.
El accionar de la policía, en la mira
Sin embargo, Cococcioni reconoció que el uso de este tipo de dispositivos no está recomendado en contextos donde hay inflamable. “Claramente no se recomienda. Hay que evaluar muchísimos factores, como la presencia de material combustible, la altura de la persona o el entorno”, afirmó, y señaló que este punto “enciende una luz amarilla” sobre el procedimiento.
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Respecto a la implementación de las pistolas Taser en la provincia, el ministro explicó que se trata de una prueba piloto. “Se compraron 100 dispositivos y no 25.000 justamente para evaluar resultados y hacer correcciones progresivas”, detalló, al tiempo que aseguró que todos los agentes que las utilizan fueron capacitados, aunque no la totalidad de la fuerza.
Por su parte, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, confirmó que se están auditando los procedimientos para detectar posibles fallas, tanto en la formación como en la aplicación de los protocolos.
Interviene la Unidad Fiscal de Violencia Institucional
En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanza con la investigación judicial. Según informaron a AIRE, la causa se inició en la Unidad de Homicidios Culposos a partir de un aviso policial, bajo la hipótesis inicial de una posible tentativa de suicidio.
Las primeras medidas fueron solicitadas por el fiscal Matías Edery, quien ordenó, entre otras diligencias, un informe a Bomberos para determinar el origen del fuego.
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No obstante, a medida que se incorporaron nuevas pruebas —especialmente registros fílmicos—, se resolvió que el expediente sea remitido a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, dado que intervino personal policial en el hecho.
Desde el MPA señalaron que, por el momento, no hay declaraciones previstas ya que se encuentran en curso distintas medidas investigativas. Una vez completadas, la causa será formalmente reasignada a un fiscal de la unidad especializada, que tendrá a su cargo analizar el accionar de los agentes involucrados y establecer eventuales responsabilidades.
