lunes 19 de abril de 2021
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Rechazo unánime de la Junta de Fiscales a la Comisión de Seguimiento del Senado

En un comunicado enviado este lunes, el Ministerio Público de Acusación sentó postura sobre la Comisión de Estudio, Seguimiento y Evaluación del funcionamiento que aprobó la cámara alta santafesina este último jueves.

En concordancia con lo manifestado desde el Colegio de Magistrados, el Ministerio Público de Acusación emitió un comunicado en donde establece, que según la junta de fiscales que se realizó en relación a la reciente conformación de la comisión del Senado, se está en presencia de un hecho “que denota una gravedad institucional inusitada y que es una clara intromisión en el MPA y en las investigaciones penales en curso”.

En el inicio de la misiva aclara que lejos está la comisión de poder encuadrarse en el sistema de pesos y contrapesos que debe existir entre los Poderes del Estado. Aludiendo a la vez que está fuera de todo marco convencional, constitucional y legal y contradice los artículos 5; 6 y 29 de la Constitución Nacional y los artículos 1; 2; 9 y 46 de la Constitución Provincial.

En otro punto detalla que se fundamenta en afirmaciones falaces e imprecisas, referidas a diversas investigaciones judiciales que han sido llevadas a cabo en el ámbito del MPA y contrariamente a lo alegado por los legisladores, el desarrollo de las investigaciones penales referidas demuestra el correcto y eficaz funcionamiento del organismo en su función de persecución penal, así como de los mecanismos internos de control, con la intervención de la Auditoría General de Gestión.

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Hace referencia también a lo establecido por la ley provincial número 13.013, la cual establece que el MPA tiene sus propios sistemas de control que fueron establecidos en su ley de creación y modificados por el Poder Legislativo de la provincia en diversas oportunidades (ley 13.695 de fines de 2017 y ley 13.807 de fines de 2018, en relación a estas dos últimas hoy está debatida su constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia).

En el detalle de los articulados que pueden violentarse, explica que en el supuesto caso de que se materialicen y exterioricen actos que impliquen el ejercicio ilegítimo de la función pública mediante la realización de algunas de las acciones previstas como ‘facultades’ de esta comisión, se podría configurar la comisión de delitos de ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo (artículo 246 tercer inciso del Código Penal) y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal).

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También enumera en relación a las facultades autoatribuídas a la nueva comisión legislativa, que da lugar a que exista la posibilidad de que reciba denuncias y pruebas de los hechos que son objeto de la investigación –función de los fiscales del MPA que tienen a su cargo el ejercicio de la acción penal pública, tal como lo establece el artículo 20 de la ley provincial número 13.013– convertirían a la nueva comisión en una especie de organismo judicial paralelo y se estarían dando a conocer a personas ajenas a los responsables de la investigación pruebas cuya divulgación podría entorpecer el curso de una investigación. Además, no se establece en su caso el procedimiento que habrá de seguir a partir de su recepción, pudiendo incluso dilatar su conocimiento por parte de los órganos fiscales encargados por ley del ejercicio de la acción penal pública.

Para concluir, las autoridades del MPA resolvió informar oficialmente las decisiones tomadas al gobernador de la provincia; a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Provincia; a las cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación; al Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; a las asociaciones de Fiscales y Funcionarios del MPA; al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y a las universidades nacionales del Litoral y de Rosario.