La Legislatura dio un paso clave para destituir a un fiscal acusado de simular un robo y por otras denuncias
A Diego Rodríguez y Barros se lo acusa de llegar tarde a una audiencia en el MPA y, luego, haber realizado una presunta denuncia por el robo de neumáticos.
En la última reunión, la Comisión Bicameral de Acuerdos avanzó considerablemente sobre el expediente sancionatorio.
La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe avanzó en el proceso disciplinario contra el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros, quien permanece suspendido preventivamente. La acusación ya se encuentra en una etapa avanzada luego de la declaración de testigos y de la presentación de la defensa del funcionario.
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El expediente, que se inició a partir de la acusación contra el fiscal por la presunta simulación del robo de dos neumáticos de su vehículo, incorporó además otras denuncias vinculadas a presuntos malos tratos hacia trabajadores de la fiscalía de San Jorge.
Según confirmaron fuentes de la Comisión Bicameral de Acuerdos a AIRE, esas nuevas denuncias serán incorporadas al proceso y formarán parte de la acusación que impulsa el diputado Marcos Corach, quien actúa como acusador en el procedimiento.
Por la trascendencia de los hechos que se investigan y el avance del expediente, en la Legislatura ya analizan la posibilidad de que el proceso derive en una sanción grave contra el fiscal. Las fuentes consultadas estimaron que durante septiembre podría avanzarse con el pedido de una sesión conjunta de ambas cámaras para definir el futuro del funcionario.
La acusación contra el fiscal por el presunto robo de dos neumáticos
El proceso disciplinario se originó a partir de una investigación interna del Ministerio Público de la Acusación, luego de que surgieran sospechas sobre una denuncia presentada por Rodríguez y Barros por el supuesto robo de neumáticos de su vehículo.
La hipótesis investigada apunta a que el fiscal habría simulado el robo para obtener la reposición de los elementos por parte de la compañía aseguradora.
Ante las sospechas, el MPA realizó una consulta de oficio a la empresa aseguradora, que respondió señalando que el caso presentaba indicios de irregularidad.
La investigación quedó en manos del auditor del MPA, Leandro Mai, quien posteriormente remitió las actuaciones a la Legislatura.
A partir del análisis del expediente, la Comisión Bicameral de Acuerdos resolvió avanzar con la suspensión preventiva del fiscal, que contempla una reducción del 50% de su salario y la prohibición de ingresar a dependencias del Ministerio Público de la Acusación mientras se desarrolla el proceso disciplinario.
Nuevas denuncias por malos tratos en la fiscalía de San Jorge
El expediente sumó ahora un nuevo elemento de gravedad: denuncias de trabajadores de la fiscalía de San Jorge por presuntos malos tratos atribuidos al fiscal.
Estas presentaciones se incorporarán a la acusación que lleva adelante el diputado Marcos Corach y serán consideradas junto con los hechos que dieron origen al proceso disciplinario.
La existencia de estas denuncias ya había sido mencionada durante la decisión de suspender preventivamente al funcionario. En aquella oportunidad, la vicepresidenta de la Comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini, había dicho que “trabajadores han hecho denuncias en su contra por maltrato y que nos lo han notificado", en referencia a Rodríguez y Barros.
Declararon testigos y también presentó su defensa
El proceso disciplinario ya atravesó una instancia central: declararon los testigos convocados por la Comisión de Acuerdos y el fiscal acusado tuvo la posibilidad de ejercer su defensa.
Con esas etapas cumplidas, la comisión se encuentra ahora en condiciones de avanzar sobre la acusación y definir los próximos pasos del procedimiento.
De acuerdo con fuentes parlamentarias consultadas por AIRE, el objetivo es que durante las próximas semanas se termine de consolidar el expediente con los elementos incorporados y, si se cumplen los plazos previstos, en septiembre se solicite una sesión conjunta de Diputados y Senadores para avanzar en la resolución definitiva.
El fiscal había cuestionado el proceso disciplinario
Antes de la suspensión preventiva, Rodríguez y Barros había presentado un recurso de amparo ante la Justicia para intentar frenar el proceso disciplinario en la Legislatura.
Su defensa sostuvo que el caso debía ser evaluado bajo el nuevo sistema de enjuiciamiento previsto por la Constitución de Santa Fe, al considerar que ese esquema ofrece mayores garantías vinculadas con el debido proceso, el derecho de defensa y la oralidad.
Desde la Comisión de Acuerdos, en cambio, se sostuvo que mientras no se sancione la legislación necesaria para implementar el nuevo sistema, continúa vigente el procedimiento actual.
En ese sentido, Cattalini había cuestionado el planteo del fiscal y considerado que implicaba un “claro desconocimiento de la Constitución en general”. La legisladora explicó que las disposiciones transitorias de la nueva Carta Magna establecen que, hasta que se dicte la legislación correspondiente, debe aplicarse el mecanismo actualmente vigente.
