Crimen de Andrés Pillín Bracamonte: investigan si un fiscal filtró información de la investigación
El MPA empezó una investigación interna contra el fiscal Ferlazzo por una supuesta intromisión en la megacausa sobre el homicidio de Andrés Pillín Bracamonte.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) empezó una investigación interna contra el fiscal Alejandro Ferlazzo por una supuesta intromisión reiterada e injustificable de este funcionario en la megacausa sobre el homicidio de Andrés Pillín Bracamonte y Ricardo Attardo.
La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) empezó una investigación interna contra el fiscal Alejandro Ferlazzo por una supuesta intromisión reiterada e injustificable de este funcionario en la megacausa sobre el homicidio de Andrés Pillín Bracamonte y Ricardo Attardo, que ocurrió en noviembre de 2024. Ferlazzo estaba al frente del caso en un inicio, junto con otros colegas del MPA, pero fue corrido de la investigación.
Te podría interesar
Este funcionario, según fuentes judiciales, habría ingresado al sistema y suministrado información privilegiada de la causa al abogado Juan Cruz Salinas, que ejerce la defensa de los hermanos Vázquez. A la par, se inició una causa penal contra el fiscal, que está a cargo de Adrián Spelta. Además, la conducción de la Fiscalía de Rosario decidió llevar adelante una reasignación entre los fiscales, entre los que se encuentra Ferlazzo, que pasó a la unidad de delitos culposos.
Investigan si un fiscal filtró información de la investigación del crimen de Pillín Bracamonte
Los crímenes de Bracamonte y Attardo y toda la constelación criminal en torno a la barra de Rosario, tiene bajo sospecha a la banda de Los Menores, y a Fernando "Narigón" Vázquez como gestores de estas ejecuciones que cambiaron el gerenciamiento del núcleo duro de la hinchada canalla. Desde un principio se detectaron pasajes extraños en esta historia. El corte de luz en las inmediaciones del estadio, donde se produjo el doble homicidio, y el accionar de la policía. La investigación tuvo dificultades durante meses para avanzar en dilucidar qué ocurrió y porqué.
El supuesto comportamiento del fiscal y la intromisión reiterada e injustificable en el sistema informático de la Fiscalía Regional de Rosario para hacer consultas o visualizaciones en el legajo del homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte motivó la apertura de un sumario en la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El investigado es el fiscal Ferlazzo, quien enfrenta también una causa penal. Es probable que si avanza la pesquisa esto también tenga repercusiones en la Legislatura santafesina.
Esta causa se transformó en una de las más importantes en los últimos años, porque, como ocurrió en su momento con Los Monos o Esteban Alvarado, a partir de un crimen la investigación busca desmantelar una organización criminal que amplificó su poder en Rosario en los últimos dos años. Por eso, este hecho que se analiza y el rol del fiscal superan una simple pesquisa disciplinaria.
No hubo una falta administrativa, sino un delito
La hipótesis de que desde una fiscalía ingresaron de forma impropia y sin motivo a una investigación contra una importante organización criminal, con miembros imputados por la ejecución de la persona que lideró durante veinte años la barra brava de Rosario Central, presume para la auditoría no una falta administrativa sino un delito. Por eso mismo se abrió una causa que lleva el fiscal Spelta, que es el que está a cargo de investigaciones complejas y de conductas de funcionarios públicos.
En el caso parece renovarse una patología institucional que sacudió la Fiscalía Regional Rosario en 2024 con la conocida como guerra de fiscales, que motivó pronunciamientos e intervenciones de la Legislatura y del Poder Ejecutivo. Fue un escándalo iniciado con dos fiscales que acusaron por corrupción a un colega, lo que motivó allanamientos y secuestros de teléfonos de ese fiscal y una empleada en la misma sede del Centro de Justicia Penal. En este nuevo caso se investiga a un fiscal irrumpiendo en la investigación que llevan otros.
La pesquisa actual ya fue comunicada a la Legislatura que tiene potestad en casos donde las presuntas faltas graves cometidas por fiscales en funciones superen la suspensión por 60 días sin goce de haberes. Este caso en proceso ya cuenta con numerosas declaraciones testimoniales en la auditoría relativas a la intromisión en una causa ajena.
¿Se compartieron datos reservados de una declaración?
Pero hay una incidencia en investigación que le da un cariz más grave. Se investiga si un fiscal o alguien de una fiscalía ajena a la pesquisa del homicidio de Bracamonte compartió datos reservados de una declaración, tomada en el marco de la causa del crimen, con el abogado defensor de los hermanos Sebastián y Alejandro Vázquez, ambos imputados en el asesinato del ex líder de la hinchada de Central.
El nuevo investigador de los asesinatos de Bracamonte y su segundo en la barra Daniel Attardo es el fiscal Ignacio Hueso. Hace unos meses el abogado Juan Cruz Salinas le reprochó que existían actuaciones no dadas a conocer por la fiscalía que daban indicios de acciones cuestionables de parte de los primeros fiscales que tuvieron la causa, en especial Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra.
El fiscal Hueso se quedó perplejo y le dijo que esa declaración a la que aludía, amén de muy cuestionable, era reservada, por lo que el único modo de que estuviera en su conocimiento era que alguien de la fiscalía se la había facilitado.
El abogado defensor, según las actuaciones en curso, había mencionado entonces el nombre de alguien de la fiscalía que se las entregó. Esto forma parte, de acreditarse, de un acto de naturaleza delictiva.
Esta controversia puede ser para la auditoría causal de expulsión del MPA para el funcionario que aparece señalado como responsable de estas acciones en investigación, tanto el reiterado ingreso indebido a una causa ajena como compartir con el abogado defensor de una organización criminal datos de una de las investigaciones fiscales más trascendentes de los últimos años en cuanto al fenómeno de las bandas en Rosario.
No es la primera vez que ocurre una situación de esta naturaleza. Esta cuestión de facilitar información específica desde adentro de la Fiscalía de Rosario tiene un antecedente resonante. Fue cuando se descubrió, en 2020, que un funcionario del MPA compartía información reservada con el capitalista de juego Leonardo Peiti. Ese empleado luego fue identificado. Fue Nelson Ugolini y esa sola acción justificó el secuestro de su celular que en este caso no fue requerido. El caso es el mismo que determinó la detención y sentencia contra el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, fallo que está en revisión que se conocerá en estos días.
