Protestas de la Policía en Rosario y la provincia: el Gobierno anuló sanciones y anunció mejoras salariales
Tras la instancia de diálogo, se levantaron las disponibilidades y se anunció que ningún agente con alta carga horaria cobrará por debajo de la canasta básica.
El Ejecutivo dio marcha atrás con los pases a disponibilidad
En el marco de las protestas policiales que comenzaron en Rosario y se extendieron a otras ciudades de la provincia, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció que dejarán sin efecto los pases a disponibilidad y convocó a los efectivos alcanzados por la medida a “ tomar el arma y reintegrarse” de inmediato al servicio.
En la misma conferencia, el ministro de Economía, Pablo Olivares, adelantó que todo el personal de seguridad y del servicio penitenciario con una carga horaria de 48 horas o más tendrá un ingreso que no será inferior al valor de la canasta básica para un hogar tipo, como parte de una recomposición salarial en análisis.
Anuncios del Gobierno de Santa Fe tras las protestas policiales
Previo a la conferencia de prensa en la sede de Gobierno en Rosario, ambos ministros mantuvieron un encuentro con una serie de representantes policiales, según confirmó el corresponsal de AIRE, Rodrigo Miró, en diálogo con Luis Mino en el programa Ahora Vengo.
Cococcioni explicó que, a lo largo del conflicto, “la seguridad estuvo garantizada”, con un promedio de 100 móviles policiales y alrededor de 60 de fuerzas federales. Según precisó, no se registraron situaciones de gravedad y todas las incidencias fueron atendidas, mientras que la operatividad en los días previos osciló entre el 80 y el 90 por ciento en la Unidad Regional II.
El ministro sostuvo que “en ningún momento nos negamos a dialogar”, aunque aclaró que el Gobierno no podía sentarse a negociar si eso implicaba afectar la operatividad. Por ese motivo, indicó que se pidió el restablecimiento de “niveles razonables de patrullaje”, algo que —según detalló— fue cumplido a partir de las 22 del martes, con un “importante acatamiento”.
En ese contexto, confirmó que los pases a disponibilidad dispuestos en las horas más tensas del conflicto quedarán sin efecto. “Fueron medidas que se tomaron en el momento; como Gobierno teníamos que dar una señal”, afirmó. También reconoció que pudo haber habido confusiones: “Hay gente que pudo haber quedado en disponibilidad que, en el marco de un fenómeno del que participaron muchas personas, quizá quiso tomar el servicio y se sintió condicionada porque los demás no lo tomaban”.
Cococcioni señaló que se optó por no presionar a los efectivos para evitar exponerlos a conflictos internos y remarcó que las decisiones adoptadas fueron “a la luz de las circunstancias”. “Damos vuelta la página, entendemos que pudo haber gente que no tuvo la intencionalidad de perjudicar el servicio”, expresó.
Cococcioni señaló que se optó por no presionar a los efectivos para evitar exponerlos a conflictos internos y remarcó que las decisiones adoptadas fueron “a la luz de las circunstancias”. “Damos vuelta la página, entendemos que pudo haber gente que no tuvo la intencionalidad de perjudicar el servicio”, expresó.
La respuesta del Ejecutivo al reclamo salarial
Uno de los ejes centrales del planteo policial fue la cuestión salarial. Según detalló el ministro de Seguridad, el reclamo apuntó a que incluso las jerarquías más bajas, sin antigüedad ni funciones especiales, puedan aproximarse al valor de la canasta básica. Indicó que la definición técnica requería esperar los datos oficiales que el INDEC publicará, para comenzar a construir una política pública al respecto.
Cococcioni consideró que “el fondo de los reclamos es aceptable” y sostuvo que no se plantearon medidas irrazonables, sino demandas orientadas a mejorar la situación del personal. “Si tenemos que hacer un esfuerzo mayor para reconocer de manera diferenciada al personal de seguridad respecto del resto de la administración pública, entendemos que eso es correcto”, afirmó.
En esa línea, recordó que el reclamo lo protagonizan fuerzas que “trabajaron incansablemente” en un contexto en el que la provincia llegó a registrar 450 homicidios dolosos en un año. “El personal de seguridad hizo un esfuerzo sobrehumano”, sostuvo, y agregó que incluso se mantuvo diálogo con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en un escenario que calificó como “atípico”.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, amplió los alcances de la propuesta. Señaló que se escucharon especialmente las inquietudes del personal subalterno y reconoció que la alta carga horaria —48 horas o más— impacta en la vida familiar y limita la posibilidad de generar otros ingresos. “Sabemos que son hogares que se nutren de la fuente de ingreso de la función policial”, indicó.
Olivares planteó que esa carga horaria genera estrés y que esa condición debe ser considerada en cualquier esquema de recomposición salarial. Por ello, confirmó que todo el personal del escalafón general de seguridad y del servicio penitenciario que porte arma y cumpla 48 horas o más tendrá un ingreso no inferior al valor de la canasta básica para un hogar tipo, y que a partir de ese piso se avanzará en la jerarquización del salario.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, amplió los alcances de la propuesta. Señaló que se escucharon especialmente las inquietudes del personal subalterno y reconoció que la alta carga horaria —48 horas o más— impacta en la vida familiar y limita la posibilidad de generar otros ingresos.
Un proceso abierto
El Gobierno señaló que, tras esta instancia de diálogo, se abre un proceso que “no se agota” en los anuncios realizados y que continuará en construcción.
Mientras tanto, las demás unidades regionales se encuentran “prácticamente normalizadas”, aunque se mantienen bajo análisis situaciones puntuales vinculadas a posibles infiltraciones en las manifestaciones, según indicó Cococcioni.
