Las ciudades que gestionan sus servicios de colectivos urbanos, como Santa Fe, vivieron como una señal alentadora el posible aumento de los subsidios. Pero ahora el tema quedó en una nebulosa.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
En junio pasado la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación dictaminó a favor de un incremento presupuestario para el Fondo de Transporte de Pasajeros del Interior que lo ubicaba en 59.500 millones de pesos para 2022. Ciudades como Rosario y Santa Fe, entre muchas otras, que gestionan sus servicios de colectivos urbanos lo vivieron como una señal alentadora en medio de una niebla presupuestaria que les impide ver más allá de un puñado de meses.
Sin embargo, en las últimas dos semanas la niebla se hizo más densa todavía y no es a causa del invierno precisamente, sino por las dificultades financieras que enfrenta el gobierno nacional, la falta de un presupuesto anual aprobado por el Congreso y la inflación que se estima en torno al 80% acumulado para el final del año. Todo ese combo preanuncia que la pelea por hacerse de los subsidios que sostienen el sistema de transporte urbano e interurbano enfrenta nuevas sombras en el camino.
“Todos los proyectos con impacto fiscal los quiere ver (la ministra de Economía Silvina) Batakis antes de que se dé cualquier paso”, avisa un diputado santafesino. Tiene lógica que la nueva ministra, en el medio de la situación de crisis de las cuentas públicas en la que asumió, quiera opinar sobre todo proyecto de ley que implique nuevas erogaciones al Tesoro nacional. El problema es que los colectivos urbanos e interurbanos tienen que seguir circulando y los subsidios nacionales son determinantes para que eso ocurra.
“Yo creo que tiene posibilidades de convertirse en ley porque hay un apoyo explícito de los gobernadores, que son los que lo están empujando”, explicó el secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello. Para el funcionario, “hoy hay 38.000 millones garantizados por decreto y eso permite llegar a octubre. Algo van a tener que hacer porque si no, no hay forma de llegar a fin de año”. Miatello recuerda que “en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la proporción entre subsidio y tarifa para cubrir los costos es 90/10% y acá es aproximadamente 65/35%”. Informa que las cámaras de empresas del transporte, tanto del norte como del sur provincial, ya pidieron aumentos y que según el último estudio de costos, “el atraso tarifario es del orden del 70%”.
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La paradoja es que los gobernadores, en su gran mayoría del propio oficialismo, estén empujando una ley para asegurarse subsidios suficientes porque temen que el gobierno se los recorte ante la comprobada capacidad de presión del AMBA y porque saben de las dificultades del presidente para avanzar en aquellos temas donde la vicepresidenta tiene intereses concretos, teniendo en cuenta que el conurbano bonaerense es su bastión electoral y que el cristinismo considera las tarifas bajas como una política de salario indirecto.
Sin embargo para el gobierno nacional una ley como la que obtuvo dictamen en la Comisión de Transporte le pone un corsé: le impone un monto sensiblemente superior a los 46.000 millones comprometidos y le quita margen de maniobra en medio de la crisis, cuando se prepara para un ajuste en las cuentas públicas. A su favor está que pidió la cuenta unificada de todos los organismos públicos y fideicomisos, donde se encuentran los referidos a transporte, para tener el comando de todas las cajas.
Esos 46.000 millones es la cifra que el gobierno prometió a las provincias para el Fondo de Transporte del Interior en 2022, la misma que se había acordado en el Congreso y que quedó en la nada al no aprobarse el Presupuesto 2022.
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El proyecto de ley garantiza 59.500 millones de pesos hasta fin de año. Hasta aquí obtuvo dictamen de la Comisión de Transporte. Algunos diputados y gobernadores quieren que apenas termine el receso legislativo consiga dictamen en la comisión de Presupuesto que preside Carlos Heller y luego obtenga media sanción. Sin embargo, Heller no avanzará sin la venia de la Casa Rosada, y en particular de la ministra de Economía. En esa comisión también está el presidente de la bancada oficialista, el santafesino Germán Martínez, quien articula las necesidades del Ejecutivo con la primera minoría de la Cámara baja y nunca estuvo del todo de acuerdo en la forma en que se trabajó el dictamen en Transporte, donde tuvo activa participación otro rosarino, Eduardo Toniolli.
Cabe aclarar que el proyecto sólo habla de la emergencia del transporte y subsidios hasta fin de año, pero no se mete con la discusión de fondo, que es la inequitativa distribución de la torta de subsidios entre la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA y el resto del país.
La idea original de los diputados era arrancar con un dictamen de 70 mil millones, pero Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y hombre fuerte del Ministerio de Transporte, les dijo a los legisladores que si superaba los 60 mil millones no podía garantizar que el Ministerio de Economía no lo vetase. Todavía Martín Guzmán estaba en Economía. Por eso el dictamen fijó el monto en 59.500.
Guzmán les había dicho a los funcionarios de Transporte que si querían más subsidios para el interior aumentasen las tarifas en Buenos Aires, que están congeladas desde 2019 y son irrisorias en relación a las que se pagan en el resto del país. A principios de junio se anunció un aumento de 40%, de 18 a 25 pesos, pero todavía no está claro cuándo se implementará. La medida se demoró y ahora las urgencias de la caja que maneja Batakis contrastan con la tolerancia social a los aumentos y las presiones políticas del cristinismo por una medida que golpe a su principal electorado.
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