Con semejante protagonismo del Poder Judicial, pasó a ser estratégico para cualquier proyecto de poder tener injerencia en el Consejo de la Magistratura, porque es ahí donde los consejeros definen que los jueces sean investigados, sancionados y/o exculpados; y se promueven y/o bloquean nuevos magistrados. La Constitución Nacional de 1994 en su artículo 114, por lo delicado de su función, manda que su integración contemple “el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”, además de “otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique una ley especial” dictada por el Congreso.
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La representación parlamentaria
La división “táctica” del bloque de senadores le permitió a la vicepresidenta Cristina Fernández sumar un consejero extra y quedarse con tres de los cuatro representantes que le corresponden al Senado en el organismo. La ley que había sido derogada en 2006 y que acaba de reimponer la Corte Suprema indica que cada cámara designa cuatro consejeros para integrar el Consejo de la Magistratura. Dos por el bloque de mayor representación parlamentaria, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría. Con la ley declarada inconstitucional –que rigió entre 2006 y hasta el lunes pasado–, cada cámara tenía tres, faltaba entonces completar con uno por Diputados y uno por el Senado. En el medio hubo una gestión política que pocos conocen.
El fallo de diciembre de la Corte tiene dos partes: declaró la inconstitucionalidad de la ley de 2006; y le da un plazo de 120 días al Congreso para sancionar una nueva, o de lo contrario volvía la norma de 1997 que fue derogada.
Para cuando se cumplió el plazo, el 18 de abril pasado, la nueva ley sólo había alcanzado media sanción en el Senado. Para evitar que el presidente de la Corte Horacio Rosatti asuma al frente del Consejo ese lunes 18, un sector del oficialismo propuso un decreto de necesidad y urgencia con la letra de esa media sanción, pero el presidente se negó, más que por la reacción opositora esperable, porque consideró que sería judicializado y declarado inconstitucional el DNU, ya que la Constitución de 1994 deja específicamente en manos de “una ley especial” el diseño del Consejo de la Magistratura.
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Así las cosas, cuando llegó ese lunes 18 de abril, buena parte del arco político y judicial creía que la toma del control del Consejo por parte de Horacio Rosatti era un jaque mate para el cristinismo. Y que las furibundas críticas de la vicepresidenta en Twitter y de voceros como Oscar Parrilli en los medios, eran gritos de impotencia. Pero como los teros, Cristina y su mesa chica orquestaban en sigilo la partición del bloque de 35 bancas en uno de 21 (Frente Nacional y Popular) y otro de 14 (Unidad Ciudadana) para llevarse el consejero de la segunda minoría, relegando al PRO que tiene 9. La segunda minoría, que ya tenía su consejero, sigue siendo la UCR, con 18 bancas.
Se trató de una jugada al límite, más habitual de lo que se cree en los ámbitos parlamentarios, que no es ilegal pero gambetea el espíritu de la ley en cuanto al diseño institucional de la representación en el organismo.
Si bien la movida de la vicepresidenta para quedarse con el nuevo consejero que le corresponde al Senado evidencia la relevancia estratégica que tiene para ella esa silla en el Consejo de la Magistratura, las reacciones y el inusitado y personalizado despliegue de críticas en un sector de la prensa y de la política, dice los mismo de otros núcleos de poder político y corporativa.
Otro detalle que no debe pasar inadvertido es que la jugada de la vicepresidenta se hizo en acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, lo cual ratifica lo consolidada que está la sociedad política entre ambos que dio nacimiento al Frente de Todos en 2019.
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En este caso, Sergio Massa designó a la radical Roxana Reyes como consejera por la Cámara baja. De esa manera respetó los acuerdos previos que tenía con la UCR y a la vez evitó que Juntos por el Cambio se tirara en bloque encima del oficialismo, sabiendo que mientras el radicalismo estuviera contenido, quedaría aislado el cordobés Luis Juez, que de antemano se había calzado el traje de consejero senatorial en acuerdo con el PRO.
A esa altura, a la jugada de Cristina y Massa sólo le quedaba una pieza suelta, y era nada menos que el bloque de diputados del Frente de Todos que preside el rosarino Germán Martínez. Martínez reclamó el nuevo consejero para que “el bloque de mayor representación parlamentaria” tuviera los dos representantes que manda la ley. Si bien Martínez sabe que si se mira la foto completa la jugada es favorable para el Frente de Todos (estaba a punto de llevarse los dos consejeros JxC y al final es uno y uno), desde su rol institucional correspondía reclamar el lugar. Además necesitaba dar una señal de autoridad sobre una decisión que le competía a su bancada pero se tomó en otro ámbito. De ahí el reclamo judicial (que no prosperó), del que previamente hablaron con Massa. Ambos entendieron la posición del otro y habrán quedado en volver a hablar en noviembre, cuando haya que renovar las designaciones.
Génesis y rosca en la ley
El Consejo de la Magistratura fue creado por la Constitución de 1994 directo de los acuerdos entre el entonces presidente Carlos Menem y su antecesor Raúl Alfonsín, en lo que se conoció como el Pacto de Olivos. Como no hubo acuerdo en la convención constituyente, los detalles de su integración y funcionamiento quedaron reservados a la sanción de una ley especial, lo que recién se logró hacer en 1997.
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Esa ley refleja la realidad política de aquel momento. El menemismo quería que Julio Nazareno estuviera al frente el Consejo de la Magistratura, mientras que el Frepaso, que entonces era una fuerza en ascenso, empujó un cuarto representante para las segundas minorías después del bloque de mayor representación parlamentaria.
En resumen, la composición que establece aquella ley, ahora vigente de nuevo, es de 19 integrantes: el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 4 jueces del Poder Judicial de la Nación; 8 legisladores; 4 representantes de los abogados de la matrícula federal; 1 representante del Poder Ejecutivo; 1 abogado, profesor titular regular de cátedras universitarias de facultades de Derecho nacionales.
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