Este martes, el exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, declaró luego de ser imputado en una investigación judicial en la que lo acusan de espionaje ilegal durante su paso por el gobierno santafesino. Según el exfuncionario, el gobernador Omar Perotti estaba al tanto de la política de pesecución penal que llevaba adelante el equipo de esa área y también aseguró que durante los gobiernos del Frente Progresista, más precisamente durante la gestión de Maximiliano Pullaro al frente de Seguridad, también se confeccionaron carpetas sin ninguna orden judicial de por medio.
El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach expresó que “la imputación al exministro Saín estuvo en manos de la opinión pública antes de que efectivamente suceda".
Maiquel Torcatt / Aire DigitalAl respecto, y a través de las redes sociales, el ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach expresó que “la imputación al exministro Saín estuvo en manos de la opinión pública antes de que efectivamente suceda. No hay otra explicación para esto que la intencionalidad política de quien lo filtra”.
“Esa misma intencionalidad se confirma con el tratamiento mediático del caso: buscan atribuirle al gobernador indicaciones delictivas cuando en realidad lo citado por el exministro es la orden de separar definitivamente el universo delictivo de la política y del Estado”, advirtió el funcionario.
En la misma dirección, Corach indicó que “de quienes están de campaña anticipada con mentiras y victimizaciones ya no se puede esperar nada, pero una vez más insistimos: así como la justicia no debe ser el ámbito para hacer política, la política no debe reducirse a la ventaja y las operaciones”.
Marcelo Sain dijo que su accionar fue legal
Sain declaró en el marco de una causa en la que lo acusan de ser el jefe de una asociación ilícita, que fue conformada por funcionarios públicos pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los cuales tuvieron como objetivo cometer diversos delitos contra la administración pública y personas humanas y jurídicas.
“La política y las estrategias de control del crimen fueron manifiestamente decididas por el gobernador Perotti”, insistió Sain, quien aseguro que no se realizaron actos ilícitos y que el eje de la gestión fue trabajar “fuertemente en los delitos de poder que comprometían estructuras políticas, judiciales y policiales asociadas al crimen organizado”.
En su declaración ante los fiscales que llevan adelante la causa, Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, del área de Delitos Complejos del MPA, el exministro Sain negó “rotundamente las acusaciones que ustedes me hicieron, ratifico que no hemos cometido ninguno de los delitos que, en términos muy generales, ustedes nos imputaron, creo que ustedes utilizan el (artículo) 210 (asociación ilícita) para magnificar la cosa. En el fondo creo que los delitos son ordinarios, de carácter menor y que ustedes necesitan engrosar este supuesto caso penal”. “La política y las estrategias de control del crimen que nosotros desarrollamos en el Ministerio de Seguridad eran claras y fueron manifiestamente decididas por el gobernador Perotti. Nosotros teníamos como uno de los ejes de la gestión trabajar fuertemente en los delitos del poder que comprometían a estructuras políticas, judiciales y policiales asociadas al crimen organizado. Ese fue un mandato del gobernador Perotti desde el minuto cero de la gestión”.
“El 11 de diciembre de 2019 (cuando asumió ante la Asamblea Legislativa), el gobernador Perotti dijo ‘esto se acabó’. Dijo que tenía que haber una clara línea infranqueable que divida sin más a las instituciones estatales, con la legalidad de un lado y el mundo delictivo del otro”.
“Nosotros teníamos el mandato de desarrollar acciones tendientes a cortar el vínculo entre política y crimen, conforme a la orden manifiesta del gobernador Perotti. Esto después lo ratificó –y fueron numerosas las ocasiones en que el gobernador hizo explícita esa orden política– el 30 de diciembre de 2020, un año después de haber asumido, ante dirigentes, intendentes y presidentes comunales del PJ”.
“Nosotros en el Ministerio de Seguridad recibimos directivas expresas del gobernador y él siempre estuvo al tanto de todo lo que desarrollamos en esta materia, en esta estrategia política de control de la criminalidad del poder en la provincia de Santa Fe”.
“Entre las facultades y las obligaciones que nosotros teníamos para llevar adelante esta estrategia, estaba producir algo básico, que es análisis criminal de aquellas problemáticas sobre las que teníamos que definir estrategias y acciones concretas. Acá no hay nada novedoso porque el grueso de esa información se elaboró sobre la base de datos de acceso público. Y hago una clara distinción: datos de acceso público, aún obtenidos en el marco de empresas que organizan esa información y se compra ese servicio de compilación de información. Porque queda claro que la información de acceso restringido requiere de autorización judicial y acá nadie ha tenido acceso a información que requiera autorización”, concluyó.
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