Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, quienes llevan adelante la investigación contra Marcelo Sain y otros exfuncionarios por presunto espionaje ilegal, señalaron que “no hay ninguna ley que establezca que este tipo de delitos tienen competencia federal”. Sain fue imputado este martes como jefe de una asociación ilícita dedicada –según la hipótesis de la Fiscalía– a recabar información sobre personas y empresas sin contar con autorización judicial.
Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos del MPA.
En conferencia de prensa, después de imputar a los ocho acusados que tiene la causa –entre ellos el primer ministro de Seguridad de la actual gestión provincial–, los fiscales dijeron que “de ninguna manera” la causa debería tramitarse en el fuero federal: “La competencia federal es excepcional, está prevista por ley, la ley que nosotros hemos atribuido las maniobras de inteligencia ilegal de ninguna manera establece la competencia federal, mucho menos los delitos de abuso de autoridad, peculado y malversación”.
“No hay ninguna ley que establezca que este tipo de delitos tienen competencia federal”, continuaron los fiscales. “Además, la asociación ilícita estaba conformada por funcionarios públicos de la provincia y los bienes jurídicos afectados también son de la provincia”.
La imputación contra Sain y sus exfuncionarios, por asociación ilícita y otros delitos, implica una pena en expectativa de cinco años como mínimo. Los fiscales evitaron adelantar si los ocho acusados transitarán el proceso en libertad: “Estamos evaluando cuáles son las medidas cautelares que vamos a solicitar, no podemos adelantar nada porque no lo tenemos definido, pero eventualmente, y cuando lo planteemos ante el juez, se van a saber”.
Detalles de la causa por espionaje ilegal en Santa Fe
El exministro Marcelo Sain fue formalmente imputado este martes por la causa que investiga el espionaje ilegal de políticos, policías, empresarios, periodistas y funcionarios judiciales durante su paso por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
La atribución de los hechos fue en una audiencia que se dio por videoconferencia en la cual el exfuncionario fue asistido por su abogado Hernán Augusto Martínez, quien además representa a los otros implicados que tiene el caso: Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública) y Agustina Mounlins (la cual fue contratada durante la gestión).
En la audiencia, los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, le atribuyeron a Sain haber encabezado una asociación ilícita de carácter “permanente, estable y organizada” y que fue conformada por funcionarios públicos pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y el Organismo de Investigaciones, los cuales tuvieron como objetivo cometer diversos delitos contra la administración pública y personas humanas y jurídicas.
Según indica la imputación, la organización funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 (unos días después de quedar al frente de la gestión) hasta el 26 de noviembre de 2021, cuando se desarrollaron los allanamientos en Rosario de la sede del Ministerio de Seguridad.
Para los fiscales Sain fue el jefe de la asociación ilícita, mientras que por debajo estuvieron la exdirectora de la Agencia de Control Policial (ACP), Nadia Schujman y la exfuncionaria del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini, en su carácter de organizadoras. Por su parte, en la tercera línea y como miembros, quedaron Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública), Diego Rodríguez (Exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (Excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública). Todos ellos fueron imputados este martes por la tarde, en una segunda audiencia realizada en la Fiscalía de Delitos Complejos.
La investigación, surgida a partir de una denuncia presentada el 31 de agosto del 2021, surge que de la asociación ilícita habría tenido dos estructuras diferentes: una ubicada en la órbita del Ministerio de Seguridad, y la otra en el Ministerio Público de la Acusación.
Las imputaciones
En cuanto a los cargos, la Fiscalía le imputó a Sain "asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
En el caso de Montenegro, fue acusado de asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba.
Mientras que Moulins quedó implicada en asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las leyes; destrucción de documentos y elementos de prueba.
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