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Política Espionaje ilegal | Marcelo Sain | Provincia de Santa Fe

Marcelo Sain dijo que su accionar fue legal, que el gobernador estaba al tanto y que en gestiones anteriores también se recopiló información

El exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, declaró ante los fiscales que lo imputaron por violar la ley nacional de inteligencia mediante la confección de perfiles de personas que fueron creados sin una orden judicial. "El grueso de esa información se elaboró sobre la base de datos de acceso público. La información de acceso restringido requiere de autorización judicial y acá nadie ha tenido acceso a esa información", explicó Sain.

El exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, declaró este martes luego de ser imputado en una investigación judicial en la que lo acusan de espionaje ilegal durante su paso por el gobierno santafesino. Según el exfuncionario, el gobernador Omar Perotti estaba al tanto de la política de persecución penal que llevaba adelante el equipo de esa área y también aseguró que durante los gobiernos del Frente Progresista, más precisamente durante la gestión de Maximiliano Pullaro al frente de Seguridad, también se confeccionaron carpetas sin ninguna orden judicial de por medio.

Sain declaró en el marco de una causa en la que lo acusan de ser el jefe de una asociación ilícita, que fue conformada por funcionarios públicos pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los cuales tuvieron como objetivo cometer diversos delitos contra la administración pública y personas humanas y jurídicas.

“La política y las estrategias de control del crimen fueron manifiestamente decididas por el gobernador Perotti”, insistió Sain, quien aseguro que no se realizaron actos ilícitos y que el eje de la gestión fue trabajar “fuertemente en los delitos de poder que comprometían estructuras políticas, judiciales y policiales asociadas al crimen organizado”.

En su declaración ante los fiscales que llevan adelante la causa, Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, del área de Delitos Complejos del MPA, el exministro Sain negó “rotundamente las acusaciones que ustedes me hicieron, ratifico que no hemos cometido ninguno de los delitos que, en términos muy generales, ustedes nos imputaron, creo que ustedes utilizan el (artículo) 210 (asociación ilícita) para magnificar la cosa. En el fondo creo que los delitos son ordinarios, de carácter menor y que ustedes necesitan engrosar este supuesto caso penal”.

“La política y las estrategias de control del crimen que nosotros desarrollamos en el Ministerio de Seguridad eran claras y fueron manifiestamente decididas por el gobernador Perotti. Nosotros teníamos como uno de los ejes de la gestión trabajar fuertemente en los delitos del poder que comprometían a estructuras políticas, judiciales y policiales asociadas al crimen organizado. Ese fue un mandato del gobernador Perotti desde el minuto cero de la gestión”.

“El 11 de diciembre de 2019 (cuando asumió ante la Asamblea Legislativa), el gobernador Perotti dijo ‘esto se acabó’. Dijo que tenía que haber una clara línea infranqueable que divida sin más a las instituciones estatales, con la legalidad de un lado y el mundo delictivo del otro”.

“Nosotros teníamos el mandato de desarrollar acciones tendientes a cortar el vínculo entre política y crimen, conforme a la orden manifiesta del gobernador Perotti. Esto después lo ratificó –y fueron numerosas las ocasiones en que el gobernador hizo explícita esa orden política– el 30 de diciembre de 2020, un año después de haber asumido, ante dirigentes, intendentes y presidentes comunales del PJ”.

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“La política y las estrategias de control del crimen fueron manifiestamente decididas por el gobernador Perotti”, declaró Sain.

“La política y las estrategias de control del crimen fueron manifiestamente decididas por el gobernador Perotti”, declaró Sain.

“Nosotros en el Ministerio de Seguridad recibimos directivas expresas del gobernador y él siempre estuvo al tanto de todo lo que desarrollamos en esta materia, en esta estrategia política de control de la criminalidad del poder en la provincia de Santa Fe”.

“Entre las facultades y las obligaciones que nosotros teníamos para llevar adelante esta estrategia, estaba producir algo básico, que es análisis criminal de aquellas problemáticas sobre las que teníamos que definir estrategias y acciones concretas. Acá no hay nada novedoso porque el grueso de esa información se elaboró sobre la base de datos de acceso público. Y hago una clara distinción: datos de acceso público, aún obtenidos en el marco de empresas que organizan esa información y se compra ese servicio de compilación de información. Porque queda claro que la información de acceso restringido requiere de autorización judicial y acá nadie ha tenido acceso a información que requiera autorización”.

Las acusaciones de Marcelo Sain contra Maximiliano Pullaro

El exministro, cuyo mandato culminó en marzo del 2021, aclaró además que durante las gestiones del Frente Progresista también se llevó a cabo análisis criminal y que se recolectó información mediante datos de acceso público.

En este sentido, aseguró que en la Secretaría de Investigación Criminal, al frente de Rolando Galfrascoli, se recopiló información, como así también en la de Seguridad Comunitaria. “Cuando había una balacera iban al barrio, se ponían el traje de Plan Abre y ahí obtenían información”, aseguró Sain.

Después sostuvo que quien inició las tareas de perfilamiento al gremio Upcn, que conduce Jorge Molina y quien es querellante por medio del abogado Ignacio Alfonso Garrone, fue la gestión de Pullaro y no la de Sain.

Sain también criticó a los fiscales y sostuvo que no pudieron encuadrar el caso dentro de un delito penal. De hecho, aseguró que esta causa es “poco penal y muy política con querellantes que la Fiscalía salió a reclutar".

Es importante recordar que en este caso se constituyeron como querellantes el Estado provincial (por medio del fiscal de Estado, Ruben Weder), el diputado Maximiliano Pullaro (exministro de Seguridad durante el gobierno del Frente Progresista), el gremio Upcn, los abogados Evelin Andriozzi y Jorge Bedouret y el empresario de medios de Rosario, Gustavo Scaglione.

Los imputados en la causa de espionaje ilegal

Además de Marcelo Sain, la Justicia imputó en primer término a Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública) y a Agustina Mounlins (la cual fue contratada durante la gestión).

Por la tarde también fueron imputados la exdirectora de la Agencia de Control Policial (ACP), Nadia Schujman, y la exfuncionaria del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini, en su carácter de organizadoras.

Por su parte, en la tercera línea y como miembros de la asociación ilícita, quedaron Diego Rodríguez (exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública). Todos ellos fueron imputados este martes por la tarde, en una segunda audiencia realizada en la Fiscalía de Delitos Complejos.