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Política Legislatura | Ministerio Público de la Acusación |

Nueva controversia por el sistema de remoción de fiscales: proyectos de ley contrapuestos en Diputados y el Senado

En la Cámara de Diputados de la provincia ingresó un proyecto de Fabián Palo Oliver para quitarle a la Legislatura el control de los fiscales y reponer el Tribunal de Disciplina. En el Senado hay otro proyecto, de Rubén Pirola, que propone ampliar la posibilidad de sancionar a los fiscales.

Mientras en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe ingresó un proyecto del radical Fabián Palo Oliver para quitarle a la Legislatura el control de los fiscales –que tantos conflictos suscitó– y reponer un Tribunal de Disciplina con diversas representaciones, en el Senado acaba de ingresar otro proyecto de ley, del justicialista Rubén Pirola, que en sentido contrario amplía la posibilidad de sancionar a los fiscales y que, en definitiva, reafirma la voluntad de conservar el control sobre ellos cuando se trate de faltas graves.

En 2017 y 2018 los legisladores –por unanimidad en ese momento– reformaron la ley 13.013 para autoadjudicarse el control de las faltas graves previstas en el régimen disciplinario de los fiscales. Desde entonces se abrió un conflicto que, cuatro años más tarde, está en camino de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió el caso y analiza los pasos a seguir, a partir de una presentación realizada por un grupo de fiscales en enero pasado.

La reforma abrió un profundo conflicto. Los fiscales y distintas instituciones denuncian el actual régimen disciplinario como un mecanismo de presión y sometimiento por parte de los legisladores para evitar que investiguen delitos relacionados a la política. Más aún después que en diciembre de 2020 el Senado rechazara quitarle los fueros al senador Armando Traferri para que se lo pudiera imputar en la causa por juego clandestino.

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El proyecto del Senado

El proyecto de ley lleva la firma del senador por Las Colonias Rubén Pirola y propone una modificación al artículo 52° de la ley 13013 en la parte detalla las faltas graves de los fiscales.

El cambio propuesto alcanza al inciso 7°, que en su actual redacción considera falta grave “No informar o negarse a informar injustificadamente a la víctima”.

Pirola propone ampliar la redacción: “No informar o negarse a informar injustificadamente a la víctima o no observar o incumplir las disposiciones legales para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas”.

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Fabián Palo Oliver, diputado provincial, Oliver propone derogar una decena de artículos de la ley 13.013 reformada y cambiarlos por una redacción alternativa. 

Fabián Palo Oliver, diputado provincial, Oliver propone derogar una decena de artículos de la ley 13.013 reformada y cambiarlos por una redacción alternativa.

En los fundamentos, el senador indica que se pretende ampliar la tipificación de falta grave, no limitándola solamente al deber de información en relación a la víctima, sino también considerando la falta del fiscal que no observe o incumpla las disposiciones legales para el ejercicio de los derechos de las víctimas.

Pirola recordó a Aire Digital que el Senado tiene para estudio un proyecto de ley de víctimas de delitos que llegó con media sanción de Diputados de autoría del diputado Oscar Martínez; está la ley nacional de derechos y garantías de víctimas de delitos (27372/17) y hay una serie de artículos del Código Procesal Penal de la provincia refieren a reconocimiento y protección de esos derechos.

En base a ese marco, el senador quiere que el régimen disciplinario “no sólo sea enunciativo” de esos derechos sino también que explicite “las responsabilidades que acarrea su no cumplimiento y la posibilidad de iniciar los procesos disciplinarios”.

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En definitiva se propone una redacción que permite una amplia interpretación y aporta otra potencial causa de sanción a un fiscal.

Sin embargo, Pirola sostiene que la modificación surge de la necesidad que les transmiten los familiares y víctimas de delitos: “Nosotros en las innumerables reuniones que como senadores tenemos con familiares de víctimas vemos que no tienen un marco legal adecuado para exigirle al sistema que proteja sus derechos”.

El representante de Las Colonias entiende que “la redacción actual es muy amplia”. “Un poco el planteo es profundizar para abordar el problema que se presenta cuando no se observan las disposiciones. Sin dudas ahí tenemos una de las falencias del sistema, porque el tema de la víctima tuvo siempre un rol accidental” en el nuevo sistema penal.

Más allá del proyecto en sí, Pirola no tiene dudas en cuanto a que el control del régimen disciplinario debe continuar en manos de la Legislatura: “He manifestado más de una vez que creo que hay que seguir en este sentido. Hay que ir por el lado de hacer más eficiente el sistema”.

“El proyecto de ley tiene por objetivo, cerrar y dar por finalizada la breve pero devastadora experiencia institucional iniciada con la sanción de la Ley Nº 13.695 y profundizada con la sanción de la Ley Nº 13.807 y que ha degradado el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación mediante un sometimiento de la actividad de sus funcionarios a un control por parte de esta Legislatura totalmente en colisión con normas constitucionales y contrario a los principios y fundamentos elementales respecto del funcionamiento de los poderes del Estado”, dice en el inicio de los fundamentos.

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Rubén Pirola, senador justicialista por el departamento Las Colonias.

Rubén Pirola, senador justicialista por el departamento Las Colonias.

Con el acompañamiento de otros diputados de la centroizquierda, Oliver propone derogar una decena de artículos de la ley 13.013 reformada y cambiarlos por una redacción alternativa. Fundamentalmente apuesta a volver a un sistema de tribunal de disciplina parecido al de jury de enjuiciamiento, similar al previsto en la Constitución provincial compuesto por un representante de los Colegios de profesionales del derecho, un representante del Senado y uno de la Cámara de Diputados, un fiscal regional, y el Fiscal General, figura cuyo voto se previó únicamente en caso de empate. Mientras tanto la investigación del caso y acusación se deja en cabeza la Auditoría General de Gestión.

Los fiscales, como miembros de la función acusatoria no deben sufrir la coacción de gobernantes, legisladores y/o sectores de la política, tampoco de sectores de la sociedad.

En este análisis, y como miembros del poder encargado de la elaboración y sanción de normas jurídicas debemos considerar los efectos que la normativa produce en la realidad. Del análisis de la vigencia de las Leyes N° 13.695 y 13.807 se desprende claramente que han dado lugar a interferencias por parte de miembros de esta legislatura en la actividad y funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación en clara violación de su necesaria independencia.

“Para evitar que exista la posibilidad de presiones directas o indirectas por parte de quienes pueden llegar a ser sujetos de investigación, es que proponemos retomar el sistema anterior. Que haya un procedimiento que incluya a los legisladores, pero también a otros actores necesarios para un proceso justo”, le dijo el diputado a Aire en ocasión de la presentación del proyecto.