La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los ataques a la independencia judicial en la provincia de Santa Fe. Fue este viernes, en el marco de la 18° audiencia del 183° período de sesiones dela CIDH titulada “Situación de la independencia judicial en Argentina”.
Luis Schiappa Pietra y Sebastián Narvaja durante la audiencia de la CIDH.
En ese marco, representantes de los fiscales de la provincia de Santa Fe denunciaron presiones del poder político sobre la Justicia y expusieron dos casos testigo: la investigación de los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack sobre el reparto de subsidios por parte del Senado provincial y las presiones que vienen sufriendo sus colegas Matías Edery y Luis Schiappa Pietra por la causa del juego ilegal que salpica al senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri.
Tras las exposiciones, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, sostuvo que la intención del organismo internacional es continuar monitoreando y contribuyendo a la lucha contra la corrupción en nuestra provincia y valoró “la información que nos dan para el monitoreo de la situación” y que fue expuesta en una reunión virtual que duró más de una hora.
Como cierre de su mensaje, Mantilla Falcón manifestó su “esperanza de seguir trabajando por la independencia judicial” en todo el continente.
Subsidios del Senado y juego ilegal: dos causas resonantes
La audiencia concretada este viernes fue solicitada por la Asociación Argentina de Fiscales y por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de plantear las dificultades que deben sortear para cumplir con su tarea tanto en nuestra provincia como en otros lugares del país.
Si bien en la audiencia se trataron otros casos –entre ellos, las presiones políticas contra Cecilia Goyeneche, integrante de la fiscalía anticorrupción de Entre Ríos–, el tema que ocupó el centro de la reunión fue la situación actual del MPA y las persecuciones denunciadas tanto por Narvaja y Mac Cormack –en el marco de sus investigaciones sobre el destino de los fondos del Senado– como por Edery y Schiappa Pietra, los fiscales de la causa del juego clandestino.
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La presidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA, Gisela Paolicelli, hizo una completa exposición de los hechos acontecidos desde que se aprobó la ley orgánica del MPA en 2009 y, sobre todo, desde que se comenzó a implementar el nuevo Código Procesal Penal de la provincia –basado en el paradigma acusatorio– en febrero de 2014.
En su relato, Paolicelli hizo énfasis en la importancia estratégica de la Unidad de Delitos Económicos que se conformó en el MPA de Rosario y que tuvo a su cargo dos investigaciones de gran envergadura: la megacausa de delitos económicos –que tuvo bajo la mira a importantes empresarios del sur provincial– y, más acá, la investigación sobre las redes de juego clandestino que operan en la provincia.
Las resistencias del sistema político
Al momento de exponer las resistencias que generaron esas causas, Paolicelli se refirió al ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, designado en 2017 “con un fuerte apoyo político”. La presidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA remarcó que fue el propio Serjal –hoy preso por corrupción– quien mandó a archivar la causa por los subsidios de los senadores y luego disolvió la Unidad de Delitos Económicos.
Gisela Paolicelli formuló fuertes críticas respecto a la modificación de la ley orgánica del MPA que les otorgó a los legisladores la potestad de aplicar sanciones disciplinarias a los fiscales, un cambio que fue interpretado como un avasallamiento sobre la independencia judicial. En paralelo, a partir de la gestión de Serjal, en 2017, se puso un freno a las causas sobre corrupción en la ciudad de Rosario.
En ese marco, la presidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA denunció que “la Legislatura arrasó con estas directrices (de independencia judicial) y se atribuyó en forma exclusiva la facultad de suspender, destituir y amonestar a los fiscales”.
“En Santa Fe suspender a un fiscal es tan simple como levantar la mano. El sistema de justicia quedó absolutamente subordinado al poder político, algo nunca visto. Ningún país tiene un sistema así. A los fiscales nos quedó muy claro el mensaje: a quién se puede investigar y a quién no”, continuó la fiscal.
El relato continuó con los pormenores de la investigación sobre juego clandestino, en la cual los fiscales Edery y Schiappa Pietra acreditaron la vinculación de Serjal –hasta ese entonces fiscal regional de Rosario– con uno de los senadores, Traferri, que había sido denunciado por desvío de fondos. “La evidencia, que es contundente, demuestra que ellos, junto a otros funcionarios, integraban una organización que recibía dinero a cambio de permitir el juego ilegal en la provincia”, amplió Paolicelli.
Por esa investigación, que sigue en curso, los fiscales Edery y Schiappa Pietra le pidieron al Senado, en diciembre de 2020, que se le quite la inmunidad legislativa (o fueros) al representante del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, para poder imputarlo. La votación terminó 14-5 a favor de los fueros de Traferri y los fiscales todavía no pudieron indagarlo ni mucho menos imputarlo.
En cambio, el fiscal Patricio Serjal –denunciado por coimas por el capitalista del juego ilegal Leonardo Peiti– fue investigado, debió renunciar a su cargo y terminó condenado por la Justicia. Si bien recibió una pena de 12 años, fue liberado un año y medio después de la sentencia. Actualmente se encuentra en libertad condicional.
“El fiscal regional quedó preso, pero el senador no. Sus fueros lo impiden”, resumió Paolicelli, quien además remarcó que la propia Corte Suprema de Justicia de la provincia sostuvo la constitucionalidad de la inmunidad legislativa en medio de las actuaciones que llevan adelante los fiscales de la causa del juego clandestino.
“La causa contra el senador no puede avanzar, pero los fiscales ya fueron denunciados cuatro veces” por Traferri, agregó Paolicelli. “La Legislatura puede intervenir en cualquier denuncia que se haga contra un fiscal y usarla como excusa para disciplinarlo. Una verdadera espada de Damocles”, definió la funcionaria judicial.
Narvaja advirtió sobre los “bajos requisitos” para la designación de las autoridades de las Fiscalías
Por su parte, el fiscal Sebastián Narvaja –quien también expuso ante la CIDH– reseñó que “la ley orgánica del MPA se ajustaba a los estándares de directrices de Naciones Unidas y preveía la posibilidad de crear unidades especiales para investigaciones de corrupción o delitos económicos”, pero eso fue limitado por la Legislatura.
“En el caso de la provincia de Santa Fe, tratamos de contar de la manera más clara lo que ocurrió: la Legislatura y el Poder Ejecutivo, usando facultades discrecionales a partir de los bajos requisitos en el mecanismo de designación de las autoridades superiores, pusieron a Serjal (al frente de la Fiscalía de Rosario), que entró a esa posición a desarmar esta unidad (de delitos económicos)”.
“No hubo mecanismo adecuado del Estado para llamar la atención sobre qué pasa que no se cumple con el principio de progresividad, en el sentido de que donde se había consolidado un equipo o una oficina técnica para perseguir este tipo de casos, pueda ser desarmado sin que se prenda ninguna alarma”, agregó Narvaja.
Compromiso de la CIDH a favor de la independencia de poderes
Tras las exposiciones de los representantes de los fiscales de la provincia de Santa Fe, distintos comisionados de la CIDH se comprometieron a estudiar los casos y pidieron información más detallada a los fiscales para poder avanzar en sus tareas, con el objetivo de aportar a la independencia judicial en la Argentina.
En forma institucional, la CIDH destacó que "el Estado debe procurar la separación de poderes y garantizar los principios de autonomía e independencia".
“Valoramos mucho que el Estado argentino esté en esta audiencia y que envíe las pruebas”, dijo Julissa Mantilla Falcón a manera de cierre del encuentro. “Es muy importante para la CIDH, pero también para las víctimas y la región”.
La presidente del organismo internacional manifestó la “preocupación general” de todos los comisionados de la CIDH, en toda la región, por los riesgos que corren las personas que se dedican a la investigación de delitos económicos y casos de corrupción: “La preocupación de la CIDH es esa: mirar, monitorear y poder contribuir, desde los estándares interamericanos, para la administración de justicia y la lucha contra la corrupción”.
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