El presidente Fernández enfrenta la amenaza de un vacío de poder. La vicepresidenta, en un movimiento de pinzas, está socavando los pilares sobre los cuales Fernández aún se mantiene en pie. Empezó con Massa: si bien el tigrense no se pasó formalmente a las filas kirchneristas, comparte con Cristina el diagnóstico de que el Frente de Todos se encamina a una derrota electoral si no se impone un fuerte golpe de timón en materia de gestión. Disgustado por la falta de reacción del presidente, Massa habilitó a su partido, el Frente Renovador, a convocar a un congreso el 15 y 16 de julio próximo en Mar del Plata. Se tratará de un emplazamiento del massismo a Fernández para que genere o garantice cambios profundos en el gabinete y el rumbo de la administración, si no quiere perder el apoyo del Frente Renovador.
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Conocedor del malestar de su socio, Fernández invitó a Massa a subirse nuevamente al avión para viajar, en esta oportunidad, a la Cumbre del G7 que se desarrolla en Munich, Alemania. Hace dos semanas, Massa había sido parte de la delegación que acompañó al presidente a la Cumbre de las Américas, en los Estados Unidos; allí el tigrense aprovechó la oportunidad para plantearle su idea sobre la necesidad de “repensar el gobierno”. Sin embargo, Fernández no dio todavía señales en ese sentido.
Cristina Kirchner ya no espera nada de Fernández y, por eso, reforzará su operativo para vaciarlo de poder. Obsesionada con preservar para sí y para su espacio político el dominio de la provincia de Buenos Aires, su objetivo es, de la mano de Axel Kicillof y de su hijo Máximo Kirchner, aglutinar bajo su ala a los intendentes bonaerenses y consolidar su polo de poder. Para endulzar sus oídos, la vicepresidenta lanzó el lunes pasado el reclamo para que el manejo de los planes sociales, hoy concentrado por los movimientos sociales, sea descentralizado y pasen a manos de intendentes y gobernadores. Un golpe al corazón a las organizaciones sociales que, como el Movimiento Evita, responden sin cortapisas a la Casa Rosada.
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No se trata solo de una pelea de poder; es también una pelea por la caja, en este caso, la caja que se destina a asistir a los más pobres. Según el presupuesto actualizado, el plan Potenciar Trabajo supera los 300 mil millones de pesos, un monto nada desdeñable en tiempos electorales. Los mandatarios provinciales y los intendentes están de acuerdo con echar mano a esa caja y Cristina Kirchner se convirtió en la punta de lanza para presionar sobre Fernández.
De eso conversaron los mandatarios peronistas durante el encuentro del último viernes en Chaco. La reunión fue orquestada por Kicillof –lugarteniente de Cristina– y organizada por Capitanich. Allí se encontraron Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gildo Insfrán (Formosa), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Arabela Carreras (Río Negro).
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Como buenos peronistas, los mandatarios provinciales son rápidos para olfatear por dónde rumbea el poder. Coinciden en que Fernández, por acción u omisión, perdió gran parte de su capital político y que el rumbo económico que encara el ministro Martín Guzmán no augura buenos resultados electorales el año próximo. Por eso algunos gobernadores comenzaron a acomodarse bajo el paraguas kirchnerista, no porque eso se traduzca en votos, sino porque al menos ofrece liderazgo.
Como ofrenda hacia la vicepresidenta, los mandatarios provinciales firmaron, hace dos semanas, un documento en el que criticaron con dureza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y propiciaron ampliar su composición para neutralizar el poder de los magistrados.
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En el documento final del encuentro del pasado viernes, los gobernadores enviaron un claro mensaje al presidente y al ministro Guzmán: advirtieron que el aumento de la inflación “afecta las tarifas, la ejecución de las obras, el sostenimiento del salario real; y promueve efectos colaterales que afectan el desenvolvimiento de las políticas públicas en nuestras provincias”.
“Reclamamos la distribución justa y equitativa de los subsidios al transporte público de pasajeros y de energía que consumimos”, agregaron los gobernadores en el documento, el cual concluyó con una consigna: “Por una Argentina justa y federal, en unidad nacional”.
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