Según señala el legislador, la gestión actual, lejos de combatir “privilegios”, parece haber adoptado una lógica de “fuerte con los débiles y débil con los fuertes”, afectando directamente la economía de miles de familias y beneficiando a sectores de gran poder económico. El pedido de informe se estructura en tres ejes que requieren transparencia inmediata:
1. Rigor con la Tarifa Social
Corach advierte una reducción drástica en la cantidad de beneficiarios de la Tarifa Social Eléctrica, con una baja estimada de 40.000 usuarios. Esta medida, justificada por un supuesto control de “abusos”, provocó que familias vulnerables, jubilados y pequeños comercios enfrentarán aumentos que en algunos casos superaron el 600%, incrementando la morosidad en los sectores más frágiles.
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El diputado solicita al Poder Ejecutivo que explique el protocolo utilizado para las bajas, la normativa que las sustenta, como el Decreto Nº 2746 u otra disposición aplicable, y por qué el rigor administrativo se concentra primero sobre los sectores vulnerables.
2. Subsidio a la especulación inmobiliaria
En contraste con el endurecimiento hacia los usuarios sociales, el Gobierno Provincial impulsa un beneficio millonario para grandes desarrolladores inmobiliarios mediante la eliminación del cargo por expansión de la EPE. Este incentivo representaría un “obsequio fiscal” estimado en $8.000 millones anuales que dejarían de ingresar a la empresa.
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Corach pregunta "¿qué normativa respalda este subsidio y por qué se aplica a un sector de alta rentabilidad, mientras que parques industriales, productores rurales y otros sectores estratégicos deben seguir afrontando esos costos?".
3. Permisividad frente a la deuda de grandes empresas
El pedido de informe también exige precisiones sobre la deuda exigible que mantienen importantes empresas con la EPE. Se solicita que el Poder Ejecutivo confirme si firmas como la Cooperativa de Villa Gobernador Gálvez, Algodonera Avellaneda (Grupo Vicentin), Sancor, Vicentin y Celulosa Argentina adeudan los montos millonarios que se conocen públicamente.
Además, Corach demanda saber qué acciones judiciales o medidas de corte se impulsaron contra estos grandes deudores y por qué no se aplica la misma severidad que sí se ejerce sobre los usuarios de la Tarifa Social.
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El legislador sostuvo que la falta de información y la aparente disparidad en el trato “generan sospechas fundadas de discrecionalidad y favoritismo”. En ese sentido, afirmó que es responsabilidad de la Cámara de Diputados exigir la documentación necesaria para garantizar que las políticas energéticas provinciales sean transparentes, equitativas y orientadas al bienestar general, y no a intereses particulares.
