Nadie es profeta en su tierra: el santafesino Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, será repudiado por el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia que convoca para el miércoles 1 de febrero a una concentración en apoyo al Juicio Político que impulsa el Gobierno. Será a partir de las 11, frente al Juzgado Federal de Santa Fe, ubicado en 9 de Julio y Moseñor Zaspe, donde también se espera la participación de organizaciones gremiales, sociales, políticas y estudiantiles.
"Estamos convocando a todas las fuerzas políticas, sociales, gremiales, estudiantiles a que se expresen y movilicen para que esta democracia, que va a cumplir 40 años, no sea avasallada por los poderes del privilegio, las corporaciones económicas y mediáticas con sus planes antinacionales y antipopulares, que han constituido a la Corte Suprema de la Nación en su principal arma", comentó Luis Larpin, integrante del Foro Contra la Impunidad en diálogo con AIRE.
En esa línea, el dirigente señaló que la Corte Suprema "es protegida por el blindaje mediático del Poder Económico" y que "se ha dedicado a violar sistemáticamente el Estado de Derecho y a quebrantar el orden constitucional". Para Larpin, esta situación "busca arrancar todos los derechos y transformar la democracia solo en un mecanismo formal, representa de hecho un verdadero golpe de estado progresivo e invisible".
Los fundamentos del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia
En su presentación, el oficialismo afirmó que se plantea una situación "anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes".
Agregó que "dicha situación pone en riesgo el equilibrio republicano de nuestro Estado de Derecho, afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional que requieren los poderes del Estado para cumplimentar con las obligaciones que le son asignadas por la Constitución Nacional".
Puntualizó que la Corte realizó "arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional".
Denunció además el "grave ataque que los mencionados magistrados han asestado al sistema federal de nuestro país, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
El pedido de enjuiciamiento recién se podrá tratar cuando el Gobierno envíe la convocatoria a sesiones extraordinarias, lo cual sucederá en los próximos días, adelantaron funcionarios del Ejecutivo
El escrito se refiere además a la difusión de los chats de Silvio Robles, estrecho colaborador de Rosatti, presidente de la Corte, con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. Rossatti, dice, "oficia en la práctica como su vocero, su mano derecha y persona de su máxima confianza desde hace años".
"Más allá de que se desconoce el origen de esas comunicaciones, si las mismas se hicieron públicas por la difusión de alguno de los participantes, de un colaborador infiel, o bien producto de un descuido de alguno de los participantes o de un delito, todo lo cual será materia de una eventual investigación judicial, donde se establecerán y castigarán las responsabilidades correspondientes, se trata aquí de merituar esa información para dar inmediato inicio a un proceso de juzgamiento político por mal desempeño. Y los graves hechos que se están conociendo públicamente no pueden ser obviados", destacaron los firmantes de la nota.
Añadieron que "la convivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales".
También subrayaron que "en el marco de la revelación periodística de conversaciones" entre D'Alessadro y Robles, "aparecen menciones directas a la decisión adoptada por la Corte (...) sobre la disputa sobre el porcentaje de fondos coparticipables que corresponden a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
"El pedido de apartamiento de Horacio Rosatti se dirigía, justamente, a cuestionar los vínculos entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro" , describieron el Presidente y los gobernadores.
"Rosatti no se excusó y los restantes miembros del Tribunal, posiblemente ignorando el alcance de la relación entre Robles y D'Alessandro, prefirieron sostenerlo", destacó.
Qué es el juicio político y contra quiénes se hace
El juicio político es el método de destitución de las máximas autoridades del país. La Constitución nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación.
En qué consiste y cuáles son las causales de juicio político
El juicio es político y, por eso, su desenlace tiene sólo consecuencias de ese tipo:
- Su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Así lo sostiene el artículo 60 de la Constitución: “Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”. La responsabilidad penal del funcionario, sostiene este artículo, queda a cargo de los tribunales ordinarios.
- Las causales de juicio político, explicó Andrés Gil Domínguez, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires (UBA), son 3. “El mal desempeño de las funciones, que es una causal subjetiva y, por otro lado, la comisión de delitos en ejercicio del cargo o por fuera de la función pública, que son 2 causales objetivas que requieren una condena previa”, explicó el especialista.
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