El presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores del PJ acordaron en un hecho sin antecedentes en la historia argentina, impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusándolos por "mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad" a la hora de dictar fallos.
En qué consiste el proceso de juicio político a la Corte y qué antecedentes hay
Los fundamentos del pedido de juicio político
En su presentación, el oficialismo afirmó que se plantea una situación "anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes".
Agregó que "dicha situación pone en riesgo el equilibrio republicano de nuestro Estado de Derecho, afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional que requieren los poderes del Estado para cumplimentar con las obligaciones que le son asignadas por la Constitución Nacional".
Puntualizó que la Corte realizó "arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional".
Denunció además el "grave ataque que los mencionados magistrados han asestado al sistema federal de nuestro país, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
El pedido de enjuiciamiento recién se podrá tratar cuando el Gobierno envíe la convocatoria a sesiones extraordinarias, lo cual sucederá en los próximos días, adelantaron funcionarios del Ejecutivo
El escrito se refiere además a la difusión de los chats de Silvio Robles, estrecho colaborador de Rosatti, presidente de la Corte, con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. Rossatti, dice, "oficia en la práctica como su vocero, su mano derecha y persona de su máxima confianza desde hace años".
"Más allá de que se desconoce el origen de esas comunicaciones, si las mismas se hicieron públicas por la difusión de alguno de los participantes, de un colaborador infiel, o bien producto de un descuido de alguno de los participantes o de un delito, todo lo cual será materia de una eventual investigación judicial, donde se establecerán y castigarán las responsabilidades correspondientes, se trata aquí de merituar esa información para dar inmediato inicio a un proceso de juzgamiento político por mal desempeño. Y los graves hechos que se están conociendo públicamente no pueden ser obviados", destacaron los firmantes de la nota.
Añadieron que "la convivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales".
También subrayaron que "en el marco de la revelación periodística de conversaciones" entre D'Alessadro y Robles, "aparecen menciones directas a la decisión adoptada por la Corte (...) sobre la disputa sobre el porcentaje de fondos coparticipables que corresponden a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
"El pedido de apartamiento de Horacio Rosatti se dirigía, justamente, a cuestionar los vínculos entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro" , describieron el Presidente y los gobernadores.
"Rosatti no se excusó y los restantes miembros del Tribunal, posiblemente ignorando el alcance de la relación entre Robles y D'Alessandro, prefirieron sostenerlo", destacó.
Qué es el juicio político y contra quiénes se hace
El juicio político es el método de destitución de las máximas autoridades del país. La Constitución nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación.
En qué consiste y cuáles son las causales de juicio político
El juicio es político y, por eso, su desenlace tiene sólo consecuencias de ese tipo:
- Su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Así lo sostiene el artículo 60 de la Constitución: “Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”. La responsabilidad penal del funcionario, sostiene este artículo, queda a cargo de los tribunales ordinarios.
- Las causales de juicio político, explicó Andrés Gil Domínguez, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires (UBA), son 3. “El mal desempeño de las funciones, que es una causal subjetiva y, por otro lado, la comisión de delitos en ejercicio del cargo o por fuera de la función pública, que son 2 causales objetivas que requieren una condena previa”, explicó el especialista.
Quién decide y cómo es el procedimiento
- La Cámara de Diputados es quien ejerce la acusación, con una mayoría de 2 tercios de los presentes, ante el Senado, que con la misma mayoría juzga al acusado por Diputados. Antes de eso, el pedido de juicio político, que puede ser presentado por un funcionario o por un particular, debe ingresar por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
- En la Comisión se decide qué denuncias son admisibles y cuáles no. Recién cuando se considera admisible la denuncia, esa Comisión inicia un sumario que puede incluir la citación de testigos, la solicitud de información a jueces federales, el pedido a un juez para que ordene interceptar conversaciones telefónicas y la declaración del propio imputado. Concluida la investigación, la Comisión debe emitir un dictamen, con la mitad más uno de los miembros presentes, para que se desestime o se inicie el juicio político en la Cámara de Diputados.
- Actualmente, el Frente de Todos tiene 16 de los 31 integrantes de la Comisión de Juicio Político; Juntos por el Cambio tiene 14, y como representante por el interbloque Federal se encuentra el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez. Pero el avance de ese expediente después requiere mayorías especiales en los recintos.
- Si los 2 tercios de la Cámara baja aprueban el dictamen, la misma Cámara debe elegir a uno o 2 diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. La Cámara alta, por su parte, decidirá por 2 tercios de los presentes si destituye o absuelve al acusado. La Constitución establece, además, que si el acusado es el Presidente de la Nación, el Senado debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante este proceso.
- El Frente de Todos no cuenta en la actualidad con los 2 tercios necesarios en ninguna de las 2 cámaras. Ni siquiera llega al quórum (la mitad más uno de los miembros), el número mínimo necesario para iniciar las sesiones.
Qué antecedentes existen
La institución del juicio político no es una herramienta muy utilizada en la Argentina. Si bien existen muchas denuncias realizadas en las últimas décadas, la mayoría queda archivada en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. “Para impulsar un juicio político necesitás una mayoría agravada y un consenso difícil de alcanzar”, señaló Gil Domínguez.
La Comisión registra poca actividad en los últimos años. En casi todos los casos, se reúne únicamente para la designación de nuevas autoridades. Según consta en la web de la Cámara de Diputados, la última vez que la Comisión dio tratamiento en profundidad a un expediente fue a mediados de 2015.
En aquella oportunidad, el Frente para la Victoria impulsó una investigación para “evaluar la capacidad psicofísica” del ex ministro de la Corte Carlos Fayt, que en ese entonces tenía 97 años. Si bien llegó a tratarse en Comisión (se creó una subcomisión para analizar el caso), el expediente no prosperó y Fayt renunció en diciembre de ese año.
Si bien tiene poca actividad, la Comisión -que actualmente preside la diputada Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos)- recibió en los últimos 5 años 49 pedidos de juicio político, según consta en la web de la Cámara baja. En casi la totalidad de los casos, la causal elegida por los denunciantes es la de mal desempeño en el ejercicio de las funciones y algunos de los funcionarios destinatarios de los pedidos son, además de Rosatti, el presidente Fernández; la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; ex ministros del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), como Juan José Aranguren (Energía) y Germán Garavano (Justicia); el ex ministro de Salud de la gestión del Frente de Todos, Ginés González García; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; y el canciller Santiago Cafiero, entre otros.
Qué gobernadores apoyan al Gobierno tras el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
En la Casa Rosada se hicieron presentes aquellos 14 mandatarios del PJ que habían avanzado con la idea de no acatar el fallo de la Corte que pide restituir fondos a la Ciudad. En este plano se ubican los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca).
Mientras, se conectaron de forma virtual Jorge Capitanich (Chaco), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
La provincia de Santa Fe sigue manteniéndose al margen del conflicto entre la Nación y la Corte Suprema
En el marco del conflicto que mantiene la Nación con la Ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia, este martes, el presidente Alberto Fernández tuvo un encuentro con 14 gobernadores, en Casa Rosada. Allí, se comenzó a diagramar el pedido de juicio político contra el presidente del máximo órgano judicial, Horacio Rosatti. De esa instancia participarán la mayoría de los mandatarios justicialistas, excepto Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba). Altas fuentes del gobierno santafesino confirmaron a AIRE que la provincia “se mantiene al margen” del pleito.
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