El Senado se convirtió en una virtual olla a presión, luego de que los principales jefes de bloque presentaran dos proyectos para aumentar el reparto de recursos coparticipables.
Con el auspicio de los 24 gobernadores, los principales jefes de bloque del Senado presentaron dos proyectos para un mayor reparto de recursos.
Un frente de tormenta cada vez más peligroso se avecina sobre el oficialismo en el Congreso. El miércoles por la noche, con el auspicio de los 24 gobernadores, los principales jefes de bloque del Senado presentaron dos proyectos que apuntan a un mayor reparto de recursos coparticipables a las provincias luego de que fracasaran sus intentos de negociación con el Gobierno.
Toda una declaración de guerra que, de llegar a consumarse, implicaría un golpe al superávit fiscal que el Gobierno insiste en preservar a toda costa.
Se descuenta que, de ser tratadas en el recinto, ambas iniciativas serán aprobadas con una mayoría tan amplia que permitirá contrarrestar el veto que eventualmente imponga el Poder Ejecutivo.
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En la Casa Rosada toman nota de la ofensiva e intentan no dramatizar. Apelan a los gobernadores aliados para desactivarla o bien procrastinar el golpe. Entre los sectores más dialoguistas hay voluntad de acuerdo, pero en ese grupo no ignoran que los opositores más duros están dispuestos a ir a fondo.
El kirchnerismo sigue atento el conflicto. Huele sangre. Desde la condena a prisión de Cristina Kirchner radicalizó sus proclamas. El jueves pasado tomó por asalto la Comisión de Presupuesto que el libertario Ezequiel Atauche mantenía clausurada y forzó los dictámenes a los proyectos de recomposición de las jubilaciones, de prórroga de la moratoria previsional y de declaración de emergencia en la asistencia pública a la discapacidad. Las tres ya tienen media sanción y, salvo la de moratoria previsional, serían convertidas en ley pese a las amenazas de veto.
José Mayans, jefe del bloque kirchnerista, anticipó que pedirá una sesión especial para el jueves próximo. Habrá que ver si los aliados se atreverán a romper filas con el oficialismo y lo acompañan.
Astuto, Mayans quiere incluir los dos proyectos auspiciados por los gobernadores para meter presión. Uno de ellos propone eliminar una serie de fideicomisos para que los recursos que los nutren sean coparticipados entre las provincias; asimismo, dispone que el 57,02% de lo producido por el impuesto a los combustibles también sea girado a los distritos.
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El otro proyecto propone repartir el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias en “forma diaria y automática”. Se trata de un fondo millonario: en cinco meses recaudó $365.000 millones y, en lo que va del año, solo distribuyó el 20%.
“Son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional, pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”, argumentaron todos los senadores firmantes en representación de los gobernadores.
El Senado se convirtió en una virtual olla a presión. “La situación es bien complicada y la genera la intransigencia del Gobierno. No hay interlocutores válidos con quien negociar. Así llegamos adonde estamos: 24 gobernadores que hasta hace poco estaban divididos, ahora se muestran unidos y desafiantes. Esto se pudo haber evitado. Ahora cualquier chispa puede desatar un incendio”, dramatiza un senador de indudable cercanía al oficialismo.
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Habrá que ver si se convoca a sesión especial la semana próxima. La llave que abre el recinto la maneja la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. El interrogante es hasta cuándo podrá soportar la presión de los bloques.
La oposición dura quiere apurar los tiempos: sabe que si estas leyes son vetadas por el Poder Ejecutivo, la insistencia por parte de ambas cámaras del Congreso debería producirse antes del recambio legislativo, instancia en la que presumiblemente los libertarios fortalecerán sus bancadas.
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