Lo que faltaba: mientras se discute en la Legislatura de Santa Fe un proyecto de ley que abre las puertas a corporaciones privadas -fuertes jugadores del negocio a nivel nacional y local- para que accedan a datos esenciales sobre compras, precios, administración y distribución de todos los medicamentos del sistema público de Salud; un senador denuncia que diputados provinciales eliminaron del texto de la polémica norma un párrafo que propiciaba "la producción y provisión pública de medicamentos" que se realiza de manera gratuita en todo el territorio.
Así lo aseguró el senador provincial Miguel Rabbia en el programa Creo, que se emite cada mañana en Aire de Santa Fe. Se trata del inciso F del artículo 2 de la ley que fue aprobada por la Cámara alta, que terminó siendo borrado por los diputados que integran la Comisión de Salud.
El senador Rabbia, como todos sus pares en la Cámara alta, aprobó este proyecto de ley a mediados de este año, sin que se diera demasiada trascendencia al tema. En los últimos días, ese texto fue avalado de manera expeditiva por las comisiones de Salud y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Solo restaba el aval de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para que terminara siendo tratado -y probablemente aprobado, según estos antecedentes inmediatos- en el recinto.
Como en Diputados decidieron eliminar el artículo que propiciaba la producción y distribución de medicamentos públicos en la Provincia, si esta ley fuera aprobada en la Cámara baja deberá retornar al Senado.
Ahora, y a partir de todo lo ocurrido, el senador Miguel Rabbia asegura que ya no estará dispuesto a aprobar este proyecto tal como fue redactado originalmente.
"Un párrafo fundamental, porque tenemos un gran laboratorio como es el LIF, ha desaparecido en la Comisión de Salud de Diputados. No está más. Ayer nos encontramos con esta novedad al evaluar como avanzaba el proyecto. Esto evidencia una línea de acción sobre la que, en lo personal, no me había percatado", dijo el senador en Creo.
Se trata de la Resolución 954, firmada el 28 de mayo del año pasado por la ministra Sonia Martorano; el director del Iapos, Oscar Broggi; la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, Adriana Cuello, y el presidente de la Federación Farmacéutica de la República Argentina (Fefara), Manuel Agotegaray.
El senador Rabbia afirmó en este sentido que "ya la ministra de Salud había firmado una resolución para dejar en manos del Colegio de Farmacéuticos la gestión de análisis de la compra de los medicamentos más costosos, que son los oncológicos. El espíritu de la ley era centralizar las compras, pero a estas cosas no las podemos dejar en manos de los intereses del mercado, porque al mercado le interesa la obtención de recursos económicos y el Estado debe cuidar los intereses de la población".
Y adelantó: "Viendo este historial donde ponemos en riesgo al Estado y a la salud de los ciudadanos, debemos extremar los cuidados y votar un proyecto que esté en consonancia con el cuidado de lo público. Al Estado le corresponde el rol de rectoría de todos los procesos, no podemos delegar este rol. Si el proyecto vuelve al Senado, votaría por el espíritu de la ley, pero sacaría algunos párrafos que nos pondrían en riesgo si aparece algún pícaro que se quiere aprovechar de la debilidad de la letra de la ley".
Medicamentos: un proyecto de ley que parece hecho a medida
El proyecto aprobado en el Senado propone centralizar la compra de medicamentos para todo el sistema público de salud de la Provincia de Santa Fe. Hasta ahora, estas compras se efectúan mediante concursos de precios y llamados a licitación que cada hospital realiza en busca de los mejores oferentes entre los laboratorios que existen en el mercado.
El objetivo declamado por los senadores es centralizar estas compras de todos los medicamentos del sistema público provincial, para hacerlas más eficientes, mejor controladas y a mejores precios.
Sin embargo, el proyecto aprobado autoriza a Unidad Ejecutora de las compras de medicamentos a “convenir con entes públicos, Universidades Nacionales e Institutos, con el Instituto Autárquico de la Obra Social (Iapos) y con colegios farmacéuticos y/o médicos; el desarrollo, elaboración o ejecución de estudios, proyectos de gestión y/o tecnológicos para la implementación y cumplimiento de los fines del programa”.
Incluso, el manejo de los recursos y el control del sistema. Este año, se calcula que el Iapos entregará más de 15 mil millones de pesos al Colegio de Farmacéuticos para que compre y distribuya los medicamentos para 580 mil afiliados, mientras que el sistema de auditorías oficiales fue prácticamente desmantelado en 2018.
Cuando un afiliado del Iapos se contacta -supuestamente- con su obra social para reclamar porque no recibe el medicamento que necesita, quien le responde es siempre un empleado que cobra su sueldo del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe.
- Segundo punto llamativo: en junio de 2021, AIRE reveló que el 28 de mayo de ese año el Ministerio de Salud de Santa Fe, el Iapos, el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe y la Federación Farmacéutica de la República Argentina (Fefara); habían firmado un convenio para que el Colegio –el mismo que maneja los medicamentos del Iapos– coopere, asista técnicamente y capacite al Ministerio para "mejorar la calidad informativa sobre la cadena de producción, distribución y entrega de productos médicos, insumos y accesorios".
Incluso, aquel informe periodístico planteaba que durante 2020 habían existido intentos del Ministerio de Salud para que el software del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe comenzara a ser utilizado en algunos efectores públicos provinciales para el manejo de medicamentos oncológicos.
Las similitudes entre aquel convenio que se intentó implementar con el Colegio de Farmacéutico de Santa Fe y el texto aprobado por el Senado resultan, cuanto menos, sugestivas.
Tanto es así que, incluso, el proyecto avalado por los senadores dice que “para garantizar el pleno acceso a los medicamentos resulta indispensable contar con múltiples efectores, no solamente los actualmente establecidos (hospitales y Samco), siendo las farmacias, en virtud de su régimen legal y prestación de servicio, los sujetos con las características y requisitos adecuados para constituirse como tales”.
En otras palabras, se deja establecido que las farmacias privadas, cuyos titulares están representados por el Colegio de Farmacéuticos, entregarán medicamentos del sistema público de salud santafesino que hoy solo se distribuyen a través de hospitales y Samco.
Si este proyecto de ley termina siendo aprobado, abrirá las puertas a que el sistema de compras y distribución de medicamentos del sistema público de salud de Santa Fe sea ejecutado a través de softwares o sistemas operativos diseñados por un ente privado –como el que ofreció el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe en 2021–.
Esta información puede resultar clave para el manejo del multimillonario negocio de los medicamentos en el que, Fefara a nivel nacional y el Colegio de Farmacéuticos a nivel local, constituyen jugadores de enorme peso.
Si se utilizan los sistemas operativos de estas organizaciones privadas, algunos de los principales protagonistas del negocio nacional de medicamentos estarán en condiciones de conocer en detalle qué drogas compra la Provincia, a qué laboratorios y cuánto paga por cada una de ellas. Y luego, participar con esta información clave de licitaciones multimillonarias.
Solo a modo de ejemplo: a nadie se le ocurriría que la Cámara de la Construcción de Santa Fe fuera la encargada de suministrar al Ministerio de Obras Públicas el sistema operativo para manejar las licitaciones en la provincia.
Esto es, básicamente, lo que proponen diputados y senadores provinciales con la administración de los medicamentos públicos: poner en manos de una corporación privada e interesada en este multimillonario negocio, toda la información sobre las compras que realiza el Estado santafesino para hospitales, Samcos y centros barriales de salud.
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