El oficialismo llega al recinto con dictamen de mayoría y una base de apoyos construida junto a bloques dialoguistas. Aunque se espera una paridad que obliga a seguir de cerca el desarrollo del debate, el oficialismo confía en conseguir un triunfo legislativo.
El oficialismo logró quórum y espera una jornada positiva
Javier Milei espera sumar una victoria en la Cámara de Diputados este miércoles, donde el oficialismo consiguió el quórum para debatir la Ley de Glaciares. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, podría convertirse en ley durante la jornada. En paralelo, organizaciones convocaron a una movilización frente al Congreso en rechazo a la iniciativa.
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional propone modificar la Ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Entre los cambios más relevantes, redefine las áreas protegidas y habilita, bajo determinadas condiciones, el desarrollo de actividades productivas en zonas hasta ahora restringidas.
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Uno de los puntos más discutidos es el nuevo criterio para delimitar las zonas bajo protección, que quedarían restringidas a aquellas con un “aporte hídrico relevante y comprobable”, además de otorgar mayor injerencia a las provincias en esa definición.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico. En la oposición y en organizaciones socioambientales, en cambio, advierten sobre un retroceso en la normativa vigente y posibles impactos sobre las reservas de agua.
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Diputados santafesinos, sin posición unificada ante la Ley de Glaciares
La diputada por Santa Fe, Gisela Scaglia, confirmó que acompañará la reforma de la Ley de Glaciares y defendió la necesidad de habilitar el desarrollo de la minería bajo nuevos criterios. Su postura se alinea con los sectores que impulsan cambios en la normativa y aporta respaldo político desde una de las provincias donde el tema genera debate interno.
El posicionamiento de Scaglia deja en evidencia que no hay una postura unificada dentro de la dirigencia de Provincias Unidas frente a la iniciativa. Mientras algunos referentes avalan la posibilidad de avanzar con actividades productivas en zonas hoy restringidas, otros advierten sobre los riesgos ambientales y reclaman sostener los niveles de protección vigentes.
