Este miércoles por la mañana se llevó a cabo, en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, una audiencia entre las empresas de transporte de pasajeros por colectivos de todo el país y representantes gremiales de los trabajadores. Sin embargo, autoridades del Ministerio de Transporte y de las secretarías de Transporte de las provincias no se hicieron presentes. En el encuentro, las compañías de colectivos adelantaron que, ante la falta de pago de subsidios nacionales – y el atraso del pago por parte de algunas provincias- reducirán los servicios nocturnos los días 26, 27 y 28 de febrero y los días de feriado por carnaval.
Tras una audiencia desarrollada en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, las empresas de transporte por colectivos del interior del país adelantaron que reducirán los servicios nocturnos los días 26, 27 y 28 de febrero como y el feriado de carnaval.
Según expresaron las empresas, hasta el momento el Ministerio de Transporte “no ha hecho efectivo el pago de las sumas comprometidas en audiencias celebradas ante el Ministerio de Trabajo de la Nación”. Y advirtieron que “desde hace 60 días las empresas de transporte del interior no perciben los subsidios nacionales, hecho que, sumado al incumplimiento de algunas jurisdicciones en el desembolso de sus aportes al sector, agrava al extremo el estado de situación de por sí dramático que vive el transporte del interior del país”. Asimismo, adelantan que, en este contexto, “se generarán dificultades concretas para la normal atención del pago de los salarios del personal”.
En este escenario, según confiaron las compañías, la única salida al conflicto es que se abone –en un plazo de no más de tres días hábiles- los importes correspondientes a los meses de enero y febrero y que las provincias acompañen dichos desembolsos con un equivalente al 66% de los mismos tal como lo hicieran durante 2021. En ese sentido, desde la cartera laboral de la Nación se convocó a otra audiencia, para el viernes 25 de febrero a las 12.00.
Otro de los puntos que podría generar un conflicto aún mayor es que la reducción de los servicios, tal como advirtieron las empresas, desembocaría en la suspensión de los choferes afectados a dichos servicios. Sobre esta cuestión, desde UTA destacaron en la misma audiencia que no permitirá ningún tipo de medida de ese tipo.
Al respecto, el secretario general de UTA Santa Fe, Osvaldo Agrafogo, explicó en diálogo con AIRE que “estamos participando de esta discusión para que las empresas puedan recibir los subsidios y puedan pagar el salario a los trabajadores y, además, poder discutir la paritaria que está frenada. Hasta ahora, no está en consideración la paritaria de este año”.
“La amenaza de descontar el salario por los días en que se reduzca el servicio, es injusta. Ahí vamos a tener una disputa con las empresas porque no lo vamos a permitir. Los trabajadores no somos culpables de que las empresas no reciban subsidios”, advirtió.
Por último, Agrafogo adelantó que “no vamos a pelear solamente por el sueldo, sino por mejores condiciones de trabajo”.
"Los trabajadores no somos culpables de que las empresas no reciban subsidios”
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Las empresas de colectivos también manifestaron su disconformidad con los aumentos de tarifas autorizados en las jurisdicciones del interior, como la ciudad de Santa Fe. Los incrementos fueron calificados de “insuficientes”. “Las tarifas que los poderes concedentes determinan para los servicios que prestan las asociadas a Fatap son insuficientes para mantener la ecuación económica de los contratos de concesión vigentes”, aseguran.
En la misma dirección, criticaron la demora en la aplicación de lo dispuesto en la Resolución N°82/22, que permite la acreditación en las cuentas especiales de las jurisdicciones los montos asignados a cada prestador. “Considerando los tiempos de implementación, hace suponer que hasta bien entrado el próximo mes de marzo las empresas no podrán contar con esas partidas esenciales para la normal prestación del servicio”, lamentaron.
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“Todo ello en el marco de una constante y exponencial suba de los costos de explotación que resultan prácticamente imposible de afrontar, generándose así en las economías de las prestadoras serios desequilibrios y atrasos en el cumplimiento de obligaciones de toda naturaleza –más allá de las laborales- que en algunos casos importan la asunción de riesgos de carácter penal, como sucede en materia tributaria”, agregaron las compañías. Al respecto, sostiene que habiendo transcurrido prácticamente los dos primeros meses del año, no se ha avanzado en la firma de los convenios establecidos por la Resolución MT Nº 82/22.
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