Las claves de la ley contra la violencia de género que avanza en Santa Fe: tobilleras, desarme y arrestos
El proyecto de ley contra la violencia de género ingresará este jueves al Senado y tendrá preferencia para su tratamiento durante octubre.
El proyecto prevé un sistema escalonado de medidas cautelares. En una primera instancia se realizará una valoración inicial y, cuando corresponda, una evaluación integral que clasificará el riesgo en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico.
La ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género comenzó a avanzar en la Legislatura de Santa Fe. Este miércoles, legisladores del interbloque oficialista de Unidos para Cambiar Santa Fe se reunieron con los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, e Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, para analizar los alcances de la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial.
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Según lo acordado durante el encuentro, el proyecto ingresará este jueves a la Cámara alta y recibirá preferencia para ser tratado y votado en alguna de las próximas sesiones de octubre. Uno de los consensos planteados entre los legisladores es evitar demoras en el debate, dada la sensibilidad de la problemática. El texto tiene más de 80 artículos e incluye cambios en los mecanismos de intervención judicial, nuevas herramientas de protección y la creación de un registro digital único e interoperable.
Cuatro niveles de riesgo y medidas de protección contra la violencia de género
Uno de los ejes centrales del proyecto es la implementación de un sistema de evaluación que clasificará las situaciones de violencia de género en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico. La valoración tendrá en cuenta distintos indicadores, entre ellos las amenazas de muerte, la separación reciente, el control coercitivo, la presencia de armas, la violencia sexual, los episodios de estrangulamiento, los incumplimientos de medidas anteriores y los llamados reiterados al 911.
A partir de esa evaluación, las medidas cautelares se graduarán según la gravedad del riesgo identificado. En los casos críticos, la propuesta contempla la posibilidad de disponer el desarme de personas autorizadas a portar armas y la colocación de tobilleras electrónicas al agresor para garantizar las restricciones de acercamiento. El esquema también prevé considerar los incumplimientos de órdenes judiciales en las evaluaciones posteriores, de modo que los antecedentes de cada caso formen parte del seguimiento.
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El proyecto incorpora, además, la posibilidad de que jueces y juezas ordenen arrestos conminatorios ante el incumplimiento de medidas judiciales. Durante la presentación de la iniciativa, Cococcioni explicó que la propuesta busca endurecer progresivamente las respuestas frente a quienes desobedezcan las restricciones impuestas. La incorporación de estas herramientas apunta a reforzar el cumplimiento de las medidas de protección y a adecuar la intervención estatal a cada situación.
Qué cambia en la intervención de la Justicia
La iniciativa también propone un procedimiento diferenciado para los casos de violencia por razones de género, con el principio de actuación de oficio como uno de sus ejes. Esto implica que las denuncias deberán recibirse en cualquier comisaría u organismo, mientras que, ante una situación urgente, cualquier tribunal podrá intervenir.
Otro de los cambios planteados busca evitar que las víctimas deban trasladar documentación o realizar gestiones adicionales para garantizar el cumplimiento de las medidas. Cococcioni cuestionó que, bajo los mecanismos actuales, una persona que denuncia deba llevar por sus propios medios documentación a la comisaría correspondiente al domicilio o al trabajo del agresor, con el riesgo de encontrarse con él.
En ese sentido, el proyecto establece que las medidas de protección tengan vigencia inmediata, incluso antes de que el agresor sea notificado. También excluye expresamente la mediación y la conciliación en casos de violencia de género e incorpora la percepción de riesgo manifestada por la propia víctima como un elemento que deberá ser considerado en la evaluación.
Registro único, equipos especializados y asistencia urgente
La propuesta prevé crear un registro digital único e interoperable bajo la órbita del Poder Ejecutivo, con el objetivo de integrar la información de los distintos organismos que intervienen en estos casos. El propósito es reducir la fragmentación de los datos y facilitar el seguimiento de las situaciones de violencia, los antecedentes y el cumplimiento de las medidas dispuestas.
A su vez, contempla la conformación de un equipo interdisciplinario especializado para evaluar situaciones, elaborar informes, acompañar los casos y asistir tanto a la Justicia como a otros organismos estatales. El esquema se completa con un fondo provincial de asistencia urgente para las personas protegidas, destinado a fortalecer la autonomía económica de las víctimas y sus familias, además de estrategias territoriales de prevención, detección temprana, orientación y difusión junto con municipios y comunas.
El Gobierno provincial había presentado el proyecto en septiembre, con la intención de pasar de una respuesta centrada en los hechos consumados a un sistema que permita anticipar situaciones de riesgo y coordinar la protección.
