Santa Fe registra 38 femicidios en 2026 y tiene la tasa más alta del país en relación a su población
Según MuMaLá, solo el 12% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. La organización reclama declarar la emergencia en violencia de género en Santa Fe
Santa Fe ya registra 38 femicidios y encabeza el país por tasa en relación a su población.
El hijo de 21 años de la pareja fue quien avisó a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Santa Fe volvió a quedar en el centro de la discusión por la violencia de género. El último informe del Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos de MuMaLá contabilizó 200 femicidios y otras muertes violentas por razones de género en Argentina entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2026. El relevamiento también registró 654 intentos de femicidio durante ese período.
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En cantidad de casos, Santa Fe aparece segunda detrás de la provincia de Buenos Aires, con 38 femicidios. Pero el dato que genera mayor preocupación es la tasa en relación con la población: según el relevamiento de MuMaLá, Santa Fe registra 1,9 femicidios cada 100.000 mujeres y se ubica entre las provincias con los índices más altos del país.
Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de MuMaLá, analizó la situación este sábado en el programa 6AM de AIRE y advirtió que el escenario configura, según la organización, una situación de emergencia. “Estamos en una situación de emergencia nacional por la gravedad de la situación”, sostuvo.
Sosa explicó que la lectura de los números cambia cuando se analiza la cantidad de mujeres que viven en cada provincia. “Cuando uno analiza las tasas de femicidios, es decir, la cantidad de mujeres que habitan las provincias comparadas con la cantidad de muertes o en relación con la cantidad de muertes de mujeres, encabezamos la lista de las tasas más altas de femicidio junto a Santiago del Estero y a Catamarca”, señaló.
Santa Fe y una cifra que podría aumentar
Sosa también se refirió al caso de Roxana Cejas, que MuMaLá todavía mantiene bajo investigación. Cejas falleció en el hospital Cullen y su familia pidió que la muerte sea investigada como un posible femicidio.
La referente de MuMaLá explicó que existen indicios de violencia previa y que la mujer había acudido al hospital con antecedentes de lesiones. Por ese motivo, la organización realiza un registro cuidadoso antes de incorporar el caso a sus estadísticas.
La familia de Cejas también pidió públicamente que la investigación contemple la hipótesis de femicidio. La Justicia, mientras tanto, avanza para determinar las circunstancias de la muerte.
“Estamos haciendo como este cuidadoso registro entre las 38 y las 39 víctimas en la provincia de Santa Fe”, explicó Sosa durante la entrevista.
Qué está pasando con la violencia de género en Santa Fe
Para la directora ejecutiva de la Mesa Federal de MuMaLá, la situación santafesina responde a una combinación de factores. Sosa planteó que el contexto nacional influye, pero también marcó la necesidad de desarrollar políticas específicas en los territorios.
“Lo que leemos es una retracción, un retroceso en algunas políticas”, sostuvo, y mencionó como ejemplos la difusión de información sobre dónde recurrir y los recursos disponibles en municipios y comunas para acompañar a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.
Según su mirada, existe una reducción de las políticas públicas destinadas a la problemática a nivel nacional y un “empobrecimiento o achicamiento” de la inversión destinada a las políticas de género en el ámbito provincial.
En ese contexto, reclamó campañas masivas de difusión, recursos para mujeres que atraviesan situaciones de dependencia económica con sus agresores y una Justicia con perspectiva de género.
Pero también puso el foco en lo que ocurre después de una denuncia y de una medida de protección.
“Lo que es necesario también es plantear y plantearle al Estado cuál va a ser el acompañamiento posterior a las denuncias cuando las víctimas aún tienen la prohibición de acercamiento o un botón de alarma”, explicó.
Para Sosa, allí aparece una de las principales dificultades: la ausencia de una estrategia territorial sostenida que acompañe a las mujeres una vez que interviene la Justicia.
El problema no termina cuando se realiza la denuncia
Uno de los datos destacados por Sosa durante la entrevista fue el bajo porcentaje de víctimas de femicidio que había denunciado previamente a su agresor.
Según el registro nacional de MuMaLá, actualmente alrededor del 12% de las víctimas de femicidio había realizado una denuncia previa. La referente señaló que durante los últimos meses ese porcentaje había oscilado entre el 9% y el 11%.
Para Sosa, este dato muestra que el acceso a la Justicia debe pensarse de una manera más amplia y no comenzar únicamente cuando la víctima llega a realizar una denuncia.
“Por eso mencionaba recién la necesidad de estas campañas masivas para que se conozcan los protocolos y demás”, sostuvo.
La propuesta de MuMaLá incluye reforzar las redes de acompañamiento en cada territorio. Sosa planteó que, alrededor de una mujer que atraviesa una situación de violencia, pueden intervenir centros de salud, comisarías, escuelas y organizaciones sociales.
“Si uno piensa estratégicamente y ya hubo experiencias en la provincia de Santa Fe donde había mesas en algunos casos departamentales o comunales o en las ciudades de prevención social del delito y la violencia. Las tuvimos en la provincia de Santa Fe. Bueno, es hora de pensar ese tipo de iniciativas”, explicó.
Dónde pedir ayuda ante una situación de violencia
Sosa también detalló cuáles son los canales a los que pueden recurrir las personas que atraviesan o presencian una situación de violencia.
Ante una situación de violencia que está ocurriendo en ese momento, indicó que se debe llamar al 911. También señaló que cualquier comisaría puede recibir una denuncia, no solamente las comisarías de la mujer.
Los Centros Territoriales de Denuncias y a las fiscalías como espacios donde se puede realizar una denuncia. En caso de una desaparición, remarcó que la recepción debe ser inmediata y que no corresponde esperar 24 horas.
Cuando una mujer todavía no está segura de realizar una denuncia, Sosa señaló que puede acercarse al área social o al área de mujeres del municipio o la comuna para recibir asesoramiento sobre los primeros pasos.
El reclamo para declarar la emergencia en violencia de género
El pedido central de MuMaLá en Santa Fe es la declaración de la emergencia provincial en violencia de género.
La organización acompaña un proyecto presentado en la Legislatura por la diputada Claudia Balagué, del Frente Amplio por la Soberanía. La iniciativa busca que la provincia reconozca la gravedad de la situación y pueda disponer de herramientas específicas para reforzar las políticas destinadas a la prevención y asistencia.
Sosa explicó que la declaración de emergencia permitiría disponer de partidas presupuestarias de manera más rápida para responder ante una situación considerada grave.
“Lo que sucede cuando se declara la emergencia en otra temática es que el Ejecutivo está autorizado a tomar partidas rápidas, ágiles, especiales para la situación de gravedad de las que se está hablando”, explicó.
La referente comparó esa herramienta con las declaraciones de emergencia aplicadas frente a otras problemáticas, como la emergencia hídrica o la emergencia de seguridad pública.
“En este caso no, a veces nos resulta inentendible por qué lo tenemos que explicar tanto. La situación es grave, tenemos 38, 39 femicidios en la provincia y bienvenido todos los espacios donde expliquemos que la declaración de emergencia permite rápidamente no esperar el proceso natural que tiene un presupuesto, sino ejecutarlo rápidamente y sin obstáculos para que sea mucho más eficiente y acorde a las necesidades que tenemos”, sostuvo.
El reclamo se mantiene en paralelo con otras iniciativas vinculadas a la prevención y protección frente a la violencia de género que se encuentran en discusión en la provincia.
El rol del Estado y el impacto de los discursos
Sosa también planteó que la respuesta frente a la violencia de género no se limita a los recursos económicos. En su análisis, existe una dimensión simbólica vinculada con los discursos de las autoridades y el lugar que ocupa la problemática en la agenda pública.
“No es lo mismo tener autoridades, tener funcionarios y funcionarias que alientan a una vida libre de violencias de género, que difunden mensajes donde se puede visibilizar los distintos tipos de violencias, a tener un discurso oficial, te diría, en el orden nacional que niega que exista la violencia machista”, afirmó.
