jueves 19 de mayo de 2022
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La Legislatura aprobó las emergencias en seguridad pública y del Servicio Penitenciario

El Senado dio sanción definitiva a la ley que declara las emergencias en seguridad pública y del Servicio Penitenciario hasta el 31 de diciembre de 2022. El Ejecutivo dispondrá de 3.000 millones de pesos para atender gastos urgentes en materia de seguridad y otorgar suplementos especiales para la Policía.

El Senado provincial aprobó este miércoles por unanimidad un expediente que contiene dos proyectos: la declaración de la emergencia en seguridad pública, autoría de la diputada socialista Lionella Cattalini, y la declaración de emergencia en el Servicio Penitenciario santafesino, del senador justicialista Rubén Pirola. Las emergencias estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022. Ambos proyectos tuvieron sanción definitiva y ahora el Ejecutivo deberá promulgar la ley para su entrada en vigencia.

Las emergencias en seguridad y en el Servicio Penitenciario eran dos de las prioridades del gobierno provincial para el cierre de 2021. Fueron votadas el martes por la Cámara de Diputados y el Senado las convirtió en ley un día después. En cambio, la otra prioridad del Ejecutivo –el proyecto de presupuesto 2022– fue postergada hasta febrero del año próximo.

La finalidad de las emergencias es atender la crisis en seguridad pública y las deficiencias del Servicio Penitenciario provincial a los fines de brindar una mejor seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales así como robustecer la custodia y guarda de quienes se encuentren cumpliendo medidas cautelares o sanciones privativas de la libertad en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática.

La ley de emergencia en seguridad le otorga al Poder Ejecutivo la suma de 3.000 millones de pesos sobre los cuales el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, deberá rendir cuentas cada seis meses ante la Legislatura.

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Mediante la declaración de emergencia en seguridad pública, el gobierno queda habilitado a reestructurar el esquema vigente de los suplementos salariales de la Policía para atender situaciones excepcionales o de riesgo especial, ampliando las partidas necesarias para hacer frente a los recursos presentados por el personal policial y penitenciario; y proceder a la construcción, refacción y/o modernización de inmuebles destinados a dependencias de las fuerzas de seguridad, poner en valor y funcionamiento la nueva infraestructura orientada a la operatividad policial en la ciudad de Rosario, como así también la elaboración de programas de abordaje integrado con los gobiernos locales.

El Poder Ejecutivo también podrá instrumentar mecanismos para la distribución de vehículos a asignarse de acuerdo con las necesidades en materia de seguridad, únicamente destinadas a cumplir funciones operativas.

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Los diputados de la oposición apoyaron la declaración de la emergencia en seguridad pública.

Los diputados de la oposición apoyaron la declaración de la emergencia en seguridad pública.

El Ministerio de Seguridad deberá elaborar e implementar un plan adquisición de patrulleros y otro para la reparación integral de vehículos policiales en condiciones de ser rehabilitados, previa evaluación costo-beneficio para su reinserción operativa. También se podrán comprar sistemas de video vigilancia en convenios con municipios y comunas, como así también todo equipamiento y tecnología para fortalecer el sistema de seguridad pública y el Servicio Penitenciario.

En cuanto al personal policial, se deberá brindar asistencia en materia de soluciones habitacionales e implementar programas de incentivo en becas y cursos para el personal policial y penitenciario.

Desde la cartera que encabeza Jorge Lagna tendrán que adquirir equipos y sistemas informáticos destinados a dependencias policiales y penitenciarias y proceder a la construcción, refacción y/o modernización de complejos penitenciarios.

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La ley de emergencia autoriza a ejecutar un plan de equipamiento en las unidades penitenciarias para la provisión e instalación de equipos o sistemas de inhibición de señal o de llamadas de telefonía móvil o internet inalámbrica, garantizando que el bloqueo de señal no perjudique o afecte los servicios de comunicaciones en las zonas cercanas de las unidades penitenciarias.

Otro de los puntos clave del proyecto tiene que ver con la Junta provincial de Seguridad. Al respecto, se determinó que serán convocadas por el gobernador y se llevarán a cabo, al menos, una vez por mes.

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Por otro lado, el Ministerio de Seguridad quedó facultado para convocar al servicio activo del personal de la Policía en situación de retiro del Escalafón General, Subescalafón Seguridad, a los efectos de cumplir funciones de seguridad pública.

Suplementos y afectaciones

Durante el plazo de vigencia de la emergencia en seguridad, el Ministerio de Seguridad podrá otorgar asignaciones y/o suplementos remunerativos y/o no remunerativos al personal policial que desempeñe funciones caracterizadas fundadamente como críticas, en el contexto de la misma; y, afectar en forma transitoria o definitiva personal de otras reparticiones de la administración pública centralizada o descentralizada, para realizar tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades o dependencias policiales, priorizando el destino del personal policial a tareas específicas de seguridad.

Programa de emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario

Además, el proyecto crea el Programa de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario, para ser destinado a las erogaciones especiales. Dicho fondo estará financiado con aportes de Rentas Generales del Tesoro Provincial por hasta pesos 3.000 millones de pesos para atender lo atinente a la emergencia en seguridad y del servicio penitenciario; el 50% de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, conforme al Decreto N° 1698/08; aportes provenientes de programas del Estado Nacional; aportes provenientes de organismos multilaterales y donaciones, legados y subvenciones.

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El Senado dio sanción definitiva este miércoles a las emergencias en seguridad pública y del Servicio Penitenciario.

El Senado dio sanción definitiva este miércoles a las emergencias en seguridad pública y del Servicio Penitenciario.

La ley establece como límite máximo para la realización de licitaciones y concursos privados que exclusivamente se hagan en el marco de la emergencia para la compra de equipamiento es de 9 millones de pesos, y para licitaciones privadas para la realización de Obras públicas, la suma es de 9 millones.

Fortalecimiento de áreas investigativas

Asimismo, se crea el Programa para el Fortalecimiento de áreas investigativas, destinado a la provisión de equipamiento y tecnologías para el fortalecimiento de las áreas periciales e investigativas dependientes del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las fuentes de financiamiento son aportes de Rentas Generales del Tesoro Provincial de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000); aportes provenientes de programas del Estado Nacional; aportes provenientes de organismos multilaterales, en idénticas condiciones que el inciso b) y donaciones, legados y subvenciones.

Comisión bicameral

La ley de emergencia crea una Comisión Bicameral de Seguimiento del Estado de Emergencia a la cual el gobierno deberá enviar informe de avance de las gestiones y de la ejecución presupuestaria de los fondos del Programa de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario y suministrar toda la información que se le requiera de cualquier naturaleza.

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