La Iglesia Católica jugó de local: cómo fue la discusión religiosa de la nueva Constitución de Santa Fe
Qué decía la Constitución de 1962, qué quería cambiar la Convención del 25 y cómo el reclamo de la Iglesia Católica modificó el texto final.
El reclamo de los obispos abrió una discusión que parecía saldada: cómo debía vincularse el Estado con la Iglesia y los demás credos.
Artículo 3 de la Constitución de Santa Fe, reformada por última vez en el mes de septiembre del año 2025.
Durante 63 años, la Constitución de Santa Fe dijo que la religión de la provincia era la Católica, Apostólica y Romana. La reforma de 2025 cambió esa definición: eliminó la confesionalidad del Estado y estableció que la provincia no tiene religión oficial. Pero en el camino hacia ese cambio hubo una discusión política que terminó dejando una marca en el nuevo texto: la Iglesia Católica quedó mencionada expresamente en la Carta Magna.
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No fue uno de los debates que más espacio ocupó en la previa de la Convención del 25. Tampoco estuvo entre las cuestiones que, desde afuera, parecían destinadas a definir el resultado de la reforma. Sin embargo, detrás de un párrafo del artículo 3 se libró una discusión que condensó una tensión más amplia: cuánto debía cambiar Santa Fe respecto de su tradición institucional y cuánto debía conservar de los vínculos históricos entre el Estado, la sociedad y las distintas confesiones religiosas.
La Constitución de 1962 establecía, en su artículo 3, que “la religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana”, aunque garantizaba la libertad religiosa de sus habitantes. Ese esquema sobrevivió durante más de seis décadas, hasta que la Convención Reformadora decidió modificarlo.
La intención inicial fue clara: terminar con la confesionalidad del Estado y establecer una separación entre el orden civil y el religioso. El dictamen de mayoría de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías proponía que Santa Fe no estableciera ninguna religión oficial y que la relación entre el Estado, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos se rigiera por autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad.
El punto que la Iglesia Católica pidió cambiar
La Iglesia Católica no cuestionaba necesariamente que Santa Fe dejara de tener una religión oficial. El planteo fue otro: que la nueva Constitución no borrara toda referencia a su existencia y a su peso histórico en la provincia.
Las cinco diócesis santafesinas habían presentado un proyecto en el que proponían una provincia no confesional, pero rechazaban una Constitución que consideraban estrictamente “laicista”. La posición de los obispos apuntaba a una relación basada en la autonomía y la cooperación, sin privilegios, pero con un reconocimiento del papel histórico, cultural y social de la Iglesia Católica.
El 1° de septiembre, el arzobispo de Santa Fe, Sergio Fenoy, hizo público junto a los demás obispos un reclamo concreto: no pedían recuperar la confesionalidad de la Constitución, sino incorporar una mención expresa a la Iglesia Católica. Fenoy sostuvo que esa referencia no implicaba un privilegio ni significaba volver al modelo anterior, sino reconocer un vínculo histórico, cultural y social con parte de la identidad santafesina.
Ese pedido llegó cuando el texto que se discutía en la Convención no nombraba a ninguna religión en particular.
Y ahí comenzó a cambiar la redacción, aunque la propuesta todavía encontraba una fuerte resistencia entre algunos convencionales.
Una palabra que terminó teniendo peso político
El primer dictamen decía que la provincia no tendría religión oficial y que la relación entre el Estado, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos se regiría por determinados principios.
La versión que finalmente avanzó incorporó dos palabras que modificaron el sentido político del artículo: “Iglesia Católica”.
AIRE había accedido el 4 de septiembre a un borrador que ya incorporaba esa mención. La diferencia podía parecer menor desde el punto de vista jurídico, pero era significativa en términos políticos y simbólicos: mientras una fórmula hablaba genéricamente de “las iglesias y los cultos”, la nueva redacción nombraba de manera expresa a la Iglesia Católica.
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El oficialismo, de hecho, reconocía que los reclamos podían producir modificaciones. Walter Ghione, uno de los convencionales que trabajaba sobre el artículo, admitía entonces que podían incorporarse palabras para contemplar los planteos recibidos.
En paralelo, otros sectores planteaban incluso ampliar el reconocimiento a todas las confesiones religiosas y a la dimensión espiritual de la sociedad.
La discusión, entonces, dejó de ser solamente si Santa Fe debía tener o no una religión oficial. Pasó a ser qué tipo de relación debía establecer la nueva Constitución entre el Estado y las religiones.
La Iglesia Católica consiguió su objetivo
Hay una escena de esta historia que no quedó registrada en una votación ni en una sesión plenaria.
En estricto off periodístico, durante aquellos días circularon entre dirigentes políticos y fuentes vinculadas a la Iglesia referencias a reuniones y contactos directos entre autoridades eclesiásticas y convencionales. No fueron encuentros anunciados públicamente como parte de la negociación constitucional, pero forman parte de la reconstrucción política de cómo aquella mención terminó incorporándose al texto.
No porque haya logrado conservar la religión oficial —eso quedó definitivamente afuera—, sino porque consiguió que una demanda concreta, que inicialmente no estaba contemplada en el dictamen de mayoría, terminara reflejada en la Constitución.
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Del Estado confesional a una relación de neutralidad
La diferencia con 1962 es sustancial.
La vieja Constitución no se limitaba a garantizar la libertad de culto: identificaba expresamente a la provincia con la religión Católica, Apostólica y Romana. La nueva Carta Magna elimina esa definición y establece que Santa Fe “no establece religión oficial”.
Pero tampoco construye una separación absoluta o de aislamiento entre el Estado y las instituciones religiosas.
El artículo 3 habla de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad. Y dentro de esa relación menciona a la Iglesia Católica, a las iglesias y a los cultos legalmente reconocidos.
Ese detalle explica por qué la discusión fue más compleja que una simple pelea entre “Estado laico” y “Estado religioso”.
La propia discusión de la Convención estuvo atravesada por ese matiz. Desde el oficialismo se defendió la eliminación de la confesionalidad, pero al mismo tiempo se sostuvo que eso no implicaba excluir la fe de los santafesinos. Otros convencionales reclamaron un reconocimiento más amplio de las distintas congregaciones por el trabajo social que realizan.
La DAIA, por su parte, valoró la igualdad entre las religiones que derivaba de la nueva formulación.
Un cambio histórico
La reforma terminó marcando un cambio histórico respecto de 1962: Santa Fe dejó de tener una religión oficial, pero la Iglesia Católica consiguió que su presencia quedara reconocida expresamente en la nueva Constitución. No fue un detalle de redacción ni una concesión aislada: el reclamo de la Iglesia fue escuchado y terminó torciendo el rumbo de una Convención que ya había decidido avanzar hacia una fórmula más estrictamente laicista, sin mencionar a ningún credo en particular.
Entre la Constitución confesional de 1962 y la de 2025 quedaron 63 años de distancia, pero también la evidencia de que, en el tramo final de la reforma, la presión política y el peso institucional de la Iglesia lograron modificar el texto que la mayoría de los convencionales se habían propuesto aprobar.
