El “fuego amigo” del kirchnerismo sobre el presidente Fernández y su ministro Guzmán no se aplaca. El jefe de la cartera económica estuvo a un paso de irse del gobierno el fin de semana pasado, cuando el subsecretario de Energía, el kirchnerista Federico Basualdo -contrario a aumentar las tarifas más allá del 9% dispuesto para el área metropolitana- se negó a dejar su cargo, pese a las órdenes de su superior. Amparado por el Instituto Patria y La Cámpora, Basualdo permanecerá en el cargo por orden de Cristina y la resignación de Fernández.
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La vicepresidente demostró, una vez más, que es ella quien maneja los hilos del poder. Y que no cesará de hostigar al ministro de Economía hasta lograr imponer su criterio de ampliar el gasto en la emergencia. Muestra de ello fue el reciente dictamen que impuso su tropa en el Senado: de la mano de Oscar Parrilli, los senadores kirchneristas firmaron un proyecto en el que le reclaman a Guzmán no usar el futuro desembolso de 4.350 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional en el pago de la deuda con el organismo y que focalice en atender la pandemia restituyendo los planes de emergencia.
En esa misma línea, el ministro bonaerense de Desarrollo Humano, Andrés Larroque, pidió la restitución “indispensable” del IFE como ayuda a los castigados económicamente por la pandemia, lo cual resentiría aún más la política fiscal de Guzmán.
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Dentro del Frente aún no está saldada la discusión por el modelo económico. El ala kirchnerista sigue reclamando distribucionismo y Guzmán se siente obligado a hacer fiscalismo para resolver la deuda y la relación de la Argentina con el mundo. Fernández, en un intento por aplacar el malestar y dar un gesto de respaldo a Guzmán, se mostrará junto al ministro en la gira que inicia este fin de semana en Europa. La otra buena noticia para Guzmán provino de los Estados Unidos: allí 70 representantes norteamericanos pidieron que países como la Argentina no deban pagar la deuda en la pandemia.
Para salir del laberinto de las peleas internas, el fallo de la Corte Suprema, que ratificó la autonomía de la Ciudad y de las provincias para disponer sobre la educación en sus territorios y la continuidad de las clases presenciales, le dio una oportunidad al Gobierno de reflotar la guerra contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Fernández y Cristina Kirchner focalizaron su ataque en el máximo tribunal, al que calificaron de “golpista”, “opositor” y “decrépito” e incurrieron en una contradicción, entre otras: el Presidente dijo que el fallo no tiene efecto porque el DNU 241 ya no está vigente, pero al mismo tiempo aseguró que “buscó favorecer a un candidato”.
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Pero la decisión del Presidente fue redoblar la apuesta. Ordenó apurar el proyecto de ley para que el Congreso le otorgue facultades extraordinarias para combatir la pandemia y evitar cuestionamientos de futuros DNU ante la Corte. También exigió a la Ciudad y a Mendoza que obedezcan la resolución del Consejo Federal de Educación, que dispuso que en las provincias de alarma epidemiológica no puede haber clases presenciales.
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Las divisiones internas en el oficialismo son evidentes; empero, difícilmente se profundicen al punto de la ruptura mientras sienta el acecho de sus enemigos políticos.
